El Gobierno intenta defenderse de las acusaciones del PP a la decisión de PSOE y Junts de incluir un mediador internacional en sus reuniones, la primera de las cuales tuvo lugar en Ginebra (Suiza) el pasado fin de semana. Y Sumar, en concreto, se desmarca de esta figura y recuerda que el verificador en ningún caso tendrá como misión interceder en las políticas del Ejecutivo: así lo afirmó este lunes la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que además denunció que el PP "está secuestrado por Vox" y por el expresidente José María Aznar.
Díaz hizo esta afirmación en una entrevista en La Sexta, en el que fue preguntada por si comparte la necesidad de que un verificador asista a las reuniones entre PSOE y Junts para dar fe de lo allí hablado y acordado. Esta fue una condición irrenunciable de la formación independentista catalana para suscribir un acuerdo con los socialistas para la investidura de Pedro Sánchez, y hace unos días se confirmó que el verificador sería el diplomático salvadoreño Francisco Galindo, que este fin de semana asistió ya a ambos partidos en un primer encuentro que fue de carácter técnico y que sirvió, básicamente, para definir la metodología de trabajo de la negociación, según aseguraron las formaciones.
La elección de Galindo y, en general, la presencia de una figura que sirva como verificador internacional de las conversaciones ha sido criticada con mucha dureza por la oposición. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la calificó directamente de "humillación" este fin de semana, cuando denunció que sea "un experto en guerrillas latinoamericanas" de nacionalidad salvadoreña "tenga que decir cómo España trata a una de sus comunidades autónomas". En realidad, la misión del verificador, según el PSOE, tiene más que ver con la supervisión de las negociaciones, y Galindo no jugará un papel decisorio.
Ante las críticas de Feijóo —así como de otros dirigentes del PP, como la líder madrileña Isabel Díaz Ayuso—, Sánchez argumentó este lunes que "se trata de tener a alguien que facilite ese proceso de negociación en el que ojalá podamos llegar a acuerdos porque eso será bueno para el conjunto de la sociedad catalana y española". Pero Díaz evitó defender la figura del verificador y se limitó a asegurar que su presencia "es un acuerdo entre el PSOE y Junts" e insistió en que "no es el Gobierno el que tiene un intermediario en una reunión" ni "ha nombrado un mediador en la gestión del país".
"Se trata únicamente de dos formaciones que acuerdan una serie de condiciones, igual que legítimamente el PP ha decidido reunirse de tapadillo con Junts", deslizó igualmente la vicepresidenta, que también dejó caer que ella habla "de manera transparente con todos los partidos" con los que mantiene encuentros. Fuentes de Sumar, no obstante, aseguran que Díaz no pretendía evitar una imagen de respaldo a Sánchez, sino únicamente responder a las críticas de la derecha sobre la supuesta tutela del poder ejecutivo en España por parte de un cargo no electo.
"Lo que afecta a España se decide en el Congreso"
Aún más claro que Díaz fue Íñigo Errejón, diputado de Sumar, que aseguró que la figura del verificador únicamente "incumbe" a PSOE y Junts, que son los partidos que han "decidido" que la presencia de una persona "externa" a la negociación era necesaria para que estas conversaciones llegaran a buen puerto. "Los acuerdos que afectan a España, los que se convierten en leyes, se deciden en el Congreso con luz y taquígrafos, y esos no incumben solo a dos partidos, sino que necesitan a muchos partidos y muchos grupos", afirmó Errejón.
Este distanciamiento de la decisión de incluir un verificador en las reuniones con los independentistas, no obstante, no implica que Sumar haya dejado de apoyar la puesta en marcha de la ley de amnistía para los implicados en el procés catalán. "Para Sumar, los pasos que hemos dado son correctos" y la aprobación de una medida de gracia "para la resolución del conflicto catalán es buena en sí misma", señaló Errejón, que afirmó que "hay veces que hay que tomar decisiones guiadas por la convicción y pensando en el futuro más que en los estudios de opinión y en las encuestas".
Pese a que su apoyo político a la medida sigue intacto, no es la primera vez que, en los últimos meses, Sumar trata de escenificar algo de distancia con la amnistía. En la recta final de las negociaciones para la formación de Gobierno, Díaz y los suyos variaron su estrategia —inicialmente muy volcada precisamente en defender la medida— y dejaron en un segundo plano la amnistía para centrarse en reivindicar y defender medidas sociales, un asunto en el que Sumar se siente mucho más cómodo.
Algunos sectores de la alianza —y no solo de los habitualmente enfrentados con Díaz, como Podemos— criticaron entonces en privado que Sumar había asumido un protagonismo excesivo en un tema, el territorial, que siempre genera tensiones.
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