El Ministerio de Igualdad en funciones está elaborando una aplicación informática para agilizar y automatizar el proceso de rendición de cuentas del cumplimiento de sus políticas en cada territorio del país. Según cuentan fuentes del departamento dirigido por Irene Montero, la idea es que haya una app que permita mejorar la recogida de información y sistematizar un proceso que ahora, dicen, funciona a través de un archivo de Excel.
La herramienta está todavía en proceso de elaboración, y habrá que hacer pruebas con las comunidades autónomas antes de su puesta en marcha, pero servirá para "reportar" y "justificar en qué se han gastado el dinero", y, en definitiva, "qué proyectos han ejecutado con el dinero que se les ha transferido", según han detallado este miércoles fuentes del ministerio en un encuentro con periodistas.
Así, según esta nueva aplicación, tanto las administraciones autonómicas como el propio Ministerio de Igualdad podrán ir vigilando a qué medida del catálogo de referencia de políticas y servicios —aprobado en una Conferencia Sectorial de marzo de 2023— van orientados los fondos del Estado, mediante un sistema dinámico y desplegable de indicadores. "No es más que simplificar la tarea que hacen de justificar los fondos, ya que cada vez hay más dinero y se pide más información", explican desde Igualdad.
Además, inciden, esta herramienta de evaluación permitirá obtener una fotografía completamente actualizada para saber en qué punto se encuentra la implementación de cada una de las medidas contempladas en el Pacto de Estado. "Es una cuestión de tiempos, de no dejarlo para el final de los cinco años del Pacto", subrayan.
La iniciativa nace, según explican, del "déficit" detectado en España respecto a la evaluación de las políticas públicas, y que de hecho ya ha inspirado el impulso de varias iniciativas legislativas de control. "No existen instrumentos y herramientas para la rendición de cuentas", afirman en el departamento de Montero.
Un año más para implantar los centros de crisis
Además, a petición de las comunidades autónomas, Igualdad ha accedido a prorrogar un año la puesta en marcha de los llamados centros de crisis 24 horas. Se trata de una medida contemplada en la ley del 'solo sí es sí' y que recoge la obligación de impulsar centros de atención especializados, abiertos las 24 horas del día y los 365 días del año, a las mujeres víctimas de cualquier violencia sexual. El plazo dado inicialmente era hasta diciembre de 2023, pero el departamento dirigido por Irene Montero ha dado su brazo a torcer y ha dado un año más, hasta diciembre de 2024, para que todas las comunidades puedan abrir estos centros en cada una de sus provincias (52 en total), como mandata la ley.
Para Igualdad no es una buena noticia, según reconocen, pero inciden en que el beneficio de aprobar ese aplazamiento es mayor, ya que si no cumplían con ese plazo, debían devolver el dinero que se les facilitó a través de los fondos europeos de recuperación. En total, desde 2021 se han transferido más de 83 millones de euros a las comunidades para que garanticen el derecho a las víctimas a recibir una atención especializada.
Cumplimiento del Pacto de Estado
Este martes, la ministra de Igualdad, Irene Montero; la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez; y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han presentado el informe de evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en 2017.
Entre 2018 y 2022, según el informe, el 94,8% de las medidas contempladas en el Pacto han sido cumplidas o están "en proceso de ser alcanzadas". En concreto, de las 290 en total recogidas en el texto consensuado entonces por los partidos, Gobierno, comunidades y entidades locales: 190 han sido cumplidas (65,5%), 85 están en proceso (29,3%), nueve siguen pendientes y otras seis no han sido objeto de la evaluación realizada al no ser competencia de la Administración General del Estado.
"Estos datos demuestran por un aparte el compromiso firme, la implicación decidida de del Gobierno, del este ministerio, en la lucha contra las violencias machistas, y que el Pacto de Estado ha sido una de las herramientas sobre la que ha pivotado la acción de Gobierno en los últimos años", ha subrayado Montero este jueves, cuando ha recordado también que el acuerdo firmado en 2017 ha permitido avances significativos, como la eliminación del falso síndrome de alienación parental o la prohibición del régimen de visitas a los maltratadores, porque un maltratador nunca es un buen padre.
