Los contactos entre el PSOE y Junts se han enfriado después de que este viernes haya terminado sin acuerdo una nueva reunión en Bruselas entre el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el expresidente catalán, Carles Puigdemont.

La formación independentista está vendiendo muy caro su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez y sigue sin dar por cerrado el acuerdo, ya que mantiene discrepancias con el PSOE sobre el alcance de la amnistía y su redactado, empezando por la exposición de motivos.

"El problema está en cómo se aborda la amnistía y el motivo por el que se otorga", han precisado fuentes de Junts, que advierten que Puigdemont no está dispuesto a ceder en determinadas cuestiones, con lo que alejan la posibilidad de un acuerdo inminente con el PSOE y de que se pueda celebrar un pleno de investidura la semana que viene.

Fuentes de Junts también han deslizado que una de las cuestiones que separa a las dos partes es la posibilidad de que la presidenta de Junts, Laura Borràs, se incluya en la amnistía, algo a lo que los socialistas se oponen. También se negocia la inclusión del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, en esa amnistía.

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Mientras tanto, la Audiencia Nacional ha confirmado este viernes la apertura de juicio oral contra doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) por presuntos delitos de pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista. 

Además, la Guardia Civil ha remitido un informe también a la Audiencia Nacional en el que acusa a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, de realizar "cometidos de coordinación" del movimiento Tsunami Democràtic, surgido en 2019 para protestar contra la sentencia del procés, sobre todo en relación a la "búsqueda de apoyos institucionales y de su partido político".

Por su parte, desde Sumar han señalado que la figura del relator internacional que reclama Junts para verificar el cumplimiento de los acuerdos sobre la ley de amnistía es uno de los flecos que está complicando las negociaciones en estas últimas horas.

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Fuentes de la formación admiten, además, que la pugna entre ERC y Junts y el hecho de que los republicanos catalanes escenificaran este jueves el acuerdo con el PSOE se ha metido de por medio en esta recta final, lo que aleja las expectativas de que este mismo viernes la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pueda anunciar la fecha de la investidura de Sánchez para la semana que viene. 

A pesar del distanciamiento con Junts, el presidente en funciones ha votado telemáticamente este viernes en la consulta a la militancia convocada por su partido para pronunciarse sobre los pactos de investidura y ha animado a participar "en este proceso libre y democrático".

"Acabo de votar en la consulta a la militancia para un nuevo Gobierno de coalición progresista. Os animo a participar en este proceso libre y democrático. Si no lo has hecho telemáticamente, mañana puedes votar de manera presencial en tu agrupación. Porque en el PSOE decidimos entre todas y todos", ha escrito en su cuenta de Twitter.

García-Page: "Puigdemont quiere humillar al Estado"

Mientras las negociaciones con Junts se atascan, dentro del PSOE surgen voces críticas con las exigencias de Puigdemont, entre ellas la del presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, quien ha asegurado que el expresidente catalán "tiene intención de humillar al Estado todo lo que pueda".

Asimismo, García-Page también se ha mostrado crítico con la futura ley de amnistía: "Lo que hicieron es un atropello constitucional de enorme gravedad que nos ha traído consecuencias de todo tipo. Y lo que buscan no es siquiera poder volver a pasear por las calles, algo que humanamente todos lo podemos entender, sino que buscan volver a otro atropello constitucional porque quieren acabar con la Constitución".

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Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que su partido está analizando la respuesta del partido ante "las cesiones del PSOE al independentismo a costa de todos los españoles". Según ha recalcado, "los derechos de los españoles deben ser protegidos" y ha adelantado que si se aprueba la Ley de Amnistía que el PSOE negocia con los independentistas, la recurrirá "ante el Tribunal Constitucional". 

En la misma línea, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado a Sánchez de romper "el principio de igualdad de los españoles" al ceder ante los nacionalistas. "No es una ley de amnistía, sino una ley de impunidad para aquellos que tienen siete votos. Alguien que quiere ser presidente del Gobierno no debería de cruzar esa línea de inmoralidad", ha añadido.