España afronta la vuelta de la disciplina fiscal en una situación política compleja. A la incertidumbre que comparten todos los países de la UE —con dos guerras en curso y un estancamiento económico— se suma la inestabilidad política en el caso de España. El país se enfrenta al reto de reducir el déficit al 3% en 2024 con un Gobierno en funciones y todavía sin un proyecto de Presupuestos Generales del Estado que detallen cómo se van a hacer los ajustes que exige Bruselas. 

En esta tesitura, el Ejecutivo en funciones ha tenido que adelantar a Bruselas cuáles serán las líneas maestras de las cuentas públicas de todo el país (incluidas autonomías y corporaciones locales) para 2024. Estas líneas generales se plasman en el Plan Presupuestario, un documento que todos los Estados miembros envían a la Comisión Europea en octubre y que después esta evalúa en noviembre para comprobar la viabilidad de las propuestas.

En circunstancias normales, los países remiten el borrador del Plan Presupuestario a la UE con un proyecto de presupuestos generales ya armado, aunque no esté aprobado. Sin embargo, en esta ocasión se hará "a ciegas" al estar el Gobierno en funciones y no haber comenzado aún la tramitación de las cuentas públicas. No obstante, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló recientemente que ya se está trabajando internamente en la elaboración de los presupuestos en caso de que Pedro Sánchez lograse ser investido.

Hacienda ya trabaja en los Presupuestos de 2024, que confía en aprobar en enero si Sánchez logra la investidura

El contenido del Plan Presupuestario —que Hacienda revelará este lunes tras haberlo remitido a Bruselas el domingo— permitirá despejar algunas incógnitas clave en materia de política económica y fiscal. En primer lugar, el Gobierno actualizará su previsión de crecimiento para la economía española en 2024. 

El año pasado, el cuadro macroeconómico del Ejecutivo fue muy cuestionado por los principales analistas por su optimismo, aunque finalmente la previsión del Ejecutivo (2,1%) estará bastante cerca de lo que se espera actualmente (2,4%). En esta ocasión, la mayoría de los analistas sitúan el crecimiento esperado para 2024 en el entorno del 1,7%-1,8%, mientras que las últimas previsiones del Gobierno publicadas en abril lo elevan al 2,4%.

¿Qué ocurrirá con las medidas de apoyo?

El borrador del Plan Presupuestario arrojará luz sobre otra de las grandes incógnitas para 2024. Y es que aportará, previsiblemente, una primera idea de cómo el Gobierno prevé cuadrar las cuentas en 2024. Para reducir el déficit al 3% del PIB en 2024, como el Ejecutivo ha comprometido con Bruselas, habría que acometer un ajuste de unos 12.000 millones de euros. En principio, parece que con no prorrogar las medidas de apoyo energético todavía en vigor en 2023 sería suficiente para cumplir. Pero el Gobierno sigue sin pronunciarse con claridad sobre qué pretende hacer con los paquetes aún en vigor y no descarta prorrogar algunas de ellas. 

Conviene recordar que medidas como la rebaja fiscal a la factura de la luz y el gas — actualmente sus impuestos están casi en el mínimo legal—  o la excepción ibérica para abaratar el precio de la electricidad vencen el 31 de diciembre. Pero también la rebaja al IVA a determinados alimentos básicos o las bonificaciones al carburante, actualmente restringidas al sector del transporte por carretera.

En este sentido, la Comisión Europea ha sido muy clara con España. Bruselas recomendó a España el pasado mayo "retirar las medidas de apoyo energético en vigor para finales de 2023 y usar los ahorros para reducir el déficit". Una petición que España debe abordar en el Plan Presupuestario y cuyo cumplimiento la Comisión evaluará a finales de noviembre. 

Calviño no descarta prorrogar ayudas para contener la inflación y espera poder aprobar nuevos Presupuestos para 2024

En el lado de los ingresos, el Gobierno deberá lidiar con una ralentización de la recaudación tributaria tras dos años de crecimiento extraordinario. La inflación y la vigorosa recuperación económica entre 2021 y 2022 han aportado importantes ingresos a las arcas públicas. Y aunque la recaudación fiscal seguirá creciendo todavía en 2023, todo apunta a que lo hará a un ritmo mucho más moderado. Según el último informes de la Agencia Tributaria, entre enero y agosto de 2023 se ha recaudado un 4,5% más que en el mismo periodo del año pasado, frente a un incremento del 19% y el 14,6% a estas alturas de 2022 y 2021, respectivamente.

Otra de las derivadas de la falta de Presupuestos Generales del Estado es que el Gobierno no ha fijado la regla de gasto para la administración autonómica y local para 2024. Es decir, no ha determinado cuánto podrán gastar de más el año que viene las comunidades autónomas o los ayuntamientos. La cuestión no es baladí si se tiene en cuenta que estas administraciones tendrán unos ingresos extraordinarios en 2024 fruto de la liquidación históricamente favorable del sistema de financiación de 2022, que se abonará el año que viene. 

La Airef ya advirtió en verano de que los grandes ayuntamientos están disparando su gasto en 2023. Además, ha pedido a los gobiernos autonómicos y locales que no comprometan gastos estructurales en 2024 con esos ingresos extraordinarios que les llegarán el año que viene, que no tienen por qué volver a repetirse en años siguientes.

El Gobierno puede actualizar el plan en 2024

La interinidad del Ejecutivo abre la puerta a que España tenga que enviar un nuevo Plan Presupuestario actualizado a la UE en caso de que se concretase un hipotético nuevo Gobierno. Así ocurrió en 2019, cuando España envió a Bruselas el documento con un Ejecutivo también en funciones. Entonces, la Comisión Europea remitió una carta a la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la que solicitaba a España que enviase un nuevo Plan Presupuestario en cuanto el Gobierno lograra elaborar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado.