El recurso que ha presentado la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Supremo en contra de algunas disposiciones del plan hidrológico del Tajo ha vuelto a poner en la picota a los nuevos planes de gestión de los ríos que el Gobierno aprobó en marzo y que estarán vigentes hasta 2027. La principal novedad es el establecimiento de unos "caudales ecológicos", un mínimo de agua que deberá discurrir por el río y que no podrá utilizarse para ningún uso, ni siquiera en situaciones normales, para el abastecimiento humano. Esta medida responde al objetivo de hacer un uso "racional y eficiente del agua" mediante una ley en la que el Ministerio de Transición Ecológica se atribuye la última palabra sobre el desembalse u otros movimiento de aguas.
Como ocurre en los planes hidrológicos del resto de ríos, el Ministerio trató que el nuevo ciclo de gestión los adaptara al menor volumen de agua debido al cambio climático, que no solo reduce la disponibilidad en el tramo nacional, también en el que discurre por Portugal. Así, la demanda total de agua en la demarcación del Tajo en España era en 2021 de 3.522 hectómetros cúbicos a año y estima que para 2039 factores como el aumento de la población elevará la demanda anual a los 3.612 hectómetros cúbicos, al mismo tiempo que se reducirá la disponibilidad de agua una media de 16% debido al "efecto del cambio climático". También llegará menos agua del Tajo desde Portugal porque está previsto que las aportaciones desde el embalse de Cedillo, en la frontera, se reduzcan de alrededor 8.500 hectómetros cúbicos al año a 2.700 garantizados mediante el Convenio de Albufeira firmado por los gobiernos español y portugués.
Caudales ecológicos
Ante la evidencia de que la demanda de agua crecerá, pero no su disponibilidad, que disminuirá debido a fenómenos vinculados al cambio climático, el actual ciclo de planes hidrológicos introdujo como novedad la obligación de que las cuencas -o al menos la mayoría- respetaran obligatoriamente un caudal mínimo, una cantidad de agua que no podría utilizarse para ningún uso.
Agua para beber
Los caudales ecológicos son una "restricción previa" del uso del agua, de modo que primero debe determinarse la cantidad de agua que no puede ser utilizada, que debe permanecer en el cauce, y, a partir de ahí, distribuirla para otros usos, empezando por el prioritario, que es el abastecimiento humano.
Esto quiere decir que, en situaciones no extraordinarias, deben discurrir por el Tajo a su paso por Aranjuez siete hm3 en 2023, ocho en 2026 y 8,65 en 2027 que no pueden tocarse, tampoco para abastecer a la población. Ecologistas en Acción las consideran "cantidades irrisorias" y aseguran que no ponen en riesgo la disponibilidad de agua para beber. "El abastecimiento en Madrid está de sobra garantizado", asegura Raúl Urtiaga, de Ecologistas en Acción Comunidad de Madrid.
Solo en caso de que la situación fuera extraordinaria, de sequía extrema, este orden se revertiría y el agua del Tajo se utilizaría para el abastecimiento humano en primer lugar y después para el caudal ecológico. Por detrás quedarían el resto de usos con una jerarquía establecido por ley, agrícolas, industriales y recreativos. Esto es así debido a otra novedad que introducen los nuevos planes de cuenca, que se vinculan con los Planes Especiales de Sequía.
Fuera de la cuenca del Tajo, el caudal ecológico tendrá efectos en otras, puesto que, a medida que aumente la cantidad de agua exenta de ser utilizada, reducirá la cantidad trasvasada al río Segura a partir de 2025.
Seguimiento mensual desde el Ministerio
Para tomar todas estas decisiones, el Ministerio de Transición Ecológica se atribuye ahora un papel para controlar de forma más exaustiva trasvases, desembalses y otros movimientos de agua que quieran hacer gestores como en Canal Isabel II.
En los planes anteriores, se requería una autorización genérica de las transferencias de agua entre distintos sistemas de autorización, en función de determinados volúmenes anuales y sin atender al estado de las reservas o el estado de los ríos.
