España sigue suspendiendo en abandono escolar, pues el 27% de los jóvenes entre 25 y 34 años dispone solo de la enseñanza obligatoria, con lo que tienen un nivel inferior al Bachillerato o a sus equivalentes de Grado Medio en la FP. Esa cifra duplica la media de los países de la OCDE, según el informe Panorama de la Educación 2023, que se publicó la semana pasada. El problema no parece que importe mucho a nadie porque de lo contrario estaríamos hablado intensivamente de ello, y ese sería sin duda el asunto que concentraría toda la atención de cara a una posible investidura del candidato del PP o del PSOE. 

La mejora del capital humano determina la ventaja competitiva de los países y es un factor clave en la igualdad de oportunidades. Sin embargo, el debate público en España no está centrado en la educación, sino que pasa ahora mismo por la ominosa amnistía para unos delincuentes políticos. Por desgracia, tampoco en campaña electoral fue objeto de mucha atención. ¿Alguien recuerda alguna propuesta? Sufrimos de una clara mediocridad en el liderazgo por parte de aquellos que deberían fijar las prioridades y los debates esenciales.

Los autores del documento de la OCDE recuerdan que "la inversión en educación produce altos rendimientos en el futuro" y que el objetivo de los países debe ser "ofrecer a su ciudadanía la posibilidad de conseguir una educación de calidad que fomente la movilidad social". El informe insiste en que el reto fundamental de todos los gobiernos debe ser "eliminar las desigualdades en el acceso a las oportunidades de aprendizaje". Pero el problema en España no está solo en el abandono escolar. Todas las comparativas internacionales evidencian que nuestros alumnos, tanto en primaria como en secundaria, tienen un nivel de rendimiento por debajo de la media de la UE.

España es el país de la UE con más jóvenes sin bachillerato o grado medio: el 27% solo tiene la enseñanza obligatoria

A las familias les preocupa mucho poder proporcionar una educación de calidad, inquietud que es inversamente proporcional a la calidad del sistema educativo. Allí donde se cree que es bueno –como en Alemania, Suecia o Países Bajos–, esa preocupación desciende enormemente, y las familias no dedican recursos extras a completar la formación de sus hijos. En España, pese a algunas claras mejoras, la educación pública se percibe de baja calidad, y las familias pagan por una formación complementaria –reforzando las matemáticas o los idiomas–, lo que en cierto sentido incrementa la desigualdad porque no todas pueden hacerlo, claro está. La solución no puede pasar por limitarlo o prohibirlo, sino por tomarse en serio el fracaso educativo, si no queremos que la mediocridad se extienda y nos deje rezagados como país en un mundo cada vez más competitivo. Cuesta creer que este no sea el gran debate en una investidura.