Hay, sin embargo, algunas políticas que han quedado en el tintero en ese periodo. De las que correspondía impulsar al Congreso, por ejemplo, se ha quedado por el camino el impulso de un Pacto Social y Político por la Educación; o establecer comisiones y consejos locales de igualdad en los ayuntamientos.
Medidas pendientes
De las diez que corrían a cargo del Gobierno y que no han podido hacerse efectivas, según han explicado fuentes de Igualdad, nueve competen al Ministerio de Justicia y una al de Sanidad. Un ejemplo es la ley de trata, cuyo anteproyecto ya estaba redactado por el departamento que dirige Pilar Llop, pero que se quedó a las puertas de su tramitación en el Congreso al convocarse elecciones anticipadas.
Tampoco se han podido impulsar otros compromisos recogidos en el Pacto, como la supresión de la atenuante de reparación de daño en casos de violencia de género, o la de confesión en delitos. Para ambos hacía falta una reforma del Código Penal, por lo que alegan que tendría que haberse contemplado en un proyecto más concreto con esas medidas. Otra que correspondía a Justicia era la de remitir las denuncias por comparecencia ante un juzgado y los partes de lesiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que constasen en el Sistema VioGén.
El objetivo es garantizar seguridad física y psíquica de las víctimas porque, aunque las denuncias suelen interponerse en las comisarías, que sí están en ese sistema de valoración de riesgo, hay algunos casos en los que las denuncias llegan a los juzgados y ahí no pasan a estar registradas en VioGén. "Hace falta un protocolo o un mecanismo de conexión para mejorar la coordinación interinstitucional", argumentan en Igualdad. Y, de entre esas nueve, tampoco se ha aprobado la medida que contemplaba impedir que el padre maltratador pueda acceder a las grabaciones realizadas a los menores de edad a la hora de tomarles testimonio.
El único que quedó pendiente por parte del Ministerio de Sanidad es el objetivo de incluir en los temarios de las oposiciones temas específicos sobre salud y género, incidiendo en la detección precoz de la violencia de género.
Con todo, el departamento de Irene Montero incide en que "el aumento de los instrumentos de asistencia y protección de las mujeres ha sido muy importante" en estos últimos años. "Tanto en el porcentaje cuantitativo como en el grado de cumplimiento de las medidas, es evidente que el Gobierno de España ha avanzado de manera firme en el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y así lo muestra la Evaluación del período 2018-2022", subrayan.
En noviembre de 2021, además, todas las fuerzas políticas salvo Vox acordaron renovar el Pacto e incluir novedades como la acreditación de las víctimas de violencia machista, para que puedan acceder de forma más efectiva a sus derechos como víctimas sin perjuicio de que el traslado a otro territorio suponga una descoordinación en la administración. Posteriormente, en el ya bautizado como "acuerdo de Tenerife" pactaron prorrogar y mejorar la financiación e institucionalizar con ello las medidas contempladas en el acuerdo con un marco de referencia común, y el impulso de otras novedades, como la creación de comités específicos de crisis para evaluar las concentraciones de feminicidios.
"Sabemos que en los próximos años deben ser invertidos 1.000 millones de euros cada legislatura para seguir profundizando en esos compromisos económicos que son esenciales para el cumplimiento de todas y cada una de las medidas del Pacto", ha defendido Montero. Durante la presentación del informe, la ministra de Igualdad ha subrayado la necesidad de "avanzar" en la lucha contra las violencias machistas en un contexto de "enorme crecimiento del negacionismo". "Un solo paso atrás puede poner en riesgo el conjunto de los avances que hemos realizado en los últimos años para garantizar los derechos de las mujeres que son víctimas de las violencias machistas", ha insistido, urgiendo a "no mirar hacia otro lado" ante "el silencio y el negacionismo" que, asegura, "son cómplices de los agresores".
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