El Gobierno aprobará antes de que termine el mes de junio la reforma de la tarifa regulada de la electricidad, el denominado Precio de Venta al Pequeño Consumidor (PVPC), que busca hacer que el precio de la luz que pagan unos nueve millones de hogares -incluidos los más vulnerables- que están adscritos a ella dependa menos de las subastas mayoristas diarias, que registraron picos continuados el año pasado, y sea más estable mediante un sistema que tendrá en cuenta contratos a distintos plazos, a uno y tres meses y un año. La luz verde definitiva se producirá más de un año después de que España se comprometiera a ello con la Comisión Europea a cambio de que autorizara el mecanismo ibérico y después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pusiera múltiples objeciones sobre la manera de calcular el precio regulado de la luz que también compartiría la Comisión. Este viernes, en Madrid, la directora general de Energía de la Comisión, Ditte Juul Joergensen, se ha limitado a pedir que el nuevo sistema ofrezca "certeza" en el precio y a los inversores.

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha asegurado que "queda muy poquito" para que vea la luz una reforma con la que el Gobierno calculó que podría haber un ahorro general de 297,1 millones de euros al año en las facturas de la luz. Además de hogares y hogares vulnerables que quieran solicitar el bono social, en el nuevo diseño que ha realizado el Ministerio de Transición Ecológica también está previsto que puedan acogerse a la tarifa PVPC las microempresas y que también en ella se repercuta el coste del bono social eléctrico que pagan todos los consumidores.

"Estamos trabajando para tener la propuesta aprobada, nos gustaría que en este primer semestre", ha dicho Aagesen, que ha recordado que queda "muy poquito" para que termine este plazo, a final de junio como muy tarde. En todo caso y según el último borrador conocido de la reforma, esta no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2024.

Visita de la número dos de Energía

Aagesen ha acotado el plazo para aprobar la reforma durante el desayuno informativo en el que ha presentado a la directora general de Energía de la Comisión Europea, de visita en Madrid para reunirse después con la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

En los últimos días, fuentes del sector habían apuntado que también Bruselas albergaba dudas sobre el método de cálculo de la electricidad y que a eso obedecía el hecho de que el Gobierno todavía no haya aprobado la reforma, que en el proceso legislativo interno estaba lista desde que el Consejo de Estado dio el último paso previo con un dictamen que remitió a Transición Ecológica a principios de abril. La reforma establece que al final de un periodo de transición el 45% de la tarifa seguirá siendo dependiente del mercado diario y el 55% restante, de señales de plazo, en función del precio de una cesta de productos en tiempo mensual, trimestral y anual, además de los costes de los servicios de ajuste del sistema y, en su caso, otros costes asociados al suministro.

Este viernes, sin embargo, Juul Joergensen ha evitado hacer comentario sobre el proceso todavía en marcha. "Es una cuestión que se está debatiendo en el seno del Gobierno, no creo que sea la persona más indicada para responder" a si la Comisión albergaba dudas sobre el proyecto. 

"Lo qué es que cuanta más certeza tengamos en cuento a precio y clima inversor, mejor será. Lo importante es trabajar de forma muy coordinada", ha añadido la número dos de la comisaria de Energía, Kadri Simson, antes de reunirse con Ribera.