Ahora, será cada Confederación Hidrográfica, en este caso del Tajo, "condicionar la autorización" de los distintos aprovechamientos del agua. "Al objeto de velar por un aprovechamiento racional y eficiente del agua y por la utilización coordinada de los recursos hídricos evitando derivaciones excesivas (...), los volúmenes que se puedan movilizar en cada período concreto entre embalses de diferentes sistemas de explotación requerirán de previa autorización del organismo de cuenca otorgada a favor del titular de la concesión", dice la ley, que explicita que "la solicitud deberá producirse con una antelación mínima de 1 mes respecto e la fecha prevista para el comienzo del trasvase" y que el organismo de cuenca tendrá que resolver en 15 días.
Inversiones en depuradoras
El plan del Tajo hasta 2027 prevé inversiones por 3.780 millones para financiar 645 medidas, la mayoría relacionadas con la depuración de aguas, que suponen el 51%, es decir, 2.087 millones, que desembolsarán a partes iguales comunidades y ayuntamientos por una parte y el Gobierno central, cuando las obras hayan sido declaradas de interés general.
De esos más de 2.000 millones en depuradoras para el agua de la cuenca del Tajo, una buena parte -898 millones- se quedarán en la Comunidad de Madrid. El plan prevé mejorar el saneamiento y la depuración en las depuradoras de La China, Butarque y Sur, que financiará el Gobierno central, para tratar las aguas afectadas por los vertidos al río Manzanares que también condicionan la calidad del agua de Jarama.
Comunidades y regantes en pie de guerra
La posibilidad de restringir el uso del agua y, sobre todo, la perspectiva de que esto vaya a suponer una disminución de la que a partir de 2025 llegue al área mediterránea, puso en pide de guerra a los regantes y los gobiernos autonómicos de la Comunitat Valenciana -entonces gobernada por el PSOE-, Murcia y Andalucía. En enero se concentraron ante el Ministerio de Transición Ecológica, aunque no lograron modificar los planes de cuenca.
A día de hoy, los regantes que necesitan el trasvase Tajo-Segura siguen descontentos con el nuevo plan de cuenca, que calculan que reducen la disponibilidad de agua una media del 16% y afirman que obedecen a "criterios políticos" en lugar de "técnicos" o "científicos".
A ellos se suma ahora la Comunidad de Madrid, en una demanda ante el Supremo que no cuestiona la creación de caudales ecológicos -"comparte plenamente la necesidad de contar con unos caudales ecológicos que permitan garantizar la protección de los recursos hídricos y del ecosistema ambiental", dice el texto- pero sí su determinación "de forma caprichosa" y sin "respaldo técnico". También impugna que el Ministerio tenga la última palabra sobre los trasvases que pueden o no hacerse.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acusa al Gobierno de querer "asediar" su territorio por medio del agua y que ha presentado un recurso que Ribera ha calificado de "ocurrencia".
Page satisfecho y ecologistas decepcionados
Entre los presidentes autonómicos, el castellanomanchego Emiliano García Page, quedó especialmente satisfecho con el nuevo plan de cuenca del Tajo porque daba respuesta a una reivindicación de años de su territorio de que el Gobierno cumpliera con hasta cinco sentencias del Tribunal Supremo que le obligaba a fijar caudales ecológicos en todas las cuencas.
Hasta ahora, solo es había determinado para un 5% de los ríos de la demarcación del Tajo y, como en el caso del río a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina era un mínimo constante pero no ecológico y sin justificación. Con el nuevo ciclo, el Ministerio pasa a establecer más mínimos ecológicos, pero sigue sin hacerlo en todos los ríos, para decepción de los ecologistas.
Ecologistas en Acción es uno de ellos y ve "insuficiente" que los nuevos planes todavía se dejen fuera algunos ríos. "Ha sido bastante decepcionante porque la sentencia del Tribunal Supremo obliga a establecerlos", insiste Urtiaga. "No podemos estar contentos".
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