Habrá dos mesas y, "en principio", dos verificadores: uno con Junts, el salvadoreño Francisco Galindo, y otro con ERC cuya identidad no se conoce. Así lo ha explicado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en la que ha defendido la aplicación de la amnistía -que "pone el contador a cero, pero no la memoria"- pese a que no sería su opción actual y ha criticado a la "derecha política" al recordar que el Gobierno de José María Aznar se reunió con ETA. Todo ello para tratar de justificar los encuentros que el PSOE ha comenzado a mantener con Junts en Ginebra.
"Se trata de tener a alguien que facilite ese proceso de negociación en el que ojalá podamos llegar a acuerdos porque eso será bueno para el conjunto de la sociedad catalana y española", ha lanzado el jefe del Ejecutivo, que ha recordado que en los acuerdos con los partidos independentistas se firmó la aceptación del "acompañante", pese a que los socialistas eran reticentes a aceptarlo como también lo eran a reunirse fuera de España.
El presidente ha asegurado que "en principio" no será la misma persona la que supervise las conversaciones con Junts y con ERC. En el primer caso, el sábado ambas formaciones pactaron que ese trabajo lo llevase a cabo Fernando Galindo, que fue representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Francia, Colombia, México y Egipto y representante regional adjunto para México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba y Belice entre 1987 y 2008. Sobre quién ejercerá de verificador con los republicanos aún no hay noticias.
Sánchez también ha declarado que su aspiración es sentar en la misma mesa a Junts y a Esquerra Republicana porque "hablamos de un problema político con dos partes afectadas", pero ha reconocido que de momento es un imposible. "Es muy prematuro, está muy verde", ha apuntado antes de insistir en que de momento la interlocución se llevará a cabo "con ambas formaciones políticas en distintas mesas".
En este contexto, el PSOE y Junts comenzaron sus negociaciones para desarrollar el pacto de Gobierno que firmaron el pasado mes de noviembre para investir a Sánchez el sábado en Ginebra. Sánchez ha reconocido que se realizó fuera de España por la situación procesal de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat ahora fugado de la Justicia, y ha avanzado que también habrá encuentros en el territorio nacional. "Vamos a reunirnos en Ginebra y España, tendremos muchas reuniones para restaurar los puentes que el PP rompió el aciago año 2017", ha añadido.
Sobre este encuentro, ha rechazado las críticas sobre el secretismo, pese a que él mismo sembrase dudas el jueves sobre dónde se realizaría y no se conociera previamente quién ejercería como mediador y pese a que lo que se está negociando "es lo que está en los acuerdos". "Todos los acuerdos tanto con ERC como Junts son públicos", ha defendido. Asimismo, el presidente también ha acusado a la "derecha política busca cualquier excusa para obstaculizar propósitos nobles", como la "convivencia o la superación de un contencioso territorial" y ha recordado los encuentros de Aznar con ETA para justificar las reuniones con Puigdemont en Ginebra. "El Gobierno de Aznar, que no partido, se reunió con una banda terrorista para resolver una violencia que dañaba nuestra democracia", ha apuntado en la entrevista en la Cadena SER.
Con todo, el jefe del Ejecutivo ha defendido que la amnistía era un paso "que se iba a tener que dar antes o después" y ha asegurado que será beneficiosa para "el conjunto de la sociedad española", de la que ha dicho entender sus dudas. "Creo que todos debemos extraer lecciones de lo acontecido y sufrido durante esa década y, particularmente, del año 2017. Es poner el contador a cero, pero no la memoria a cero", ha añadido. Sánchez, además, ha vuelto a hacer hincapié en que otro de los motivos por los que se aplicará la medida de gracia, ley que mañana será admitida a trámite por la mesa del Congreso de los Diputados, es lo que ha evitado que haya un Gobierno de PP y Vox, para los que ha tenido duras críticas por sus acusaciones de "golpe de Estado" o de que el presidente tiene "alguna enfermedad mental".
Asimismo, Sánchez ha criticado al PP por mantener bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos vocales cumplen este lunes cinco años con su mandato caducado. Para el presidente, es el caso "más paradigmático" de lawfare, el concepto jurídico que no está en la ley de amnistía pero sí en el acuerdo político firmado con Junts que levantó muchas críticas en el sector judicial.
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