El juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, ha archivado la causa por el supuesto espionaje con el programa informático Pegasus de los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y tres ministros ante la "absoluta" falta de cooperación jurídica de Israel. Las investigaciones de Gadea han llevado a concluir que el teléfono del presidente del Gobierno fue infectado en cinco ocasiones entre octubre de 2020 y diciembre del año siguiente, llegando a extraerse "al menos" 2,57 gigabytes en uno de estos ataques.
Las diligencias que Calama ha dirigido desde la Audiencia Nacional han llegado a un callejón sin salida dado que Israel no ha contestado a la comisión rogatorias enviada desde el tribunal español, de forma que las pesquisas no pueden continuar en este país, en el que se encuentra la empresa NSO Group, creadora y propietaria de la herramienta de espionaje.
Sin embargo, el auto del magistrado revela parte de los hechos delictivos cometidos. Pegasus fue utilizado para espiar los dispositivos móviles de Pedro Sánchez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
El software, señala Calama, "dispone de la capacidad de acceder a prácticamente cualquier información almacenada en el dispositivo". Más aún, a través de Pegasus se pueden realizar acciones en el teléfono infectado, como activar el teléfono, grabar las llamadas, acceder al posicionamiento GPS o hacer capturas de pantalla.
Según indica el auto, "el teléfono móvil del presidente del Gobierno presenta indicios de haber sido infectado por Pegasus en cinco ocasiones". Entre el 19 y el 22 de mayo de 2021, el software estuvo instalado en el dispositivo de Sánchez y consiguió extraer "al menos" 2,57 gigabytes. Unos días más tarde tuvo lugar otra infección que logró exfiltrar 130 megabytes del móvil del presidente.
El teléfono de Margarita Robles fue infectado cuatro veces, todas entre mayo y octubre de 2021. Entre ambas fechas se extrajeron 9 megabytes del dispositivo, según ha confirmado Calama, que confirma por otro lado que "la cantidad real de datos exfiltrados puede ser mayor" de lo que se conoce.
El dispositivo de Grande-Marlaska estuvo infectado hasta en dos ocasiones, ambas en julio de 2021. Los espías consiguieron obtener 6,8 gigabytes de información del teléfono. El móvil de Planas sufrió un intento de infección el 25 de junio de 2021, si bien la escasa cantidad de información extraída "sugiere" que se trató de un intento frustrado de espiar el dispositivo del ministro de Agricultura.
Las investigaciones realizadas por el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Criptológico Nacional han podido identificar todas infecciones pero no han logrado determinar su autoría, una tarea con la que Israel no ha querido colaborar.
"Falta absoluta de cooperación" de Israel
El magistrado explica que Israel no ha contestado a la comisión rogatoria enviada por la Audiencia Nacional y ha frustrado la continuación de la investigación seguida por la infección con dicho programa de los dispositivos móviles.
"Lamentablemente, en este momento procesal, transcurrido más de un año desde la emisión de la citada comisión rogatoria, no se ha recibido respuesta alguna, pese a haber sido objeto de ampliación por una vez, y reiterado el cumplimiento en otro par de ocasiones. Este silencio evidencia claramente una absoluta falta de cooperación jurídica por parte del Gobierno de Israel. Lo que permite presumir que la comisión rogatoria en cuestión, cuatro veces remitida, no va a ser cumplimentada nunca", reprocha el auto de Calama.
El juez remitió hasta cuatro veces una comisión rogatoria a Israel en la que pedía información de la empresa propietaria de Pegasus, NSO GROUP, y la declaración como testigo de su máximo responsable. El objetivo, frustrado, era tratar de averiguar la autoría de los ataques dirigidos contra el Gobierno de España. A lo largo de estos meses, Calama amplió la solicitud de cooperación jurídica y envió hasta dos recordatorios, pero no ha habido respuesta de Israel.
De forma que Calama concluye que desde su juzgado "poco o nada puede hacer" para que la investigación avance, y considera que "solo resta una eventual vía diplomática que sea capaz de impulsar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales, y cuyo ejercicio corresponde al Gobierno, en este caso, además, víctima del delito objeto de investigación".
"Sin duda, la Abogacía del Estado, personada en las presentes actuaciones, como representante procesal de la Administración General del Estado, impulsará el ejercicio de dicha vía a través de los mecanismos con los que a tales fines cuenta el Gobierno de España”, señala.
Según la Convención de Viena de 1969, Israel debería explicar las razones de la negativa a ejecutar la comisión rogatoria, pero su negativa ha llevado al juez a una "impotencia investigadora" que impide conocer la realidad de lo sucedido.
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