Seis de cada diez solicitudes de asilo son denegadas en España, que se sitúa a la cola de los países de la Unión Europea (UE) en cuanto al reconocimiento, pese a ser el tercer país europeo que más peticiones recibe. Si la media europea alcanzó en 2022 uno de los porcentajes de reconocimiento de protección más altos de la historia (38%), en España esa tasa desciende hasta el 16,4%, solo por delante de Malta o Chipre.

En concreto, 118.842 personas solicitaron asilo en España en 2022, según el informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), cuyos datos han sido presentados este lunes con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas. Cifras que, según ha subrayado Estrella Galán, directora general de CEAR, "no son reales" y "están edulcoradas", pues no contabilizan a los miles de personas que no pueden acceder a una cita para solicitar asilo por las trabas que se encuentran en el sistema. Actualmente, el tiempo medio para conseguir una cita previa es de en torno a los seis meses, lo que, estiman, implica que probablemente haya entre 70.000 y 80.000 personas pendientes de formalizar una solicitud de protección internacional.

"Es urgente aumentar la disponibilidad y agilizar la asignación de citas. El registro debe ser inmediato y nunca superior a los plazos de 3-6 días", ha subrayado Elena Muñoz, coordinadora estatal de jurídico de CEAR, quien también ha incidido en que esas personas quedan en un "limbo legal" que les impide acceder a los servicios básicos y, en definitiva, a sus derechos reconocidos legalmente. 

Doble velocidad de asilo

Por ello, la organización ha hecho un llamamiento este lunes para que se impulse en España un pacto social y político que respete el principio de asilo; y que se aborde una estructura administrativa que dependa de Presidencia, con el presupuesto suficiente y coordinada con todas las instituciones competentes para garantizar que la acogida sea de la misma calidad que el acceso. Es decir, que reduzca esa diferencia entre todas las solicitudes de asilo que recibe España (que fue en 2022 el tercer país de la UE con más peticiones, solo por detrás de Alemania y Francia) y las que concede (es el tercero a la cola). 

"Vivimos en una doble velocidad de asilo en nuestro país: la que tiene que ver con la inclusión y la acogida; y la que tiene que ver con el acceso al asilo", ha subrayado Galán.

El informe también reitera la necesidad de garantizar que los Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE), que han resultado esenciales para dar respuesta a la emergencia humanitaria derivada de la guerra en Ucrania, puedan convertirse en "ventanillas únicas de asilo" en las que poder registrarse e iniciar el procedimiento de reconocimiento, independientemente del lugar de procedencia. 

En esa línea, CEAR destaca la "voluntad política" que demostraron tanto España como los países de la UE a la hora de acoger y garantizar los derechos de los refugiados ucranianos "en tiempo récord". Una respuesta que, denuncian, se vio "empañada" por la tragedia que tuvo lugar en Melilla el pasado 24 de junio, en la que al menos 37 personas perdieron la vida, 77 están desaparecidas y 470 fueron "devueltas ilegalmente".

Además, que España asuma el próximo 1 de julio la Presidencia del Consejo de la UE es, para CEAR, una "oportunidad histórica" para liderar una política migratoria "que ponga en el centro a los derechos y a las personas". La organización pide defender una "posición garantista" en las negociaciones del Nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, para cuyo acuerdo se ha fijado la fecha límite de mayo de 2024.

En ese sentido, Galán ha alertado de la "peligrosa deriva" del acuerdo tras comprometerse los Estados miembros a la reubicación de 30.000 migrantes cada año con la opción de aportar 20.000 euros por cada persona rechazada o de financiar a terceros países en materia de control migratorio y fronterizo.

Siete de cada diez llegan por vía aérea

Según el informe, siete de cada diez personas que solicitan protección internacional en España son de nacionalidad latinoamericana y llegan por vía aérea, "lejos de del imaginario de que llegan a través de la valla", ha incidido Muñoz. El perfil, ha explicado, ha cambiado respecto a los años anteriores: en 2022 se registró un mayor número de mujeres (46%), y con hijos a su cargo, lo que, según coordinadora estatal de jurídico de CEAR, "las sitúa en una situación mucho más vulnerable en esa falta de acceso a la protección". 

Por séptimo año consecutivo, Venezuela fue el principal país de origen (38,5% de las solicitudes formalizadas), seguido de Colombia, Perú, Marruecos y Honduras. 

Las cinco comunidades autónomas donde más solicitudes se registraron el año pasado fueron Madrid (47.658), Andalucía (11.722), Cataluña (10.396), Comunidad Valenciana (7.258) y Canarias (6.446); y en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se registraron un total de 963 solicitudes de asilo, casi el doble que en 2023. 

A nivel europeo, los países recibieron 963.067 solicitudes de protección internacional, lo que supone un aumento del 53% con respecto a 2021 y anota la cifra más alta desde 2016. Un incremento que, para CEAR, responde al fin de las restricciones por la pandemia, con el aumento global del desplazamiento forzado y por las más de cinco millones de personas procedentes de Ucrania que se registraron como solicitantes de protección temporal en los Estados miembros.