Al reloj electoral se le van acabando las horas. Queda menos de un mes para que las Cortes Generales se disuelvan y se convoque una repetición de elecciones para el próximo 14 de enero, si Pedro Sánchez no lo evita antes. Él se muestra optimista en cada intervención pública y sus acólitos dejan caer que todo se precipitará en los próximos días. Una vez cerrado el pacto de coalición con Sumar, el resto de acuerdos irán anunciándose "en cascada" y, de hecho, algunas fuentes socialistas ya afirman que está "todo atado". Y el sello que tendrá cada documento será el del PSOE, no el de la coalición de partidos de Díaz, que en las últimas semanas ha dejado en un segundo plano su defensa de la amnistía —pese a que la sigue apoyando— y ha intentado reforzar su perfil social para no evitar que su posición ante los socialistas quede debilitada.
Para muestra, los discursos tanto de Sánchez como Díaz este fin de semana. Por fin, el presidente en funciones habló abiertamente de la amnistía. Y no sólo eso, sino que la defendió y la justificó ante los suyos como la "única vía" para formar Gobierno y evitar a "la derecha y la ultraderecha". Por su parte, la vicepresidenta segunda se afanó en ensalzar el pacto firmado con el PSOE para reeditar la coalición, el cual, según dijo, "sirve para colocar la vida de los trabajadores en el centro, como una nueva forma de construcción social", y para "seguir ganando derechos en España".
Como fuerza mayoritaria dentro de la nueva "mayoría progresista" —que en esta ocasión deberá integrar a Junts—, los socialistas han sido quienes han llevado la tutela de las negociaciones durante estos meses. De ellos, tres nombres destacan por encima del resto. Sin contar al propio presidente en funciones, son los de María Jesús Montero, ministra de Hacienda y número dos del PSOE; Félix Bolaños, titular de Presidencia y hombre de confianza del jefe del Ejecutivo; y Santos Cerdán, sin cargo ministerial pero sí en el partido —es el número tres—. La comisión negociadora del PSOE está formada por otros nombres, pero son ellos quienes tienen los galones. De hecho, al menos uno de ellos estaba presente en las reuniones con los partidos que realizó el secretario general de los socialistas en el Congreso de los Diputados.
Fuentes socialistas cercanas a las negociaciones afirman que tras cerrar el acuerdo programático, Sumar tiene ya poco margen de actuación. Volverá a tener protagonismo cuando se decida el número de carteras, cuántas recaen en cada formación y qué nombres son los elegidos. Pero antes de eso hay una tarea más importante: ir cerrando el resto de acuerdos. Así las cosas, los socialistas deberán hacerse la foto con PNV, EH Bildu y BNG. También, con los independentistas catalanes. De ellos, ERC apenas tiene contacto con Díaz, con quien la relación es muy fría. Por el contrario, el negociador de Sumar para la amnistía, Jaume Asens, tiene línea directa con Junts, si bien la formación de Carles Puigdemont es consciente de que el acuerdo final deberá firmarlo con Sánchez.
Por su parte, fuentes de Sumar asumen que, en esta recta final de la negociación sobre la amnistía, será el PSOE el que asumirá el papel protagonista. No obstante, estas fuentes aseguran que Yolanda Díaz y su entorno siguen en contacto con Junts y pendientes de las conversaciones, y sostienen que su rol ahora será el de intermediarios entre las posiciones maximalistas de Puigdemont y las de los socialistas, que se han abierto a la medida de gracia únicamente porque necesitan a Junts para seguir gobernando y cuya posición de partida está mucho más alejada de la de los independentistas que la de Sumar.
Sumar da voluntariamente un paso atrás
También es verdad, sin embargo, que Díaz y los suyos han variado su estrategia en las últimas semanas y han dejado en un segundo plano la negociación sobre la amnistía para centrarse en reivindicar y defender medidas sociales, un asunto en el que Sumar se siente mucho más cómodo.
Algunos sectores de la alianza —y no solo de los habitualmente enfrentados con Díaz, como Podemos— consideran que Sumar había asumido un protagonismo excesivo en un tema, el territorial, que siempre genera tensiones. Y buena prueba de este viraje es que Asens lleva sin ser entrevistado desde el pasado día 11 de octubre y que el acuerdo programático con el PSOE cerrado hace unos días no hace mención alguna a la amnistía.
Otras fuentes de la coalición afirman, además, que el grueso de la negociación con los independentistas catalanes ya se ha abordado, porque las opciones jurídicas para llevar a cabo la amnistía son limitadas y los interlocutores han tenido tiempo para abordar todas las fórmulas desde que comenzaron a hablar a finales de julio. Por lo tanto, lo que restaría por cerrar serían los últimos flecos, aunque fuentes conocedoras del contenido de la negociación insisten en que nada pueda darse por cerrado hasta que todo lo esté, y se resisten a concretar una posible fecha para celebrar el debate de investidura.
"Al final, está todo inventado", bromea a este respecto un dirigente de Sumar, que defiende el texto que presentó hace unas semanas el comité de expertos convocado por Díaz, pese a que el PSOE rebajó esa propuesta a las realizadas por "otros partidos". Dicho dictamen planteaba amnistiar las conductas constitutivas de delito ocurridas en los últimos 10 años siempre y cuando tuvieran relación con el proceso independentista fallido de Cataluña, lo cual beneficiaría tanto a los principales líderes del procés como a los manifestantes encausados tras su participación en alguna marcha independentista, así como a los miembros de Comités de Defensa de la República (CDR) imputados, por ejemplo, por los cortes de carreteras catalanas a modo de protesta.
Así las cosas, la gran incógnita a resolver de la investidura es, también, la más básica: la fecha. Pese a la seguridad con la que Sánchez y los suyos dicen que habrá gobierno -y a que la semana que se maneja, tal y como adelantó 20minutos, es la del 6 de noviembre-, todavía no han cerrado ninguna fecha concreta. La explicación de fuentes socialistas es que hacerlo dificultaría las negociaciones, pues los otros partidos podrían entenderlo como un chantaje. Por eso, todo parece indicar que Francina Armengol, presidenta del Congreso, no dará la fecha hasta que Sánchez tenga cerrados los apoyos necesarios para superar la investidura.
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