La economía española ha cerrado el círculo. El PIB recuperó en el primer trimestre de 2023 el nivel de producción prepandemia, según los datos publicados el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que revisó al alza el avance registrado en los tres primeros meses del año, situándolo en el 0,5%. Primera meta, conseguida. Sin embargo, más a largo plazo, sobrevuela en el horizonte económico de España el reto de hacer frente al envejecimiento de la población. "El envejecimiento tiende a reducir tanto la fuerza laboral y su contribución al crecimiento como las tasas de ahorro", señaló esta semana la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero.

En los últimos veinte años la población española ha crecido un 15%, hasta superar los 48 millones de residentes. No obstante, la evolución ha sido desigual por grupos de edad. La población de entre 20 y 40 años se ha reducido más de un 20%, mientras que la de más de 50 años ha aumentado un 47%, hasta superar los 20 millones de personas. Uno de cada tres residentes en España es fruto del baby boom de las décadas de 1960 y 1970, una generación cuyo avance transforma a su paso la pirámide poblacional, elevando la edad media —actualmente supera los 44 años— y el grueso de residentes hacia los segmentos de edad más altos. 

Ese cambio demográfico tiene un impacto económico. Un reciente estudio del think tank Caixabank Research calcula que entre 2010 y 2019, el envejecimiento de la población ha reducido el crecimiento económico 0,6 puntos porcentuales cada año. Es decir, que si el envejecimiento se hubiera mantenido constante, la expansión del PIB per cápita en 2019 habría sido del 2,2% en lugar del 1,6%. En la misma línea, el estudio apunta a que el envejecimiento reducirá el crecimiento económico 0,7 puntos anuales entre 2020 y 2029 y 0,6 puntos en la década siguiente.

Esa traducción del envejecimiento en términos económicos se debe principalmente a la disminución de la capacidad productiva del país por la merma de la mano de obra. De este modo, la Autoridad Independiente de la Autoridad Fiscal (AIReF) estima que la población en edad de trabajar —que actualmente ronda los 32 millones de personas— descenderá progresivamente entre las décadas de 2030 y 2050 hasta bajar de los 29 millones en 2050, mientras que la población total irá en aumento hasta superar en dicha fecha los 50 millones de residentes en España. 

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"Esta disminución de la población en edad de trabajar es resultado de la jubilación de las cohortes de población nacidas en los sesenta y setenta", explica el supervisor fiscal en su Opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones Públicas a largo plazo. En consecuencia, teniendo también en cuenta que la esperanza de vida seguirá en aumento hasta rozar los 90 años en 2070, según los cálculos de la AIReF, la tasa de dependencia, es decir, la proporción que representa la población mayor de 66 años sobre la población en edad de trabajar ascendería en 2050 hasta el 51,4%, frente al 26,6% en el que se sitúa actualmente, y posteriormente descendería hasta el 45,9% en 2070.

La merma de la población en edad de trabajar a partir de 2030 y el consiguiente aumento de la tasa de dependencia reducirá previsiblemente la capacidad de crecimiento asociada a la actividad humana, tal y como reconoció esta misma semana la presidente de la AIReF. Según los cálculos del organismo, que proyecta un crecimiento económico medio del 1,3% entre 2020 y 2070, la contribución del factor trabajo al crecimiento del PIB caería del 6,6% en 2021 al 0,6% en 2026, para pasar a un 0,1% entre 2027 y 2015 y recuperarse hasta un promedio del 0,3% en las dos décadas siguientes.

La inmigración como contrapeso

Todas estas cifras no dejan de ser proyecciones que apuntan tendencias, aunque cuál sea la evolución real de todas estas variables dependerá de muchas variables. Por ejemplo, la reducción de la población en edad de trabajar puede tratar de corregirse mediante políticas orientadas a ralentizar el envejecimiento, aumentar la participación femenina y de los mayores en el mercado laboral, prolongar la vida laboral o favorecer la inmigración. 

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En ese sentido, la inmigración ha sido clave para mantener el tamaño de la población española a lo largo de las últimas décadas y apunta a serlo también en el futuro. Los cálculos de la AIReF incorporan una estimación promedio de 235.000 entradas netas anuales entre 2020 y 2050 y de 339.000 entre 2051 y 2070. Esta llegada de población migrante amortiguaría la reducción de la población en edad de trabajar, pero no revertiría la tendencia. "Esta es una variable sujeta a cambios más drásticos y rápidos que los restantes componentes que rigen la dinámica poblacional y está muy influida, además, por las políticas que adoptan los países de salida y entrada", explicó esta semana Herrero en un seminario sobre sistemas de pensiones y mecanismos de solidaridad intergeneracional.

"Una población más envejecida podría tener menores incentivos a la innovación y a la acumulación del capital humano y también menor capacidad para adoptar nuevas tecnologías, pero, en sentido contrario y positivo, la reducción de la población en edad de trabajar podría incentivar la automatización de procesos, elevando la productividad de la economía", añadió la presidenta de la AIReF. Esta lógica apunta a la posibilidad de suplir el factor trabajo por medio de la innovación, todo un reto en una economía de servicios como la española, donde la automatización de procesos es más complicada que en aquellas en las que, por ejemplo, predominan actividades industriales.