El candidato popular a la Presidencia continúa empleándose en mostrar su compromiso con el feminismo. Días después de su primer gran pacto con Vox en la Comunidad Valenciana y menos aún de que, a raíz de este pacto, saliera a clarificar que para él "la existencia de la violencia de género es una obviedad", ha anunciado que si llega al Gobierno tras el 23-J, aprobará una ley contra la trata de mujeres y niños explotados. Un compromiso que -dice- responde a las demandas de "las feministas clásicas" que han rechazado las políticas de Irene Montero -como la ley del 'solo sí es sí' o la ley trans- y que vendría a cristalizar una iniciativa que el Gobierno tiene "guardada en un cajón".

Según han transmitido desde el PP, Alberto Núñez Feijóo ha aceptado el compromiso de apoyar "una de las demandas históricas del feminismo clásico" para legislar contra la trata de mujeres y niños tras asistir a un ciclo organizado por la fundación de su partido, Reformismo21, sobre 'Riesgos para los menores y retos del feminismo: el espejismo queer y la explotación sexual'.

Además de retomar el debate de una ley que el Gobierno nunca llevó al Parlamento pese a haber aprobado un anteproyecto en noviembre, el candidato del PP a la Presidencia promete aprobar una reforma de la ley trans en los 100 primeros días de Gobierno. Para ello, el PP ha creado un grupo de expertos para que en los primeros meses de su Gobierno se impulse una norma que cumpla con los objetivos de garantizar el respeto y el derecho del colectivo trans. Así se lo ha transmitido el líder de la oposición a las mujeres allí presentes, como Amelia Valcárcel, Mabel Lozano o Montserrat Iglesias, quienes -según el PP- han felicitado a Feijóo por haber apoyado al PSOE en la reforma de la ley del 'solo sí es sí'.

Por otro lado, Feijóo ha aprovechado la reunión con miembros de su think tank para explicarles otro de sus proyectos en materia de protección de menores. Se trata de una normativa con la que busca controlar el acceso de los menores a contenidos pornográficos y frenar el impacto que el acceso abusivo a las redes sociales provoca en los menores de edad. 

En definitiva, un plan para regular el uso de redes para los menores que incluiría multas a empresas tecnológicas que lo incumplan y que tenía previsto presentar en el Congreso tras las elecciones del 28-M, antes de que estas se disolvieran por la convocatoria exprés de las generales.