Un destacado miembro del Gobierno, el número tres del PSOE y, en medio, una ministra que al mismo tiempo es vicesecretaria general de los socialistas. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, son los encargados de gestionar las "discretas" negociaciones que primero deben desencadenar en un acuerdo para que el PSOE siga presidiendo el Congreso y, constituidas las Cortes, una nueva investidura de Pedro Sánchez.

Después de las elecciones del 23 de julio, el presidente en funciones impuso tranquilidad y silencio sobre los contactos entre el PSOE y el resto de partidos -todos menos el PP y Vox- con los que explorar vías para armar una mayoría parlamentaria que le permitan seguir en el Gobierno.

Eso no quiere decir que no se estén produciendo ya conversaciones, que según reiteraba Montero este martes en una entrevista en TVE se están llevando dentro de la más estricta "discreción". Por una parte, para dejar descansar a los ciudadanos con tanta intensidad política, según instruyó Sánchez a los suyos la semana pasada. Por otra, porque si algo tienen claro los dos miembros del 'ticket' PSOE y Sumar por experiencia de la pasada legislatura, radiar cada paso es la mejor manera para que descarrilen estas conversaciones.

Las tres personas a las que Sánchez ha encargado estas gestiones son Montero, Bolaños y Cerdán, apuntan en el Gobierno. Por mucho que la primera evitase esta martes por todo los medios dar detalles en una entrevista en TVE.

"Soy muy discreta cuando tenemos que trabajar en algo tan importante como administrar la confianza de los ciudadanos. Seguro que me perdonan que no dé ningún detalle de quiénes están en una parte u otra de las negociaciones", dijo Montero ante la insistencia de Marc Sala, conductor de La Hora de la 1. Sí terminó reconociendo que "estamos hablando" y que hay "contactos", primero para la Mesa del Congreso que el PSOE espera poder seguir presidiendo. Después, para la investidura de Sánchez.

Reparto de papeles

El reparto de papeles entre los tres dirigentes socialistas es claro, al margen de la contribución que puedan hacer otras figuras del partido, como desde Barcelona el líder del PSC, Salvador Illa, que en la última semana se ha sumado discretamente a la reclamación del Parlament a que el Gobierno acceda a condonar parte de la deuda autonómica.

Como no podría ser de otra manera, la ministra de Hacienda llevará las cuestiones relativas al dinero. El compromiso que manifestó este martes de "impulsar" como cosa "urgente" la reforma del sistema de financiación autonómica en la próxima legislatura ya esto de aproximarse a la reivindicación de ERC y Junts de acabar con el déficit fiscal. Montero hizo hincapié sobre esta cuestión que de momento no ha parecido suficiente al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que exige no un café para todos sino reducir en concreto el déficit catalán.

Aragonès corrige a Montero: no desea reformar la financiación de las CC AA sino que el Gobierno "acabe con el déficit" catalán

Sin embargo, esta propuesta abrió la veda, a favor y en contra. Desde la Comunitat Valenciana, Compromís instó a la Generalitat del popular Carlos Mazón a entrar en esta reclamación y desde Madrid el gobierno de Isabel Díaz Ayuso rechazó de plano condonar deuda autonómica 

Las buenas artes que Montero pueda desplegar en materia económica también serán necesarias, llegado el caso, para satisfacer las expectativas de Coalición Canaria, que desde los años 90 ha permitido investiduras y aprobación de Presupuestos mediante concesiones particularmente en materia fiscal.

Límites jurídicos

Pero la eventual investidura no solo será cuestión de dinero. La continuidad de Sánchez depende de PNV, Bildu, ERC y Junts, partidos nacionalistas e independentistas que también exigirán en diversos grados cesiones territoriales. De esta cuestión y del encaje jurídico de cualquier solución que se plantee se encarga el ministro de Presidencia. En el Gobierno se destaca su perfil técnico y responsabilidades pasadas como hacer que en 2019 la exhumación de Franco del Valle de los Caídos -hoy Cuelgamuros- cumpliera exquisitamente la Constitución y la Ley de Memoria Democrática.

El presidente del PNV, Andoni Ortúzar, pidió hace unos días a Sánchez "un acuerdo sobre el modelo territorial" con vascos y catalanes, a los que recordó que necesita para su investidura. "No digo que acepte el 100% de nuestras peticiones, pero tiene que abrir ese melón", dijo en una entrevista a El País.

En este plano jurídico, Bolaños también tendrá que bregar con las exigencias de ERC y Junts. Los primeros han puesto como una de sus tres condiciones -junto con la transferencia de las competencias de Rodalíes y el déficit fiscal 'competencia ' de Montero- que Gobierno y la parte catalana se mantengan sentados a la Mesa de Diálogo -en cuyo nacimiento y alcance ya tuvo mucho que ver Bolaños- hasta el final y hasta que eventualmente trate cuestiones relativas a la autodeterminación. "El conflicto se resolverá votando, con un referéndum", planteó este martes Aragonés, que recordó su propuesta de "acuerdo de claridad", la fórmula canadiense que permitió dar cabida legal al referéndum de Quebec.

De momento en una posición de máximos, los de Carles Puigdemont siguen exigiendo la amnistía y una consulta, dos cuestiones que Montero dejó de nuevo claro ayer que no están dentro de los límites constitucionales de los que el PSOE no piensa salirse.

La vía navarra

En tercer lugar, el secretario de Organización del PSOE podrá volver a desplegar buenas relaciones con Bildu o con BNG, que anunciaron que apoyarán una investidura de Sánchez para evitar un Gobierno PP-Vox pero que también harán valer sus "agendas". 

Más difícil todavía, el navarro Cerdán podrá intentar explorar un nuevo acuerdo con Unión del Pueblo Navarro, un partido conservador que se presenta en Navarra como garantía de voto para el PP pero cuyo presidente, Javier Esparza, reconoció hace unos días que con los números que dieron las urnas no es posible la investidura de Alberto Núñez Feijóo. En esta tesitura, a Cerdán podría corresponderle intentar forjar un nuevo acuerdo con Esparza -con quien dice mantener buenas relaciones a pesar de la diferencia ideológica- para que UPN vuelva a prestar un apoyo crucial al PSOE, como el que se frustró en febrero del año pasado. Entonces fueron los mismos Cerdán y Esparza los que acordaron que los dos diputados que entonces tenía UPN en el Congreso votarían a favor de la reforma laboral, aunque el pacto no llegó a buen puerto porque ambos rompieron la disciplina de voto y votaron 'no' como el PP, el partido por el que ocuparán ahora sendos escaños.

La negociación, cosa del PSOE

Con este reparto de funciones, el PSOE quiere tener todos los flancos de las negociaciones cubiertos y, aunque Sumar quiera intervenir allá donde crea que tenga posibilidad, Montero lanzó este martes un mensaje muy claro sobre los movimientos de los de Yolanda Díaz. Al día siguiente de las generales, la vicepresidenta segunda designó al 'común' Jaume Asens que fuera él quien entablara contactos con Junts y desde su partido se ha llegado a decir que la amnistía y la autodeterminación pueden ser cuestiones que estén sobre la mesa para conseguir el apoyo de los de Carles Puigdemont a la investidura de Sánchez.

Montero desautorizó este martes esta postura y también dejó claro que, dentro del bloque PSOE-Sumar, las negociaciones son cosa de los socialistas. "Quienes están hablando es el principal partido que conforma el bloque progresista, el PSOE, y seremos nosotros lo encargados de contactar con los grupos políticos y hacer las gestiones, que ya tenemos entrenamiento en esta legislatura", avisó la ministra de Hacienda en funciones.