La intención estaba, y la oportunidad también, pero la implantación de la nueva figura de 'coordinador de bienestar' en los colegios ha sido, si no caótica, heterogénea entre comunidades autónomas. Algunas han cargado a sus docentes con el peso de esta nueva función de prevención frente a la violencia escolar. Otras han delegado en los equipos directivos la tarea de organizarse. Sea cual fuere la fórmula, la llegada de este nuevo perfil profesional está suponiendo, en la mayoría de los casos, más carga de trabajo para los propios docentes, sin que muchos vean reducidas sus horas lectivas o incluso aunque no hayan recibido la formación específica y necesaria.

Tanto la ley de protección a la infancia como la nueva reforma educativa (Lomloe) establecen la obligatoriedad de que todos los centros educativos con menores escolarizados cuenten con una persona encargada de prevenir y detectar situaciones de acoso y violencia, así como de comunicarse con los propios alumnos y familias ante posibles casos. Hasta ahora, estos roles los llevaban a cabo los orientadores, tutores, coordinadores de los planes de convivencia e igualdad, etc. Pero desde septiembre las administraciones de cada territorio debían haber nombrado ya al profesional (nuevo o existente) que ejerza esas funciones. 

Poco más de un mes después de su implantación, el escenario es difuso. La comunidad educativa denuncia la "indefinición existente" respecto a "quién, cuándo y de qué manera van a realizar su cometido los coordinadores", y exige al Gobierno que tome cartas en el asunto. Así se lo trasladó UGT durante una reunión del Consejo Escolar del Estado, en la que reclamaron al Ministerio de Educación que regule el perfil de este nuevo profesional mediante "normativa básica".

Así es la figura de 'coordinador de bienestar' que debían tener todos los colegios desde este curso

Lo que planteó el sindicato al máximo órgano consultivo en materia de Educación fue la necesidad de establecer "de forma clara" cuál es el perfil que debe cumplir la persona que desempeñe esta labor. En esa definición considera que debería especificarse la contratación de los profesionales que se ocupen de esa tarea o, de recaer en los docentes del propio centro, asegurarse que tengan una reducción "suficiente" de horario lectivo (e incluso que se dediquen plenamente a este cometido). Además, pide también que a los coordinadores de bienestar se les asigne con un "complemento retributivo correspondiente". 

"Parece inaceptable que se pueda poner en marcha una medida tan necesaria sin ofrecer los medios ni dotar de recursos a los centros educativos", denunció el sindicato en un comunicado posterior a la reunión.

En definitiva, reclaman abrir el debate para regular correctamente ese perfil profesional. Desde el sindicato cuentan a este diario que consideran que debería hacerse mediante "órdenes autonómicas que tuvieran una referencia estatal"; ya sea mediante un real decreto o con un acuerdo entre todas las administraciones educativas "que permita normativas homogéneas para todos".

Fuentes del Ministerio de Educación se limitan a apuntar a 20minutos que esto es algo que "se está definiendo" en el departamento. No concretan detalles, pero apuntan a las conclusiones que puedan salir del próximo Observatorio de la Convivencia, convocado en noviembre. Esta misma semana, por el Día Mundial de la Salud Mental, la ministra de Educación ya avanzó que estaba trabajando con las comunidades en un programa para formar a los docentes en bienestar emocional, aunque es una iniciativa todavía "en fase incipiente".

Grandes diferencias entre comunidades

Ahora bien, ¿cómo ha sido de dispar la implantación de la nueva figura de coordinador de bienestar en los colegios para que se haya avivado tanto este debate?, ¿a qué se refieren los sindicatos cuando hablan de un 'sálvese quien pueda' en esta materia?

Hay comunidades -la mayoría- que han implantado la figura acudiendo al profesorado que ya tenían previamente y sumándole las nuevas funciones. Sin reducción de horas lectivas ni remuneración extra. Andalucía, Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja, Ceuta y Melilla forman parte del grupo de autonomías que ha optado por esta estrategia, tal y como reflejó CC OO en un informe elaborado para hacer balance del primer mes de curso escolar. 

Hay otros territorios en los que, de haber disponibilidad, se abre la posibilidad a que el equipo directivo asigne ciertas horas lectivas al nuevo coordinador de bienestar. Es el caso de Murcia, Islas Baleares o Castilla-La Mancha. En cuanto a la reducción de horario lectivo, depende de la autonomía. Murcia, por ejemplo, establece en su orden la disminución de un periodo lectivo en Infantil y Primaria. También en Baleares se les asigna una bolsa de horas, pero a repartir entre las coordinaciones del plan de lectura, de transformación digital y de bienestar y protección a la infancia.

El resto de comunidades permiten una disminución de períodos lectivos, que puede ir de una a nueve horas, en función del tamaño del centro; aunque lo más habitual ha sido la reducción de uno a tres períodos por semana.

Solo Canarias y Extremadura pasan el examen de los sindicatos. Son, de hecho, los dos únicos territorios en los que se establecen criterios bien definidos de selección del coordinador de bienestar, con reducciones de jornadas lectivas e incluso (en el caso canario) con remuneraciones económicas. 

Faltan 22.000 docentes

Los sindicatos calculan que, para que las funciones del nuevo coordinador de bienestar puedan desarrollarse "con garantías", habría que incorporar un cupo más a jornada completa. Esto es, 19.134 docentes para todos los colegios públicos de régimen general (Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato), y 2.876 para el resto de enseñanzas con menores escolarizados (centros de música, danza, idiomas, etc.). Es decir, faltan 22.000 docentes para que esta nueva figura opere según el objetivo del Gobierno.