La aprobación de una ley de amnistía es el principal escollo para la investidura del candidato Pedro Sánchez, que necesita el apoyo de los independentistas. El expresidente catalán y dirigente de Junts Carles Puigdemont exigió que la norma se apruebe antes de votar a favor del PSOE, pero el calendario juega en contra. Los plazos son muy ajustados para completar el procedimiento y además la mayoría del PP en el Senado puede forzar el retraso.

Aunque el ala socialista del Gobierno todavía no ha concretado en qué consistiría el acuerdo sobre la amnistía, las negociaciones con ERC y sobre todo con Junts están en marcha, tal como indicó el presidente del Ejecutivo en funciones esta semana en Granada.

Además, Sánchez indicó que el PSOE fijará su posición sobre este asunto después de completar la ronda de contactos con los grupos parlamentarios, una vez que las formaciones políticas hayan expresado sus condiciones en las reuniones formales.

La ronda de contactos se prolongará durante toda la semana que viene, así que hasta entonces no se conocerá, negro sobre blanco, cuáles son los planes de los socialistas. En ese momento apenas quedarán seis semanas de margen para que se celebre la investidura de Sánchez, que tiene como límite el 27 de noviembre. En caso contrario se disolverían las Cámaras y habría repetición de elecciones generales el 14 de enero.

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Puede registrarse y que la mesa dé luz verde

Con este calendario tan apretado, las posibilidades de completar todo el trámite parlamentario que requiere aprobar una ley de amnistía antes de que los diputados se reúnan en el Congreso para decidir si Sánchez sigue en La Moncloa es mínima. Más probable es que se pueda dar algún paso, es decir, que se registre una iniciativa y la Mesa del Congreso dé el visto bueno para que se debata.

Esto ya sería un hito importante y pondría de manifiesto el cambio de posición del PSOE respecto a la amnistía, porque en 2021 ERC, Junts, la CUP y el PDeCat presentaron en la Cámara Baja una propuesta para amnistiar los delitos del procés y el PSOE votó en contra de admitirla a trámite. De hecho los letrados del Congreso la tacharon de inconstitucional y el PSOE, junto con PP y Vox, estuvo de acuerdo.

Apurando mucho los plazos, incluso podría llegar a celebrarse en las semanas previas un primer debate sobre la ley de amnistía, pero aún quedarían varios pasos del procedimiento parlamentario por delante. Uno de ellos, la aprobación de la ley en el Senado, más que improbable con la mayoría absoluta del PP en esa Cámara.

El PP puede pedir informes y devolverla al Congreso

Su negativa no es impedimento para sacar la ley adelante, pero ralentiza el proceso porque puede pedir informes jurídicos y si se niega a aprobarla obliga a que la norma vuelva al Congreso y sea validada de nuevo una semana después. Por tanto, lo más probable es que la ley de amnistía a los implicados en el procés o el equivalente que emane de las negociaciones entre PSOE e independentistas vea la luz después de que Sánchez sea reelegido.

Hay otros argumentos en contra de la aprobación exprés de la amnistía, por ejemplo, que el PSOE no quiere apurar hasta el final la elección de Sánchez. Aunque la fecha límite es el 27 de noviembre los socialistas insisten en tener nuevo Gobierno "cuanto antes".

Además otros dirigentes de la coalición como Jaume Asens (Sumar), al tanto de las negociaciones con Puigdemont y acompañante de la vicepresidenta en funciones Yolanda Díaz en su viaje a Bruselas para reunirse con el expresidente, ha venido señalando que una aprobación antes de la investidura sería "casi imposible" por falta de tiempo.

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Derogación de la sedición en cinco semanas

En todo caso, las normas del Congreso no tasan todos los plazos y el ritmo de tramitación de las leyes siempre depende de las mayorías en las Cámaras y en sus órganos de gobierno. De hecho existen precedentes cercanos de tramitaciones exprés a demandas del independentismo, como la supresión del delito de sedición o más recientemente, el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso.

La ley orgánica por la que se suprimió el delito de sedición, se registró un 11 de noviembre de 2022 y fue aprobada en poco más de un mes. Se registró como proposición de ley orgánica, que al ser iniciativa de los grupos parlamentarios permite ahorrar la petición de informes al Consejo de Estado o al Consejo General del Poder Judicial.

Después viene el turno de la calificación de la Mesa. Aunque la ley de amnistía no superó ese trámite en 2021, ahora puede ser distinto pues el criterio de los servicios jurídicos no es de obligado cumplimiento y la decisión siempre es política.

De la mesa del Congreso se envía a Moncloa para que el Gobierno de su visto bueno al debate en un plazo de 30 días. De este modo puede ejercer su capacidad de veto por motivos presupuestarios, si considera que supondría un exceso de gasto excesivo o merma de ingresos. En el caso de la sedición, el Gobierno envió luz verde en solo 24 horas.

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El PSOE y Sumar, con sus socios, pueden también hacer valer la mayoría absoluta para imponer la tramitación por el procedimiento de urgencia, que acorta los plazos a la mitad, y así acelerar su debate y aprobación en el Pleno de la Cámara.

Al tratarse de una ley orgánica, requiere mayoría absoluta, que son los votos que reunieron los socialistas para hacer presidenta del Congreso a Francina Armengol. Finalmente del Congreso iría al Senado, donde el PP puede ralentizar el proceso, aunque acabaría regresando de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva.