Más de 70 organizaciones de infancia han exigido este jueves un Pacto de Estado para la protección de los menores en internet y las redes sociales. Se trata de una iniciativa que ya arrastra años a sus espaldas y que han presentado este jueves varias entidades de la sociedad civil, que ven en las próximas elecciones generales y en la inminente Presidencia española de la Unión Europea (UE) una oportunidad para impulsar, por fin, una serie de medidas "de mínimos". 

Depresión, tendencias suicidas, problemas en la socialización, en la autoestima, bullying, adicción al porno o aumento de las agresiones sexuales. Son solo algunos de los muchos problemas derivados del entorno digital a los que se enfrentan los menores de edad, y para cuya prevención no hay todavía herramientas suficientes. Por ello, la Asociación Europea para la Transición Digital decidió promover esta iniciativa, que han presentado también Save the Children, la Fundación ANAR, iCMedia, Dale la Vuelta y Unicef España en una propuesta con varias medidas. 

"Esto surge porque tenemos una honda preocupación relativa a los menores", ha subrayado Ana Caballero, vicepresidenta de la Asociación Europea de Transición Digital, quien también ha resaltado la necesidad de poner soluciones a un problema cada vez más latente. Desde el viernes pasado, ha explicado, ya se han adherido en torno a 75 entidades. "Y esperamos muchísimas más. Son medidas de mínimos, pero hay que dar un paso y hay que darlo poco a poco. Puede ser el comienzo de una iniciativa que realmente proteja a los menores europeos", ha destacado. 

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Durante el evento, los representantes de varias entidades firmantes han  expuesto los riesgos y las consecuencias a los que se enfrentan los jóvenes y adolescentes ante un ámbito digital para el cual no se han impulsado todavía herramientas de prevención suficientes. Sobre todo teniendo en cuenta que la edad media a la que ya cuentan con un primer dispositivo móvil es a los 10 años. "De la misma manera que se han impulsado protocolos para detectar riesgos en el mundo físico, también se tiene que hacer un esfuerzo para detectarlos en el mundo digital", ha aseverado Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política en Save the Children.

Un problema de salud pública

La iniciativa se desarrolla en torno a tres ejes: reconocimiento del problema, educación y colaboración de los agentes implicados. Respecto al primero, las organizaciones piden que se identifique el uso compulsivo de la tecnología como un problema de salud pública y que se impulsen políticas públicas y campañas para concienciar sobre el peligro que entraña, con especial foco hacia la pornografía. 

En esa línea plantean reforzar las líneas de ayuda ya existentes, establecer nuevas vías, invertir en más investigación y, por último, implementar en la atención primaria recursos para que los profesionales sanitarios sean capaces de detectar, prevenir y tener en cuenta un posible consumo problemático. 

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Educación

Igual de importante es para las organizaciones conciencias sobre las consecuencias de internet (violencias, abusos, ciberdelitos, adicciones, mercantilización de datos, etc.) y el impacto que ello tiene sobre la vida y el desarrollo de los menores. Educar no solo a los niños y adolescentes, sino también a los familiares y a los agentes implicados (profesores, trabajadores sociales, etc.) en la protección de todos esos riesgos para facilitar el desarrollo de espacios seguros y establecer programas de educación en salud digital y salud afectivo-sexual.

Implicar a la industria

Por último, en la quincena de medidas que aglutina la propuesta, las entidades consideran crucial implicar a la industria para que esa prevención y protección de ciertos contenidos sea efectiva. Asegurar mecanismos que veten la entrada a ciertas páginas web a los menores de edad, por ejemplo, o impulsar advertencias mediante pop-up de los riesgos a los que están expuestos. Proponen también un "etiquetado inteligente por edades" en ciertos contenidos, sobre todo aquellos "seriamente perjudiciales para los menores", que incluyan, por ejemplo, escenas de pornografía, lenguaje inapropiado o violencia física o psíquica. 

Para ello pretenden contar con una capacidad de control reforzada, tanto de la CNMC, como de la AEPD o cualquier organismo que se encargue de las competencias. Y, finalmente, establecer un marco legal de rendición de cuentas que penalice a los responsables de las plataformas de intercambios de vídeos y distribuidores de contenidos que incumplan con el establecimiento de la obligación de verificación de edad. 

En ese marco, el PP propuso recientemente crear en el Congreso una subcomisión sobre protección de menores ante el aumento de acceso a pornografía. Una comisión que implique a todas las fuerzas políticas para identificar "qué es lo que no funciona" y "qué es lo que hay que hacer", en esta materia, según desgranó entonces la portavoz parlamentaria de la formación, Cuca Gamarra. Los de Feijóo ven el camino a seguir en las legislaciones de países vecinos, como Francia o Reino Unido, donde ya se están introduciendo sistemas de control en el acceso de los menores a las redes.

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Ya a finales de abril se plantearon propuestas similares en la Cámara Baja. Aprovechando la reforma de la ley del 'solo sí es sí' que se tramitaba por entonces en la Comisión de Justicia, Junts presentó varias enmiendas en las que proponía limitar el acceso de los menores de edad a la pornografía. Iniciativa que, no obstante, cayó en saco roto después de que los socialistas votaran en contra de esta modificación por considerar que se trata de un asunto "que merece un debate más sosegado".

Sea como fuere, las entidades ven en el contexto actual la oportunidad perfecta para materializar un paquete de medidas concretas que garanticen una mayor protección de los menores en el ámbito digital. "Pedimos a los representantes políticos un compromiso en torno a unos principios de consenso, en el marco del inminente inicio de la presidencia europea de España (1 de julio) y del inicio, tras las elecciones generales, de una nueva legislatura", concluye el manifiesto.