La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado este viernes la apertura de juicio oral contra doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) por presuntos delitos de pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista. La Sala ha rechazado los recursos de la defensa de los procesados y el sobreseimiento de la causa peticionado por tres de ellos.
Todo ello mientras el PSOE y Junts ultiman las negociaciones para la investidura de Sánchez, encallada por los desencuentros entre ambos en lo que respecta al alcance de la amnistía, que podría beneficiar tanto a los CDR como a los investigados de la plataforma Tsunami Democràtic.
El juicio abordará actividades presuntamente terroristas realizadas en 2019 por una facción radical de los CDR denominada 'Equipo de Respuesta Táctica'. Ese mismo año, la Guardia Civil desmanteló a esta supuesta célula terrorista y el juez instructor Manuel García Castellón inició sus pesquisas.
Tras años de investigación, la Audiencia dictó providencia el pasado 19 de mayo y la Fiscalía se mostró conforme con las conclusiones del sumario e interesó la apertura de juicio oral, pero la defensa de Ferrán Jolís Guardiola, uno de los procesados, solicitó el sobreseimiento libre y el archivo de la causa. Los argumentos de la defensa, que aseguró que no había "indicios" de que Solís haya cometido un delito de pertenencia a organización terrorista, han sido desestimados por la Sala de lo Penal.
La defensa de otro de los procesados, Rafael Joaquín Delgado, solicitó la revocación del auto de conclusión del sumario, reclamando que se practicaran nuevas "diligencias de prueba". La defensa de un tercer procesado, Queralt Casoliva, solicitó la revocación del auto, como también lo hicieron las defensas de Eduardo Garzón, Jordi Ros Solá, Sonia Pascual, Eshter García Canet y Germinal Tomás.
Finalmente, el 13 de octubre, la defensa de David Budría y Clara Borrego interesó "la conclusión del sumario y el sobreseimiento libre de las actuaciones" al entender que no había "ninguna prueba objetiva" de la que inferir la pertenencia a banda terrorista. Los únicos que se abstuvieron de responder fueron Alexis Codina y Xavier Buigas.
Según el auto de la Sala de lo Penal, "no existe la posibilidad" de suspender el procedimiento, como exigen algunos de los procesados. En todo caso, la suspensión no tiene cabida cuando "las razones invocadas por las partes" que la reclaman se refieren al contenido de la instrucción.
El auto rechaza igualmente la solicitud de revocación del auto de conclusión del sumario, presentada por algunas defensas que solicitaron paralelamente que se practicasen nuevas diligencias. Por tanto, la Sala de lo Penal ha acordado la apertura del juicio oral contra los doce individuos, una decisión ante la que cabe presentar un recurso de súplica en el plazo de tres día.
La 'operación Judas'
La 'operación Judas' fue el operativo que llevó a la detención de una serie de supuestos implicados en una organización que pretendía realizar varios atentados en octubre de 2019, el 'Equipo de Respuesta Táctica'. La Guardia Civil desarticuló la célula, a la que llevaba más de un año siguiendo la pista, el 23 de septiembre de 2019 y la Audiencia Nacional comenzó a investigar a doce individuos por su presunta pertenencia a una banda terrorista.
No solo pretendían -según las investigaciones del juez Manuel García Castellón, instructor de la causa- encerrarse en el Parlament de Cataluña, sino que habrían planeado atentados contra objetivos sensibles a los que habían vigilado. Habían estudiado las localizaciones de los pretendidos ataques terroristas y adquirido o fabricado explosivos y material inflamable. Formaban parte de "una organización terrorista de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados", tal y como señaló el juez.
De acuerdo con las conclusiones de García Castellón, el objetivo de estos individuos era cometer una serie de actos violentos como respuesta a la sentencia del procés y ante el segundo aniversario del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017.
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