La Comisión Europea ha informado este martes de que ve problemas de competencia en la fusión anunciada entre Orange y MásMóvil porque teme que se reduzca el número de operadores de redes en los mercados minoristas españoles de servicios de telecomunicaciones móviles e internet y ello redunde en "grandes subidas de precios" para los clientes finales.

Bruselas anunció el pasado abril el inicio de una investigación en profundidad para determinar si la operación, que creará un nuevo líder por clientes en España, podría poner en riesgo la competencia en la oferta de paquetes de servicios múltiples y en el servicio minorista de banda ancha móvil y fija.

En su examen preliminar, el Ejecutivo comunitario ha concluido que el proyecto de empresa "puede reducir la competencia en la prestación al por menor de servicios de telecomunicaciones móviles e internet fijo, así como de paquetes de servicios múltiples en España". La Comisión teme, por ejemplo, que al reducirse el número de operadores se elimine también una "importante presión competitiva y un rival innovador en los mercados minoristas españoles".

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En el pliego de cargos comunicado este martes por el Ejecutivo comunitario, los servicios comunitarios explican su preocupación por el hecho de que la fusión pueda dar lugar "a grandes subidas de precios para los clientes minoristas afectados en todo el mercado español".

"Los efectos anticompetitivos previstos son sustanciales, incluso teniendo en cuenta los posibles ahorros de costes, en un contexto en el que la competencia ha sido un motor de inversión y calidad de los servicios en el mercado español", ha informado la Comisión Europea en un comunicado.

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Bruselas recuerda que Orange y MásMóvil son el segundo y cuarto mayores proveedores de servicios de internet móvil y fijo al por menor en España, mercado en donde operan cuatro grandes proveedores de redes móviles -con Telefónica y Vodafone además de Orange y MásMóvil-, pero existen también varios operadores de redes virtuales móviles y fijas que utilizan las infraestructuras de los operadores de red para ofrecer sus servicios.

La operación fue notificada al Ejecutivo comunitario el pasado 13 de febrero y, tras la investigación abierta en abril y el pliego de cargos notificado ahora, se abre ahora un plazo hasta el 4 de septiembre para que los servicios comunitarios tomen una decisión definitiva.