La Airef ha alertado este martes de que los grandes ayuntamientos y diputaciones de España llevan un ritmo de gasto en 2023 incompatible con las reglas fijadas para las administraciones públicas. Aunque los límites de deuda y déficit permanecen suspendidos desde 2020, Bruselas ya ha dejado claro que volverán a estar vigentes el año en 2024. En consecuencia, las administraciones públicas deberán preparar sus presupuestos para el año que viene con la vista puesta en cumplir con la disciplina fiscal de la Comisión Europea por primera vez en cinco años.

La autoridad fiscal advierte de que las corporaciones locales de gran tamaño van encaminadas a un aumento de gasto computable del 9% este ejercicio en comparación con 2022. Así lo refleja la Airef en su informe individual sobre las finanzas de las administraciones locales. 

El vigilante fiscal señala que este aumento del 9% triplica con creces los niveles permitidos cuando la regla de gasto estaba vigente. Conviene recordar que esta limita el aumento en el gasto público que pueden ejecutar las administraciones públicas al crecimiento previsto de la economía a medio plazo. 

La Airef señala, asimismo, que estas entidades locales de gran tamaño —los ayuntamientos de municipios con más de 250.000 habitantes y las grandes diputaciones provinciales y forales— han aprovechado la ausencia de reglas fiscales para incrementar su gasto. Hasta el punto de que, si se cumplen las previsiones de la Airef, su nivel de gasto conjunto superará en un 35% los registros de 2019 cuando concluya este ejercicio.

La institución que preside Cristina Herrero destaca el caso de las diputaciones forales, que tienen previsto disparar su gasto por encima del 20%. Entre los Ayuntamientos que más aumentarán el desembolso se encuentran Las Palmas de Gran Canaria, Córdoba y Vigo, todos ellos por encima de dicho umbral. Las diputaciones provinciales de Barcelona y Guipúzcoa también superarán dicho registro.

La autoridad fiscal ya pidió a los ayuntamientos y diputaciones locales a comienzos de mes que se abstuvieran de aumentar el gasto o reducir ingresos sin una fuente de financiación permanente que justifique estas decisiones. Además, recordaron que el aumento en el gasto corriente es "recurrente en ejercicios futuros". Es decir, que previsiblemente pasará a formar parte de manera estructural en las cuentas públicas. 

Sin embargo, las administraciones locales parecen haber hecho oídos sordos a las recomendaciones de la Airef. El vigilante fiscal señala que la última información que ha recibido de las grandes corporaciones locales y el ritmo de ejecución reflejan un gasto mayor al que se había comunicado en marzo.

Aun con todo, las cifras que maneja la Airef apuntan a que las grandes corporaciones locales cerrarán 2023 con un superávit de casi el 3%. Un resultado que, no obstante, es peor de lo que preveía la autoridad fiscal en abril. En este apartado, la Airef considera que es importante tener en cuenta los efectos de la liquidación negativa del sistema de financiación en 2020 y su compensación. 

El primer año pandémico, el Ejecutivo calculó la recaudación tributaria esperada para ese ejercicio sin tener en cuenta el efecto del coronavirus. Por tanto, las entregas a cuenta del Estado a las autonomías y corporaciones locales resultaron ser superiores a la recaudación real que les hubiese correspondido, que se hundió por la pandemia. En circunstancias normales, Hacienda habría obligado a estas administraciones a devolver la diferencia, pero el Ejecutivo optó por perdonarles esas cuantías. 

Así, las corporaciones locales han contado con unos ingresos extraordinarios que no se pueden atribuir a su gestión presupuestaria y que desaparecerán en futuros ejercicios. Por ello, la Airef ha calculado también el saldo fiscal de estas administraciones, descontando el efecto de la liquidación de 2020. El resultado es que, aunque las entidades locales se encuentran en una situación de equilibrio, los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valladolid y Vigo; las diputaciones provinciales de Barcelona y Valencia y las diputaciones forales de Guipúzcoa y Vizcaya registrarán déficits de gestión en 2023.