Un ciudadano británico residente en Benidorm ha sido condenado por la Audiencia de Alicante a penas que suman 133 años de cárcel. El procesado ha sido declarado autor de varios delitos de distribución y producción de pornografía infantil, de ciberacoso, de corrupción de menores e, incluso, de abusos sexuales cometidos sobre menores que aparecían en algunos de esos vídeos.
No obstante, la resolución establece que la condena no superará el triple del tiempo impuesto por la pena más grave. Por tanto, la privación de libertad, en este caso, queda fijada en 20 años. La comisión de esos delitos se habría producido entre 2019 y 2020, cuando el acusado compartió en un foro de pornografía infantil diferentes imágenes de menores desnudos o realizando prácticas sexuales.
De acuerdo con el escrito de acusación, el procesado se puso en contacto con 27 menores a los que propuso que se exhibieran desnudos o masturbándose y logró que 13 de ellos accediesen a sus peticiones. La Fiscalía solicitó inicialmente que se le impusiese una condena por un total de 211 años y medio de prisión.
Por su parte, el procesado negó en el juicio haber grabado los vídeos almacenados en dos discos duros y en un teléfono móvil incautados durante el registro de su domicilio, en el municipio de Benidorm.
"Para consumo propio"
El condenado asumió parcialmente los hechos al reconocer que disponía de vídeos e imágenes de contenido pedófilo tras habérselos descargados de la red oscura "para consumo propio". En otros casos, según manifestó, ese material se lo remitían terceros a través de correo electrónico o de la aplicación para teléfonos inteligentes Telegram.
También negó haber distribuido ese material a través de internet y haber captado a los jóvenes que aparecían en las imágenes para extorsionarlos a grabar esos vídeos. Con todo, el tribunal no da credibilidad a su testimonio al incidir en que, en sus declaraciones previas ante el juzgado, sí había asumido la autoría de gran parte de los hechos por los que se le sometía a juicio.
Además, la Audiencia de Alicante expone que la autoría de los hechos quedaría demostrada por el abundante material probatorio reflejado en los informes de los discos duros hallados en su domicilio y en el registro de su navegación por internet que el acusado reconoció haber utilizado.
Al margen del cumplimiento de los 20 años de cárcel como pena máxima, el fallo establece que el acusado deberá indemnizar a tres de los menores sobre los que cometió abusos en la cantidad de 6.000 euros por cada uno de ellos.
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