El calendario comienza a apretar al Gobierno para aprobar la nueva prórroga del decreto de medidas para hacer frente a la crisis económica. El paquete fue extendido por última vez el pasado mes de junio y su vigencia decae el próximo 31 de diciembre, por lo que las dos alas del Ejecutivo se encuentran ya negociando el texto que estará en vigor durante la primera mitad de 2024. No obstante, las posiciones de partida son distantes: mientras los socialistas se han abierto a revisar el impuesto a la banca, Sumar rechaza rebajar las medidas e insiste además en recuperar la prórroga automática de los contratos de alquiler durante seis meses adicionales para mitigar las subidas de precios, que el Gobierno suprimió en junio.
Las fuentes consultadas prevén que la negociación se extienda hasta la última semana del año, puesto que Sumar asegura que aún no ha recibido respuesta a la propuesta que envió hace unos días al PSOE para arrancar las conversaciones. Hasta ahora, el grueso de los intercambios ha tenido lugar públicamente: el viernes pasado, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, aseguraba que es "el momento de revisar y ver si hay que ajustar algunos los parámetros" de los impuestos sobre los beneficios extraordinarios de la banca y las empresas energéticas, mientras el sábado la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, rechazaba dar ese paso asegurando que estas grandes compañías "se están forrando".
Este lunes, tras un fin de semana de polémica, Calviño tuvo que recular y asegurar que no hay "ninguna novedad" y que el Gobierno no contempla modificar los dos gravámenes que aprobó el año pasado. Fuentes del equipo de Díaz dan esta batalla por ganada y recuerdan que, además, el propio diseño de los impuestos ya establecía que su aplicación iba a extenderse hasta 2024, por lo que un cambio en este plan requeriría una reforma legal que pasar por el Congreso. Y, sin el voto favorable de Sumar a ese cambio, así como con el más que previsible rechazo de partidos como ERC o EH Bildu, el PSOE solo podría retocar los gravámenes de la mano del PP, algo que parece imposible.
No obstante, más allá de que ese asunto parece zanjado, la negociación sobre el resto del decreto está muy verde pese a lo apretado de los tiempos. Por ello, este lunes Sumar quiso elevar la presión al PSOE haciendo públicas sus propuestas para el nuevo paquete de medidas, que básicamente buscan mantener la inmensa mayoría de las ayudas que decaen el 31 de diciembre. La principal de las nuevas medidas que Sumar reclama incluir en el decreto es la prórroga automática de todos los contratos de alquiler que venzan en los próximos seis meses, una norma que estuvo vigente hasta el pasado junio y a la que podían acogerse todos los inquilinos sin que los caseros pudieran negarse a extender el contrato durante medio año al mismo precio.
El PSOE mantiene la incógnita
Con respecto a esta iniciativa, en el ala socialista optan por guardarse sus cartas. Con alta probabilidad, será el propio presidente Pedro Sánchez quien presente el nuevo paquete de medidas anticrisis en la ya tradicional rueda de prensa sobre el balance de su actuación que ofrecerá la próxima semana. Hasta entonces, cunde la discreción y las negociaciones continúan, y fuentes gubernamentales se limitan a señalar que la recuperación de la prórroga automática de los alquileres en el decreto "siempre ha estado sobre la mesa".
Es la misma respuesta que se daba hace semanas cuando se preguntaba por otra de las medidas incluidas en el paquete y que prohíbe los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Este punto está incluido en la ley de vivienda aprobada la pasada legislatura, aunque todavía falta que se desarrollen los mecanismos para, como recoge el articulado, "dar respuesta y acompañamiento, en coordinación con los servicios sociales y entidades del tercer sector, a las personas y familias con menos recursos, evitando desahucios en situaciones de vulnerabilidad".
Menos suerte podrían correr otras medidas. Sobre todo, las que más cuestan a las arcas públicas. De hecho, desde Hacienda ya han ido preparando el terreno para la retirada de algunas ayudas. "La UE ha ido aconsejando ir retirando medidas de estímulo", recordó la vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero, a finales de la semana pasada. En el alambre están las rebajas en el impuesto especial sobre la electricidad y en el IVA. No obstante, la intención del PSOE es "apurar hasta el último euro" el margen fiscal. En este sentido, Sánchez ya avanzó hace un mes, en su sesión de investidura, que se prorrogarían las ayudas al transporte para jóvenes y parados o la bajada del IVA de los alimentos, medida que continuará hasta junio de 2024.
Sumar, no obstante, exige que la retirada de algunas medidas sea "gradual" para evitar sobresaltos económicos, y fuentes de la formación aseguran que un recorte brusco de las ayudas podría provocar un bajón en el crecimiento de entre un punto y un punto y medio del PIB, es decir, de aproximadamente 10.000 o 15.000 millones de euros. La formación apuesta, por ejemplo, por mantener la rebaja del IVA en los alimentos de primera necesidad, la electricidad y el gas, así como los topes establecidos al precio de la bombona de butano. Y propone, para generar ingresos, recuperar el impuesto especial sobre la electricidad únicamente para las empresas y mantenerlo en el actual 0,5% para los hogares.
La coalición que lidera Yolanda Díaz plantea, además, poner en marcha una nueva medida a partir de enero: la conocida como "portabilidad de las hipotecas". La idea de Sumar es aplicar a los préstamos hipotecarios el modelo de la portabilidad telefónica —por la cual un cliente puede cambiar fácilmente de una compañía a otra sin perder su número y sin coste— con el fin de promover el cambio de los créditos a tipo variable por otros a tipo fijo. Para ello, se obligaría a que las entidades de crédito publiquen en la CNMC sus ofertas de crédito hipotecario y los perfiles asociados para que cada cliente pueda decidir optar al que se ajuste mejor a sus características y posibilidades.
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