Con seis meses de retraso, el Ministerio de Transición Ecológica ha emprendido el penúltimo paso para aprobar la nueva tarifa regulada de electricidad con la que busca estabilizar el precio de la luz, que ya no dependerá solo del mercado diario y se combinará con contratos a distintos plazos. El departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha remitido el borrador definitivo al Consejo de Estado, el paso anterior a que llegue al Consejo de Ministros para su aprobación. La nueva PVPC (Precio de Venta al Pequeño Consumidor), que se esperaba para 2023, no entrará en vigor hasta 2024 para dar tiempo a cumplir con la facilidad que se ha dado a las comercializadoras para adquirir electricidad con contratos a plazo, un elemento con el que Ribera espera dar respuesta a las objeciones al proyecto que en diciembre pasado manifestó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

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La reforma de la tarifa PVPC era un compromiso que el Gobierno adquirió con la Comisión Europea cuando en mayo del año pasado dio luz verde al mecanismo ibérico para limitar el precio del gas que se utiliza para generar electricidad. Se estableció un "mandato" para que "antes del 1 de octubre de 2022" se modificara la tarifa regulada de la luz a la que hasta ahora podían acogerse los consumidores vulnerables y los hogares y pequeñas y medianas empresas con un consumo no superior a 10 kilovatios al año. El propósito era hacerla menos dependiente de las subastas diarias de electricidad y a sus vaivenes que el año pasado provocaron picos de precios históricos. En su lugar, la reforma combinará este mercado diario con otro a plazo, con compras de electricidad por parte de las comercializadoras a uno y tres meses y un año.

El objetivo de la reforma no cambia, pero sí el tiempo porque, finalmente, la nueva PVPC no verá ya la luz en 2023 y está previsto que la nueva fórmula para calcular el precio de la luz surta efectos a partir del 1 de enero de 2024. Fuentes de Transición Ecológica explican que el motivo del retraso es la solución con la que se pretende vencer las dudas de la CNMC, que en una opinión del primer borrador emitida en diciembre llegó a advertir de que el plan inicial podría encarecer -y no abaratar, como es el objetivo último- el precio de la luz para los consumidores con tarifa regulada. Ribera intenta que es no sea así facilitando la adquisición de energía en los mercados de futuros en los meses antes de que entre en vigor la PVPC, de manera que debe dar tiempo a esto ocurra antes del 1 de enero de 2024.

Menos peso de los vaivenes diarios

Por lo demás, la nueva tarifa PVPC no cambiará con respecto al diseño inicial que hizo el Gobierno. Para determinar el precio de la electricidad las subastas en el mercado diario que ahora lo determinan en su totalidad serán solo una parte del precio final, que se combinará con los precios que las comercializadoras acuerden en contratos de compra a uno y tres y a un año.

Para la señal de precio a plazo, la cesta anual representará el 10% del total; el producto trimestral, el 36% y el anual, un 54%, mantiene el borrador definitivo del real decreto que publica Cinco Días, que también mantiene un periodo transitorio para pasar de la dependencia total del mercado diario que tiene ahora la tarifa PVPC a otro en el que este se combine con la señal a plazo. Para 2025, el 55% tiene que formarse con los contratos a uno y tres meses y un año y el 45% en el mercado diario que tantos sobresaltos ha dado a los consumidores en el último año.

Microempresas y bono social

Podrán seguir beneficiándose de la tarifa regulada los consumidores vulnerables y los hogares que no consuman más de 10 kilovatios al año y también las microempresas. A diferencia de lo que ocurre ahora, quedarán fuera las pymes, aunque está previsto que las que tengan contratada la tarifa PVPC el 1 de enero de 2024 podrán continuar con ella hasta que venza su contrato.

También como novedad, la tarifa regulada de la electricidad repercutirá en los consumidores acogidos a ella el pago del bono social, que tras la sentencia del Tribunal Supremo que rechazó que solo lo pagaran las empresas ahora lo reparte entre estas -de producción, transporte, distribución y comercialización- y también los consumidores en función de su consumo eléctrico. Ahora, el Gobierno también repercute este coste en las comercializadoras de referencia de la tarifa PVPC y en sus clientes.

"Las comercializadoras de referencia, en tanto participan en la actividad de comercialización, están obligadas a financiar el bono social, por lo que correspondería incluir un término en el PVPC que recoja el coste del bono social", dice el borrador del decreto, que introducirá un nuevo componente en la estructura del PVPC para recoger el coste del bono social que deben soportar también las comercializadoras de referencia y sus clientes en el mercado regulado.