Alberto Núñez Feijóo ha abierto este martes el melón que el PP lleva meses conservando en el frigorífico. "Me preocupan muchísimo los temas de internet, me preocupan muchísimo las redes sociales, me preocupa que hay adolescentes que se pasan el rato delante de un móvil, me preocupa el consumo de pornografía en la adolescencia, me preocupa que hay muchos chavales que no se van a la cama si no llevan su teléfono, me preocupa que no seamos capaces de ordenar eso". El líder de la oposición ha introducido así su plan para regular el uso de redes para los menores que incluiría multas a empresas tecnológicas que lo incumplan y que presentará en el Congreso tras las elecciones del próximo domingo.

Tal y como ha explicado Feijóo durante un coloquio, el objetivo es que "un menor no tenga acceso a cualquier tipo de páginas o cualquier tipo de desinformación". Todo ello para atajar el ciberacoso y el uso excesivo de internet que "perjudica los valores, sacrificio, esfuerzo y disciplina" de los menores. Y para ello, el presidente popular aboga por introducir también a las empresas en la ecuación en la que hasta ahora solo están los padres o tutores legales y los centros educativos.  

Fuentes conocedoras de dicho plan explican que la "autorregulación" no está funcionando en España y, por eso, países del entorno ya están tomando medidas, incluso cambiando su Código Penal. "Como Francia o Reino Unido, que han comenzado a legislar introduciendo sistemas de control en el acceso de los menores a las redes y que el Parlamento Europeo tramita un Reglamento para prevenir el abuso sexual de menores", recordaba hace unas semanas la portavoz parlamentaria del PP en la jornada La protección de los menores en internet, que organizó su grupo en el Congreso. En ella, Cuca Gamarra ya subrayó que, según la fundación ANAR, "la exposición a la pornografía hace que los menores normalicen las conductas sexuales de riesgo, reproduciéndolas como algo normal, sin ver las consecuencias que tienen".

En cuanto al papel de las tecnológicas, desde la dirección nacional apuntan a que estas deben asumir su parte de responsabilidad, en forma de sanción, como ocurre con los establecimientos que venden alcohol a menores. Aunque al mismo tiempo reconocen que estas empresas, que estuvieron presentes en aquella jornada del pasado 8 de mayo, consideran que es otra intentona política que no llegará a buen puerto.

En las filas populares confían que este debate no les suponga ni un enfrentamiento con las empresas ni con aquellos que agitan la bandera de la libertad individual. "Las cuentas de resultados de las empresas no pueden ser a costa de la salud de los hijos", defienden desde el PP. Por otro lado, creen que quienes creen en la libertad del individuo también creen en la patria potestad, es decir, en poder controlar la educación de sus hijos, más aún siendo menores de edad.

Tal y como ha explicado su equipo, el PP no espera "descubrir la pólvora" con esta "pandemia del siglo XXI", pero sí "abanderar" el debate. "Haremos una propuesta potente en breve", sostienen quienes llevan meses trabajando en este plan que el PP se guarda para después de las elecciones municipales y autonómicas.

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Además de este plan global, desde el PP destacan otras iniciativas parlamentarias que han llevado a cabo para proteger a la infancia. Como la proposición no de ley que registró el grupo de Gamarra para crear una Oficina de Supervisión de las herramientas de control del acceso de los menores a contenidos en la red, promover mecanismos de colaboración con las grandes empresas tecnológicas que también posibiliten controlar el acceso de los más jóvenes a internet -verificando los requisitos para la autenticación fiable y la protección de datos- y promocionar el conocimiento y uso de las herramientas de control entre progenitores y profesores.