El Banco de España se ha sumado a las voces críticas con la reforma de las pensiones culminada recientemente por el Gobierno. El supervisor bancario sostiene que "previsiblemente" habrá que adoptar medidas para reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones ya en 2025, año en el que está prevista la primera evaluación de sostenibilidad que correrá a cargo de la Airef. 

El Banco de España se muestra especialmente crítico con la reforma. El supervisor sostiene que la norma introduce "obligaciones de gasto que no han sido plenamente compensadas con ingresos", advierte de que la subida de las cotizaciones puede destruir cientos de miles de puestos de trabajo y atribuye al gasto en pensiones la mitad del aumento registrado en el déficit público estructural tras la pandemia.

Conviene recordar que, grosso modo, la reforma prevé compensar el aumento del gasto esperado en los próximos años con una subida generalizada en las cotizaciones sociales —especialmente a los salarios más elevados—, la ampliación de las bases máximas de cotización y medidas para demorar la jubilación. A la vez que garantiza que las pensiones mínimas y no contributivas no caen por debajo del umbral de la pobreza, mejora la cobertura de lagunas y el complemento por brecha de género.

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Respecto al desequilibrio entre ingresos y gastos, el Banco de España señala que la reforma supondrá en su momento de plena vigencia (2050) un desfase de 2,3 puntos de PIB (unos 30.000 millones en euros de 2022). El incremento de los ingresos estimado en 1,4 puntos de PIB, no será suficiente como para compensar un aumento del gasto estimado en 3,7 puntos de producto interior bruto. En su memoria técnica, el Ejecutivo cree que este desequilibrio será de solo nueve décimas de PIB (12.000 millones), suficiente como para cumplir con la senda de gasto prevista.

Respecto a los efectos sobre el empleo, el Banco de España admite que son difíciles de cuantificar y la literatura económica no es concluyente al respecto. No obstante, elaboran una simulación que sugiere que por cada punto porcentual que sube la cotización media efectiva se reduce un 0,25% el número de ocupados transcurridos cuatro años. 

Si se aplican estas cifras a la subida prevista por la reforma —2,7 puntos porcentuales cuando haya concluido el periodo transitorio de la misma— la destrucción de empleo rondaría los 138.000 puestos de trabajo. Estos efectos sobre el empleo podrían repercutir negativamente en la propia sostenibilidad del sistema al reducirse el número de cotizantes y, por tanto, los ingresos por cotizaciones.

Además, el Banco de España cuestiona la reducción de las bonificaciones fiscales a los planes privados de pensiones acometida por el Gobierno. En concreto, señala que España es uno de los países con un marco fiscal menos favorable a este vehículo de ahorro privado, que deberá desempeñar un  "papel relevante" en las jubilaciones futuras.

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Por todo ello, el supervisor bancario recomienda una evaluación rigurosa, continua y transparente de la reforma, con un ojo puesto especialmente en los efectos de la demora en la jubilación y en las consecuencias redistributivas y de equidad intergeneracional que pueda provocar.

Piden un ajuste presupuestario "ambicioso"

Uno de los principales retos que afronta la economía española a medio y largo plazo es reducir la abultada carga que supone una deuda pública equivalente al 113% del PIB. En este sentido, el supervisor bancario advierte de que sin un "plan de saneamiento presupuestario ambicioso" la deuda alcanzará el 120% del PIB en 2040. 

El Banco de España sostiene que el déficit estructural —el desequilibrio en las cuentas una vez descontados los efectos del ciclo económico —se ha elevado considerablemente tras la pandemia, pasando del 3% sobre el PIB en 2019 hasta un 3,6% en 2022. Según el supervisor, el aumento del gasto en pensiones explicaría la mitad del incremento registrado.

En este contexto, el supervisor sostiene que si se acometieran reformas estructurales ambiciosas que redujeran el déficit anual en cinco décimas sobre el PIB —un ajuste que rondaría los 6.600 millones—, la deuda se reduciría al 78% en 2040. Una cifra que todavía quedaría lejos del umbral máximo del 60% que prevén las reglas fiscales europeas.

A la hora de ajustar, el supervisor bancario aconseja revisar todos los capítulos de gasto en busca de más eficiencia y potenciar partidas como educación, sanidad o inversión pública, que tienen potencial para impulsar el crecimiento económico y que están infrafinanciadas en comparación con otros países europeos. También recuerdan que los efectos de la inflación sobre el gasto llegan con retardo y que la subida de tipos del BCE elevará la factura de intereses de la deuda española en los próximos años.

Por el lado de los ingresos, el supervisor llama a no confiarse con el boom en la recaudación tributaria registrado entre 2021 y 2022. Los analistas de la institución estiman que la mitad de la recaudación obtenida en ese periodo es achacable a la inflación y advierten de que ya hay indicios claros de que se está desacelerando.