España se va de vacaciones sin la certeza de si habrá un Gobierno estable cuando despierte de su descanso en septiembre. Y si hay un momento en el que la estabilidad es importante para la política económica, ese es, sin duda, el segundo semestre de 2023. En primer lugar, porque el país tiene que empezar a prepararse para la vuelta de las reglas fiscales en 2024. Bruselas ya ha puesto deberes: un ajuste presupuestario de 9.000 millones si España no quiere exponerse a sanciones. Y, en segundo lugar, porque la economía se enfrenta a un escenario de incertidumbre en el que los motores de crecimiento empiezan a dar señales de agotamiento.

La segunda mitad del año siempre es importante a nivel económico, pero en esta ocasión lo es más si cabe, dadas las circunstancias. La vuelta del verano es cuando empiezan los preparativos para elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Las cuentas públicas tienen que estar listas antes del 30 de septiembre para remitirlas a Bruselas en octubre y que después la Comisión de su visto bueno en noviembre. 

Sin embargo, este año el ciclo presupuestario se verá condicionado por el parlamentario. El calendario sugiere que no habrá un nuevo Ejecutivo como pronto hasta la primera semana de septiembre y el proceso podría dilatarse fácilmente hasta noviembre. Si no hay éxito, tendrán que repetirse las elecciones y el nuevo Ejecutivo difícilmente tomaría los mandos antes de 2024.

Los resultados de las elecciones no anticipan que la investidura vaya a resolverse rápido. El bloque de la derecha no suma y cuenta con la oposición declarada del resto del arco parlamentario. Mientras que el de izquierda necesitaría, en principio, el apoyo de ERC, Bildu, PNV, BNG y la abstención de Junts. Algo que no está, ni mucho menos, garantizado.

La economía española creció un 0,4% en el segundo trimestre gracias al tirón de la demanda nacional

En esta tesitura, si no hay Presupuestos, las cuentas públicas de 2023 se prorrogarán automáticamente el año que viene, aunque el Ejecutivo tiene la posibilidad de aprobar unos nuevos presupuestos que sustituyan a los prorrogados más adelante. El problema es que las cuentas actualmente en vigor están diseñadas para un escenario sin reglas fiscales con una previsión de déficit del 3,9%. 

España se ha comprometido con Bruselas a reducir el desequilibrio en las cuentas al 3% en 2024, lo que implicaría un ajuste de al menos 9.000 millones de euros. En principio, si se cumple con la recomendación de la Comisión Europea de retirar las medidas de apoyo para aliviar los precios de la energía, sería suficiente como para cubrir la mayor parte del ajuste. Conviene recordar que si España incumple sus objetivos de déficit se expone a sanciones desde Bruselas. Una penalización que, más allá de lo económico, preocupa por los efectos reputacionales que acarrea. 

Y es que la cuestión no es solo convencer a la Comisión Europea de que España es capaz de cuadrar las cuentas, también hay que persuadir a los mercados. Con un BCE en retirada, el país queda más expuesto a que los inversores quieran comprar títulos de deuda pública española, aunque por el momento España no está teniendo problemas para colocar su deuda.

Hacia la ralentización

El panorama macroeconómico del segundo semestre también se presenta incierto. Todos los augurios apuntan a que la inestabilidad política se solapará con una ralentización de la economía que ya se empieza a percibir en varios indicadores. Sin ir más lejos, el crecimiento económico en el segundo trimestre se ralentizó al 0,4% con una caída de las exportaciones mayor de la esperada. En esa misma línea, los datos de afiliación a la Seguridad Social de junio ya reflejaron una ralentización en la creación de puestos de empleo, con la cifra más baja en ocho años para este mes.

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Las perspectivas para los próximos dos trimestres están marcadas por la incertidumbre. En Europa, el contexto es de estancamiento económico, con el motor alemán gripado en un entorno en el que las fuertes subidas de tipos del BCE seguirán mermando el crecimiento. Según siga avanzando el año, las subidas de tipos de interés seguirán desplegando sus efectos y enfriarán aún más la economía. 

El euríbor seguirá haciendo mella en el bolsillo de los alrededor de cuatro millones de hogares hipotecados a tipo variable. Las previsiones de Funcas sugieren que las cuotas de los préstamos seguirán encareciéndose al menos hasta mayo de 2024. En este contexto de tipos históricamente altos, podrían volver a surgir tensiones financieras como las vividas en marzo con la quiebra de Silicon Valley Bank y Credit Suisse.

La gran esperanza es la evolución del consumo. Con las exportaciones en declive por la debilidad en Europa, el gasto de los hogares podría ser el salvavidas de la economía nacional en los próximos meses. La bajada de la inflación, sumada a la mejora de los salarios, permitirá que las familias recuperen parte del poder adquisitivo perdido durante la crisis. La fuerte creación de empleo que se ha producido en el último año también puede contribuir el consumo.

Otra de las variables clave será el ritmo de ejecución de los fondos europeos de recuperación, que se ha ralentizado considerablemente en la primera mitad del año. Entre enero y junio de 2023 se han comprometido solo 7.700 millones de euros, una cuantía menor a la de los dos ejercicios anteriores a estas alturas (20.620 millones en 2021 y 12.856 millones en 2022). España tiene que pedir aún el cuarto y el quinto desembolso —dotados de 10.000 y 7.000 millones respectivamente— que deben solicitarse antes de que concluya 2023.

Aun con todo, el crecimiento económico logrado hasta la fecha será, a todas luces, suficiente como para garantizar que España cierre 2023 como la gran economía europea con mayor avance del PIB en 2023. Aunque el PIB nacional se congelara en los dos trimestres que restan de año, el crecimiento será como mínimo del 2% por el efecto arrastre de finales del año pasado.