A pocos días de la vuelta al cole, la figura del coordinador del bienestar recogida en la ley de protección a la infancia sigue sin estar concretada. No hay una formación específica ni una normativa de mínimos que asegure que el profesional encargado de prevenir, detectar y actuar contra la violencia infantil está capacitado o dispone del suficiente tiempo para cumplir con sus funciones. Por ello, Unicef exige a las administraciones educativas una "regulación clara" que garantice los recursos suficientes para que el trabajo de esos coordinadores "no quede en papel mojado". 

"Iniciamos el segundo curso en el que esta figura debería haberse puesto en marcha y estamos lejos de que alcance un funcionamiento aceptable", ha denunciado este martes Nacho Guadix, responsable de Educación de Unicef España, en un encuentro con los medios. Según ha explicado, esa difusión normativa ha provocado que cada centro se esté integrando el coordinador de bienestar como puede, llegando incluso en muchas ocasiones a recaer en la propia dirección, ya de por sí desbordada. 

Todo ello, pese a que ya han pasado más de dos años desde la aprobación de la ley de protección a la infancia —la Lopivi— que recogía la creación de un coordinador de bienestar infantil en todos los colegios para prevenir la violencia infantil. La norma, sin embargo, dejó en manos de las comunidades autónomas la labor de determinar las funciones de dicho coordinador. Pero no ha llegado a concretarse por ahora, por lo que la ONG pide "aterrizar" esa figura clave para prevenir situaciones de acoso escolar, maltrato infantil o malestar emocional, entre otras. 

Caos y disparidad entre comunidades en la implantación del 'coordinador de bienestar' en colegios para luchar contra el 'bullying'

"Ya vamos tarde"

"Son cuestiones inaplazables. Consideramos que ya vamos tarde viendo que en su momento la ley tuvo un consenso casi mayoritario. Pedimos que, independientemente del signo político, sean capaces de alcanzar ese nivel de coordinación necesaria", ha urgido Guadix. 

La entidad de protección a la infancia pide que se movilicen los recursos necesarios para poder impulsar acciones en tres áreas principales. Normativa, por un lado, "para que la labor de los coordinadores no dependa de la voluntad o las capacidades individuales del personal educativo". Formativa, por otro, "dotando de formación específica a los coordinadores y genérica a toda la comunidad educativa". Y, por último, de datos, con la puesta en marcha de un "registro censal de información" que recopile todas las cifras y los detalles de violencia contra la infancia y la adolescencia para conocer la magnitud del problema. 

Más de 70 organizaciones de infancia exigen un Pacto de Estado para la protección de los menores en internet y las redes sociales

En definitiva, lo que pide Unicef es más determinación y agilidad para garantizar una figura que, aseguran, es crucial en los colegios para garantizar el bienestar de los alumnos. "No hay ninguna persona que siendo víctima sea capaz de alcanzar ningún objetivo educativo", ha incidido Guadix, quien recuerda que los datos revelan que año a año la incidencia del acoso escolar —ya sea porque hay más denuncias, porque surgen nuevas formas de comportamiento o por las redes sociales— va a más: la tasa de victimización estimada se sitúa ya en el 33,6%. 

Recursos para no sobrecargar a los docentes

Según ha precisado Almudaena Olaguibel, especialista en Protección de Unicef España, "no se trata de sobrecargar a los docentes en un momento de cambio legislativo", sino más bien de movilizar los recursos y los fondos necesarios para que no dependa de las características de un centro o de la voluntariedad de las personas que asumen dichas funciones. 

La propuesta de la entidad pasa por adecuar esa figura a las necesidades del centro, sin definir un perfil concreto. "No es lo mismo un centro de un pueblo del Pirineo que uno de un centro urbano de la capital", ha asegurado Guadix, antes de reiterar en ese sentido que lo más importante es la formación de los profesionales para que sepan cómo actuar ante cada situación. 

Los datos del Registro Unificado de casos de sospecha de Maltrato Infantil en el ámbito familiar (RUMI) apuntan que en 2021 hubo 21.524 notificaciones de malos tratos: el 43% por negligencia; el 31% por maltrato emocional; el 17 % por maltrato físico; y el 9,6% por abuso sexual. Además, según los últimos datos del Ministerio del Interior, hace dos años se contabilizaron .508 víctimas de malos tratos familiares (más de 2.000 más que el año anterior); y cerca de la mitad de las víctimas de delitos sexuales son menores de edad.