El pasado jueves, 17 de agosto, Junts y ERC llegaron un acuerdo con el PSOE para elegir a la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso de cara a la nueva legislatura. Estos apoyos por parte de las formaciones independentistas no han llegado de forma 'gratuita'. Entre otras demandas, han llevado al partido de Pedro Sánchez a acordar una comisión de investigación "sin veto de comparecencias" sobre el caso Pegasus.
En abril de 2022, el laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto hizo público el informe Catalangate. En él denunciaba que al menos 65 dirigentes y exdirigentes de ERC, CUP y Junts y de las entidades cívicas Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) y Òmnium Cultural habían sido espiados por el Estado español con el programa Pegasus, diseñado por la empresa israelí NSO Group y que solo vende a entidades públicas.
Este software espía infecta el teléfono móvil sin que su usuario realice ninguna acción previa para después acceder a cualquier información almacenada o realizar acciones con él, como la activación del micrófono, grabación de llamadas, geolocalización o capturar las webs visionadas.
Explicaciones "insuficientes" de Sánchez y Esteban
ERC y Junts exigió el pasado jueves profundizar "de forma exhaustiva" a cerca de quién compró el programa espía israelí y quién ordenó utilizarlo contra políticos y activistas catalanes. De este modo, buscan una comisión que vaya más allá de las explicaciones que dieron Sánchez y la directora del CNI, Paz Esteban, en mayo de 2022, durante la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso.
En dicha jornada, Esteban admitió que el CNI espió con autorización del juez del Tribunal Supremo a 18 dirigentes independentistas, entre ellos al presidente catalán, Pere Aragonès, y los diputados de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba. Su justificación fue que, supuestamente, habían contactado con grupos violentos, como los Comités de Defensa de República (CDR), cuyas actividades vigilaba el CNI.
Por su parte, Sánchez se desvinculó de las "decisiones operativas" del CNI y afirmó desconocer los motivos del espionaje, al tiempo que justificó los hechos alegando que en Cataluña existía un "problema de seguridad nacional" después del 'procés' de 2017.
Un cortafuegos ante la presión independentista
Los partidos independentistas calificaron estas declaraciones de "insuficientes" y la presión sobre el Gobierno fue máxima, también por parte de Unidas Podemos, lo que llevó al Ejecutivo a establecer un cortafuegos. Por un lado, denunciaron ante la Audiencia Nacional que cuatro de sus miembros, entre ellos el propio Sánchez, habían sufrido en sus teléfonos móviles casi un año antes, en junio y julio de 2021, un ataque con el mismo software espía.
La acción, cuyas fechas coincidieron con la crisis diplomática con Marruecos, fue investigada durante más de un año por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien acordó archivar las pesquisas ante la "absoluta" falta de cooperación de Israel el pasado el 10 julio. Las investigaciones concluyeron que el teléfono del presidente del Gobierno fue infectado en cinco ocasiones entre octubre de 2020 y diciembre del año siguiente, llegando a extraerse "al menos" 2,57 gigabytes en uno de estos ataques.
La otra acción del Ejecutivo fue el cese de Esteban como directora del CNI a principios de mayo de 2022 y en su lugar se eligió a Esperanza Casteleiro. El Gobierno justificó esta decisión por "un fallo claro de seguridad en las comunicaciones". Desde entonces, los partidos separatistas y sus entidades civiles han seguido denunciando el caso en el Parlamento Europeo.
La ley que blinda la información del CNI
En la última reunión del Consejo de Ministros antes de las vacaciones, el 25 de julio, el caso Pegasus se estableció como orden del día por primera vez. En la mesa se examinó la solicitud de desclasificación de información secreta elevada por la titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, quien investiga la denuncia por presunto espionaje presentada por el grupo parlamentario de ERC.
Estas pretensiones chocan con la ley de 2002 que regula la actividad del CNI, lo que blinda la difusión de determinada información reservada. En la comparecencia a puerta cerrada de Esteban, en mayo de 2022, solo admitió 18 de los 65 espiados que denunció Citizen Lab. Ni siquiera mencionó sus nombres y solo entregó las autorizaciones judiciales individuales para el visionado de los diputados. Aunque todos los portavoces entendieron que se espió con Pegasus, Esteban no lo reconoció amparándose en la ley reguladora del CNI.
Esta norma señala que la comisión tendrá acceso a las materias clasificadas como secretas "con excepción de las relativas a las fuentes y medios" usados por el centro y de las que procedan de servicios secretos extranjeros. En una futura comisión de investigación se podrán volver a acoger a dicha ley, lo que impedirá informar quién autorizó la compra del programa, en caso de haberse hecho, y si se llegó a utilizar.
Según la ley del CNI, es la Comisión de Secretos Oficiales, y no una comisión de investigación, la que puede tener acceso a información clasificada sobre el funcionamiento y las actividades del servicio secreto, por lo que las opciones de lograr nuevas informaciones por parte de ERC y Junts son muy limitadas.
Tercera comisión parlamentaria del caso Pegasus
De llevarse a cabo esta exigencia por parte de las fuerzas independentistas, sería la tercera comisión parlamentaria de investigación sobre el caso Pegasus. La primera se produjo en el Parlamento de Cataluña, ante la que se negaron a comparecer el presidente Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, entre otros.
La segunda, ha sido propuesta por la comisión del Parlamento Europeo, que en el mes de mayo elaboró un informe en el que pedía a las autoridades españolas una "investigación completa, justa y exhaustiva" del presunto espionaje.
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