Los bancos no podrán cobrar comisiones por retiradas de efectivo en ventanilla bancaria a los mayores de 65 años y a las personas con discapacidad a partir del año que viene. Así lo ha comunicado este lunes la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, tras reunirse con las principales patronales bancarias y asociaciones de usuarios financieros del país. Esta medida se pondrá en marcha antes de que finalice 2023, según ha informado la vicepresidenta. "Se elimina este elemento de intranquilidad. Buena parte de entidades financieras ya ha adoptado voluntariamente la medida", ha añadido.
Además, el Ejecutivo extenderá también a 2024 la gratuidad de los cambios de hipotecas variables a tipo fijo. Esta posibilidad, introducida por primera vez este 2023, se ampliará para que incluya también a los préstamos a tipo mixto. Este tipo de hipotecas, que tienen un tramo de amortización a tipo fijo y otro a variable, se han convertido en una fórmula muy popular tras las fuertes subidas del euríbor que se han registrado desde finales de 2022. Sin embargo, los cambios de variable a mixto no estaban protegidos hasta ahora por el paraguas de la gratuidad. De igual modo, el Ejecutivo ha informado de que la comisión máxima que se podrá cobrar a partir de 2025 para los cambios a tipo variable estará limitada a un máximo del 0,05%. Una medida que se extenderá indefinidamente. Tanto el fin de las comisiones por retiradas de efectivo en ventanilla como la gratuidad de las subrogaciones hipotecarias se aprobarán por real decreto, confirman fuentes gubernamentales.
Junto a estas dos medidas, el Gobierno ha anunciado que ampliará el código de buenas prácticas hipotecarias para las familias con préstamos a tipo variable que se han visto afectadas por la fuerte escalada del euríbor vivida en los últimos meses. De tal forma que el alivio hipotecario alcanzará también a las familias de hasta 37.800 euros brutos anuales de renta, tal y como el PSOE y Sumar habían pactado en su acuerdo para gobernar en coalición.
Hasta ahora, el límite de ingresos para poder acceder a esta medida -que permite la congelación de cuotas durante 12 meses o la ampliación de la vida de los préstamos hasta siete años- se limitaba a los hogares 29.400 euros de renta. Tras la ampliación, el universo potencial de familias que podrán acceder a este alivio aumentará en unos 100.000 hogares, según ha detallado la vicepresidenta. El Ejecutivo cifró en un primer momento en un millón el número de beneficiarios potenciales, una cifra que posteriormente el Banco de España rebajó hasta 549.000.
La vicepresidenta primera, que saldrá del Gobierno en las próximas semanas rumbo al Banco Europeo de Inversiones, ha justificado la ampliación del umbral de renta en que en esos rangos de ingresos hay mayor porcentaje de población hipotecada. Banca y Gobierno han coincidido también en que la situación económica es mejor de lo que se pensaba cuando se puso en marcha el paquete de alivio hipotecario y que no ven riesgo macrofinanciero en el ámbito hipotecario. Esa perspectiva de mantenimiento de la morosidad en los niveles bajos actuales es una de las razones que hace que el acuerdo con la banca sea viable.
Además de este código de buenas prácticas, que el Ejecutivo introdujo como novedad el año pasado ante el fuerte encarecimiento de las cuotas hipotecarias variables, sigue en vigor el código de buenas prácticas originario que puso en marcha durante el gobierno de Mariano Rajoy. Este primer código fue reformado por el Ejecutivo durante la legislatura pasada para ampliar el alcance y flexibilizar los requisitos.
Hasta el momento, los bancos han recibido un total de 55.000 solicitudes de alivio hipotecario, de las cuales la vicepresidenta no ha precisado cuántas se han tramitado, aprobado o rechazado. Las últimas cifras publicadas por el Banco de España en octubre señalaban que solo se habían aprobado un 9% de las peticiones presentadas, el 40% habían sido rechazadas y la mitad restante estaba todavía pendiente de evaluación.
La adhesión al código es voluntaria, aunque prácticamente todos los bancos lo han suscrito hasta ahora. En este sentido, la patronal AEB, que representa a entidades como Banco Santander, BBVA o Sabadell, no ha confirmado que sus asociados van a suscribir el código, pero sí ha manifestado que "estarán a la altura". Desde la AEB no ven estrictamente necesario que se aumente el umbral de elegibilidad, dado que la situación económica ha mejorado. En todo caso, han solicitado a la vicepresidenta que el nuevo marco sea "seguro, predecible y estable". "Es importante que no sufra nuevas modificaciones", han añadido.
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