El Ministerio de Igualdad ha sugerido este viernes equiparar las ayudas que se conceden a las víctimas de violencia machista con las de terrorismo, ante la diferencia "extraordinaria" que considera que existe entre ambas indemnizaciones. En una comparecencia ante los medios tras el comité de crisis convocado para evaluar la concentración de cinco asesinadas por violencia de género en este mes de mayo, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha planteado también una revisión más exhaustiva de las licencias de armas. El objetivo es acortar los tiempos de revisión y retirárselas automáticamente o evitar que se les conceda a los denunciados por violencia machista.

Según ha detallado la número dos de Irene Montero, a los familiares de las víctimas de terrorismo se les concede una ayuda que asciende a los 250.000 euros, frente a los 95.000 previstos para los allegados de las asesinadas por violencia de género. "La diferencia es extraordinaria", ha subrayado Rodríguez, quien ha sugerido recortar ese desequilibrio de 160.000 euros en caso de fallecimiento y también en los casos del resto de ayudas, como cuando la violencia deriva en una invalidez o una discapacidad de la víctima. "El Estado debe decirle a las víctimas que hemos llegado tarde, que no ha hecho todo lo que podía hacer", ha aseverado, antes de subrayar que es labor de las instituciones asumir una "política de reparación". 

Otra de las medidas planteadas tras analizar uno de los casos en el que la expareja de la víctima le disparó a bocajarro en plena calle en Orio, Guipúzcoa (País Vasco), es limitar la concesión de licencias de armas. "Sería sensato comenzar a revisar cuál es la política de licencia de armas en nuestro país", ha defendido Rodríguez. Lo que ha propuesto Igualdad en el comité de este viernes es incluir en la revisión de esas licencias aspectos que tengan que ver con la prevención de la violencia machista. 

La violencia de género no da tregua y se mantiene en niveles de hace una década

Según ha detallado, actualmente no se le concede una licencia de armas a una persona diagnosticada con problemas graves de salud mental o con antecedentes penales o de violencia de género. "Pero ante una denuncia de violencia de género no se le retira automáticamente", ha aseverado. Así, plantean que, ante una denuncia por violencia machista, al agresor se le retire ese permiso "de manera automática". También "acortar los tiempos de revisión" de esas licencias de manera ordinaria, y dar la posibilidad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de poder monitorizar los datos que figuren en el Sistema VioGén para cruzarlos con los de tenencia de armas y analizar aquellas situaciones que puedan aumentar el riesgo. 

Detectar los fallos en el sistema

Estas son dos de las medidas que se han puesto sobre la mesa en el comité de crisis institucional en el que Igualdad, Interior, comunidades autónomas y unidades de violencia de género se han reunido para evaluar los cinco feminicidios ocurridos en este último mes. Rodríguez ha señalado que este ha sido el quinto mes de mayo con más asesinadas desde que hay recuento (desde 2003), aunque ha habido otros años, como 2009, cuando la cifra ascendió a nueve víctimas por violencia de género. 

El objetivo de estas reuniones, que se empezaron a hacer en diciembre y se convocan de forma extraordinaria cuando se dan cinco o más asesinatos, es analizar caso a caso para poder detectar las posibles brechas en el sistema a la hora de proteger a las mujeres que fueron asesinadas en manos de sus parejas o exparejas. 

En ese sentido, desde el departamento dirigido por Irene Montero han querido hacer un llamamiento a la ciudadanía: "Es importantísimo que los entornos de las víctimas sepan cómo actuar", ha aseverado la secretaria de Estado de Igualdad, quien ha recordado que la línea de teléfono 016 es una herramienta muy útil para denunciar posibles casos de violencia de género. 

Reajustar el fondo de pago de alimentos

Un aspecto que, según ha concluido Igualdad este viernes, también es "fundamental abrir una reflexión" y reajustar el fondo de garantía de pago de alimentos y, en definitiva, todas las ayudas para la reparación de las víctimas. Proponen "mapear" todas las "violencias" que se dan en el ámbito del pago de las pensiones, y modificar el fondo para que incluya, no solo a los menores de edad, sino también a las personas dependientes a cargo de la víctima o hasta los 27 años en los casos necesarios.

En esa línea sugieren también aumentar el umbral mínimo, que ahora está en los 8.000 euros, y ampliar la cuantía mensual en términos de anticipo (de los 100 euros actuales hasta los 500). "Es lo que va a permitir evitar esas situaciones de vulnerabilidad económica", ha subrayado Rodríguez. 

Reforzar la protección a embarazadas

Del mismo modo, y ante los dos casos de asesinatos en este mes de mayo en los que la mujer estaba embarazada, se ha propuesto ampliar la protección para asegurar "que el embarazo llegue a buen término", ha detallado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. Que, en definitiva, la orden de protección que se dicte tras una denuncia por violencia de género, incluya también al bebé incluso cuando este ya haya nacido, "para después no obligar a la mujer a pedir específicamente esa suspensión de visita o esas otras medidas civiles".

Ingresa en prisión el acusado de matar a su expareja en un apartahotel de Vitoria

Con todo, las medidas planteadas este viernes deberán ser ratificadas en una Conferencia Sectorial de Igualdad con las consejeras del ramo de cada comunidad autónoma, aunque Rosell ha aclarado que, en lo que tienen que ver con medidas que son competencia de Igualdad se ponen en marcha "de inmediato".

El número confirmado de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 20 en 2023 y a 1.204 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos. Asimismo, 22 menores quedaron huérfanos en consecuencia en este año, lo que eleva la cifra total desde 2013 a 399.