El Gobierno en funciones tiene fe en sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado para 2024 aunque su aprobación se retrase a comienzos del año que viene. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha destacado este martes que su departamento ya está trabajando internamente en la elaboración de las cuentas públicas para el año próximo en caso de que Pedro Sánchez logre ser investido presidente en las próximas semanas y se forme un nuevo Gobierno. 

"Nuestra idea es llegar lo antes posible. Es evidente que habrá cierto decalaje respecto al calendario de años anteriores, pero con tal de que se apruebe en la proximidad de los próximos días de enero, no hay ningún problema con que [los presupuestos] tengan carácter retroactivo", ha señalado la ministra Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Contamos con tener cuentas nuevas para 2024, pero tienen que ocurrir una serie de elementos que no son menores", ha agregado.

Montero ha recordado que el proceso presupuestario comienza cuando el Ejecutivo presenta los objetivos de estabilidad al Congreso y el Senado. Precisamente, la falta de esa información sobre esos objetivos ha suscitado quejas desde administraciones autonómicas y locales, que han tenido que elaborar sus presupuestos a ciegas, sin saber cuáles son las referencias de déficit y deuda fijados por el Gobierno para estas administraciones.

Tras fijar los objetivos de estabilidad, el Gobierno debe informar del techo de gasto y entonces se empieza a articular las cuentas públicas. Finalmente, el proyecto presupuestario se somete a votación en las Cortes capítulo a capítulo, para lo que es necesario que cada uno de ellos salga adelante por mayoría simple (más síes que noes). En caso de que el Senado vetase un eventual proyecto de presupuestos —algo previsible con la mayoría absoluta que ostenta el PP en la Cámara Alta— el texto volvería al Congreso, donde necesitaría de mayoría absoluta para levantar el veto. Si no se logra esa mayoría absoluta de 176 escaños, el veto se puede levantar dos meses después por mayoría simple.

El Gobierno aprueba las subidas salariales que pactó hace meses con letrados, jueces y fiscales

Aunque todo apunta a que un eventual proyecto de presupuestos no vería la luz hasta enero del año próximo, el Gobierno en funciones tendrá que adelantar las líneas maestras de las cuentas públicas de todas las administraciones del país a la UE dentro de doce días. El Ejecutivo tiene hasta el 15 de octubre para presentar el Plan Presupuestario a la Comisión Europea, en el que debe incluir previsiones de crecimiento económico y de evolución de las finanzas públicas. 

Aprobada la subida del 0,5% adicional a los funcionarios

Además, el Gobierno en funciones ha aprobado este martes en Consejo de Ministros una subida de sueldo adicional del 0,5% para los empleados públicos de todas las administraciones. Esta mejora retributiva forma parte del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo, CC OO y UGT en octubre del año pasado para actualizar los sueldos públicos. Los empleados públicos la percibirán ya en la nómina que cobren este mes de octubre y con efectos retroactivos a enero de este año.

El pacto establecía una subida salarial del 3,5% en 2022, otra del 2,5% para 2023 y una tercera del 1,5% para 2024. Sin embargo, en 2023 la retribución podía elevarse hasta un 1% adicional si la inflación y el crecimiento del PIB nominal alcanzaban ciertas cotas. Como la subida interanual de los precios en 2022 y en septiembre de 2023 sumadas han superado el 6%, se ha desbloqueado una mejora salarial del 0,5%. 

Para un empleado público promedio, un incremento del 0,5% en su salario supondrá ganar alrededor de 14 euros brutos más al mes (el sueldo medio bruto de los empleados públicos era de 2.807 euros al mes en 2021, según el INE). En la nómina de octubre, los asalariados públicos recibirán también la subida retroactiva que les corresponde en los meses de enero a septiembre, por lo que se encontrarán con una especie de 'paguilla' que puede rondar los 140 euros brutos.

La ministra Montero ha detallado que esta mejora retributiva supondrá un coste total para el conjunto de las administraciones públicas (Estado, comunidades autónomas, entidades locales...) de 791 millones de euros. En el caso de la Administración General del Estado, la subida salarial ya estaba contemplada en los Presupuestos para 2023, por lo que no será necesario un cambio normativo. Eso sí, las autonomías y ayuntamientos tendrán que abordar la subida "en el conjunto de sus competencias", ha señalado Montero. En este sentido, conviene recordar que el acuerdo recoge un alza salarial de un máximo del 0,5%, por lo que autonomías y ayuntamientos podrían optar por incrementos retributivos más bajos.

Además, el Ejecutivo ha aprobado también en este Consejo de Ministros a los incrementos salariales que acordó con los letrados de la Administración de Justicia y con jueces y fiscales. La ministra Montero ha aclarado que los aumentos retributivos se implementarán "de forma progresiva, en diferentes hitos a finales de este año y a mediados del que viene para completar el acuerdo al completo a partir de julio de 2024".