Los analistas y el Gobierno no terminan de ponerse de acuerdo. El escenario macroeconómico con el que el Gobierno ha preparado los presupuestos para 2023 prevé que el PIB avance un 2,1% el año próximo, una cifra que las últimas estimaciones económicas publicadas por la OCDE, el Banco de España o la Airef rebajan al entorno del 1,5%. La Airef sostiene que el deterioro en la situación de las economías europeas, en plena crisis energética, con la confianza de los hogares en mínimos y la inflación haciendo mella en los bolsillos frenará más el crecimiento. Por su parte, el Banco de España asegura que el frenazo en la actividad que se espera en la segunda mitad de este año y el primer trimestre del próximo arrastrarán el PIB al 1,4% en 2023.

Algo parecido, pero a la inversa, ocurre también con las expectativas de inflación. El Ejecutivo no realiza una estimación de a cuánto ascenderá el Índice de precios de consumo (IPC) como hacen la mayoría de analistas, pero sí publica un indicador que resume su visión de cómo se comportarán los precios: el deflactor del PIB. Este indicador mide la inflación de los bienes y servicios que se producen en España, por lo que deja fuera del cálculo los precios de las importaciones de energía, que son el principal causante de la inflación que sufre Europa. El Ministerio de Asuntos Económicos estima que la inflación, medida como deflactor del PIB, ascenderá al 3,8% el año próximo, una cifra que el Banco de España eleva al 4,5% y la Airef, al 4,3%. 

Los grandes analistas llevan ya tres años llevando la contraria a las previsiones económicas del Gobierno. Desde que la pandemia hizo acto de presencia allá por 2020, convirtiendo en papel mojado cualquier augurio económico elaborado antes de febrero de ese año, las expectativas de crecimiento que aparecen en el cuadro macro del Ejecutivo se han alejado considerablemente de lo que esperaban los grandes analistas. Y en 2021 y 2022, también del resultado final que publica el INE.

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El Ministerio de Economía presentó en octubre de 2020 un escenario macroeconómico para los presupuestos de 2021 en el que el PIB rebotaría un 9,8%. En noviembre, el panel de Funcas, que resume las proyecciones económicas de los principales analistas nacionales, ya rebajaba esa cifra al entorno del 6,5%. Finalmente, en 2021 la economía crecería un 5,5%, frenada por el fuerte rebrote invernal de la pandemia que frenó la actividad económica en el primer semestre, entre toques de queda y cierres perimetrales de las comunidades autónomas.

El año siguiente, el Gobierno presentó unas cuentas públicas para 2022 en las que esperaba un avance del PIB del 7%. Una previsión que el consenso de analistas de Funcas rebajó al 5,7% en noviembre y que a estas alturas del ejercicio se antoja imposible. El propio Ejecutivo reconoce ahora que la economía crecerá como mucho un 4,5% en 2022, lejos de la referencia con la que se elaboraron los presupuestos para este año. 

Por qué importan las previsiones del Gobierno

Que el Gobierno acierte o no con su cuadro macro no es una cuestión baladí. Las previsiones de crecimiento económico sobre las que se construyen los presupuestos determinan lo que se espera ingresar y también lo que se puede gastar. Cuanto mayor es la previsión de PIB del Ejecutivo, mayor es la expectativa de ingresos y por tanto mayor la capacidad de gastar.

En circunstancias normales, el Ejecutivo no puede incrementar el gasto del Estado por encima de lo que espera que crezca el PIB a medio plazo, pero las reglas fiscales de la UE que establecen esta condición llevan suspendidas desde 2020 y lo estarán también en 2023. En todo caso, España cumplirá con esta condición en 2023 (el techo de gasto aumentará un 1,1%), con la que también cumplió en 2022. No obstante, conviene recordar que en 2021 el Ejecutivo aumentó el techo de gasto un 54% para afrontar las consecuencias de la pandemia, alcanzando un nivel de gasto que se mantiene en la actualidad.

En el lado de los ingresos, el principal sustento del Estado son los impuestos, que aportan la gran mayoría de los recursos con los que cuentan las arcas públicas. Y esta recaudación tributaria está estrechamente vinculada a cómo se comporta la economía. Los dos impuestos que más aportan al Estado son el IVA -que depende del consumo y de los precios- y el IRPF, que está condicionado a la evolución del empleo y los salarios. Si el consumo se frena, es de esperar que la recaudación por IVA lo haga con él. Lo mismo ocurre con la contratación: si el empleo retrocede, también lo harán los ingresos que aporta el IRPF. Estas dos figuras aportarán conjuntamente tres de cada cuatro euros de los ingresos tributarios que el Estado espera obtener el año próximo.

El Ejecutivo confía en obtener en 2023 unos ingresos tributarios un 7,7% superiores a los de 2022, es decir, 18.710 millones más. Este cálculo está condicionado a la previsión de crecimiento que incluye en su cuadro macroeconómico. Los ministerios económicos arguyen que buena parte del boom recaudatorio de este año, que muchos atribuyen principalmente a la inflación, se mantendrá en los próximos años. Sostienen que las subidas en el salario mínimo y la mayor calidad y estabilidad en el empleo están detrás de buena parte de esos ingresos, que han venido para quedarse.