La ley de trata aterrizará finalmente en el Consejo de Ministros este martes. Llega tarde, al menos mucho más de lo esperado, y con algunas diferencias todavía insalvables entre los socios de Gobierno. El anteproyecto -que contempla cárcel para puteros y personas que se lucren de la prostitución, y otorga derechos a las víctimas- se aprobará en primera vuelta sin uno de los reclamos de Unidas Podemos: que las víctimas de trata en situación administrativa irregular puedan obtener los papeles sin necesidad de interponer una denuncia previa.

Este era el único punto por salvar en la negociación que se ha fraguado durante meses en el seno del Ejecutivo. Tiempo ha habido -Igualdad remitió un primer texto a Justicia en el mes de enero- y más teniendo en cuenta que la aprobación de la norma se tuvo que posponer hace dos semanas porque la titular de Justicia, Pilar Llop, dio positivo en covid. Pero aun así no han logrado llegar a un punto de acuerdo respecto a la regularización de las víctimas de explotación sexual en situación irregular. 

Para el departamento de Irene Montero, la propuesta de Justicia es "insuficiente" y "no responde" a lo que demandan los organismos internacionales o las entidades expertas en atención a víctimas de trata y explotación sexual. Considera "imprescindible" que el texto incluya la posibilidad de que las víctimas de trata que no tengan papeles puedan acceder a un permiso de residencia y trabajo, así como a toda la atención social, sin necesidad de que colaboren con la policía o interpongan una denuncia, "tal y como sucede con el resto de víctimas de violencia contra las mujeres". 

El Gobierno impulsa un Plan contra la Trata para mejorar la protección de las víctimas y desincentivar la prostitución

Actualmente, a las víctimas de trata de origen extranjero se les exige que colaboren con la Policía para poder ser regularizadas y acceder así a las ayudas. Lo que pretende Igualdad, tal y como incidió la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez, en una entrevista con 20minutos, es "darle la vuelta a ese sistema" y ofrecerles primero un trabajo, formación, vivienda, etc.

En ese sentido, la futura ley de trata contempla la creación de un Mecanismo Nacional de Derivación mediante el cual, con la colaboración de la Policía y las unidades de violencia de género, el Estado pueda acreditar a las víctimas de trata para que accedan a las ayudas disponibles y puedan salir de la situación de explotación. 

En ese sentido, el Ministerio de Igualdad estima igualmente necesario que en todo el proceso de acreditación a las víctimas se incluya a las ONG que están "a pie de calle", y a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, para que este no sea un proceso "exclusivamente policial". 

No obstante, fuentes del ala socialista del Gobierno subrayan que el hecho de que la norma vaya a Consejo de Ministros implica un "acuerdo de mínimos" entre los ministerios que coproponen (Justicia, Igualdad, Interior e Inclusión). "Si no hubiera acuerdo, no puede elevarse (en Consejo de Ministros)", detallan. Así, recuerdan que todavía "hay margen para cambios" en la segunda vuelta, antes de enviar el texto a la Cámara Baja. 

Hasta cuatro años de cárcel para los puteros

Del documento no se han detallado muchas líneas generales, salvo que establece medidas para hacer frente a todas las formas de trata de seres humanos (y no solo la sexual, como planteó Igualdad en un principio). Medios como la Cadena Ser han tenido acceso a algunas de las claves que apuntan a un endurecimiento de las penas al proxenetismo y fortalecen las medidas sociales para las víctimas.

Según publicó esta emisora, la futura ley contra la trata prevé penas de cárcel de hasta cuatro años para los puteros, que quedarán exentos del castigo siempre y cuando el suceso haya sido ocasional y hayan denunciado la situación. Fijan también penas de prisión de cuatro años para los que hagan negocio con la prostitución y/o destinen algún inmueble o establecimiento a la explotación ajena.

Más graves son las condenas que fijan para delitos de esclavitud (hasta 12 años) o por delitos de trata y explotación (8 años), recogiendo en estos últimos el haber forzado a alguien a realizar actividades de naturaleza sexual, mendicidad o cualquier otra actividad delictiva.

Con todo, y a un año de las elecciones generales, la ley tiene pocos visos de prosperar si no se tramita por procedimiento de urgencia. La de este martes será tan solo la primera vuelta. El texto todavía debe recibir los informes preceptivos de los órganos consultivos, ratificarse de nuevo en el Consejo de Ministros, y ser sometido a debate entre los grupos parlamentarios en las Cortes.