La contundencia de la Ley de Cambio Climático que aprobó el Gobierno en mayo de 2021 para obligar a las ciudades de más de 50.000 habitantes a delimitar zonas de bajas emisiones (ZBE) ha sucumbido a los imperativos políticos y a su clímax, la campaña electoral para las elecciones municipales del 28 de mayo. Desde que en diciembre expiró el plazo para que 149 municipios hubieran creado estas zonas, no ha habido más incorporaciones que la decena de ciudades que cumplieron con la ley. Lo que sí ha habido ha sido atajos y maneras de retorcer una ley que ni siquiera el Ministerio de Transición Ecológica ha velado por hacer cumplir. El resultado es que, medio año después de que terminara el plazo legal, casi ninguna ciudad tiene una zona de bajas emisiones y que, aunque por lo general los partidos no discrepan en la necesidad de crearla, ecologistas, técnicos municipales y asociaciones de comerciantes tienen claro que no llegará hasta que se cierren las urnas. Las restricciones y las multas no casan bien con la campaña y deberán llegar con los gobiernos municipales que lleguen después del 28M.
"Ha habido dejadez de todas las administraciones locales y del Ministerio por una cuestión puramente política", afirma Cristian Quílez, responsable de Transporte y Movilidad de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) una organización sin ánimo de lucro que desde hace meses hace seguimiento de la -no- incorporación de las ciudades obligadas por ley a crear una zona de bajas emisiones.
Ninguna nueva incorporación
El resultado no puede ser más decepcionante. La ley decía que los 149 municipios que tienen más de 50.000 habitantes deberían tenerlas activas para 2023, de modo que el plazo venció el 31 de diciembre. Sin embargo para esa fecha, solo una decena larga de municipios cumplían, entre ellas Madrid y Barcelona o L'Hospitalet del Llobregat desde hacía años. A partir de enero, se abrió una nueva fase en la que los municipios siguieron incumpliendo la ley -algunos, con el pretexto que les dio el propio Ministerio días antes de que terminara 2022- y el Gobierno mirando para otro lado. Desde entonces, Ecologistas en Acción y Ecodes aseguran que no se ha sumado "ninguna otra ciudad". Un recuento efectuado por este periódico de la situación en las 29 ciudades que tienen más de 200.000 habitantes arroja que ninguna de las que no la tuviera ya en diciembre se ha sumado al club.
En lugar de lanzar campañas de información y concienciación a los ciudadanos con que los ecologistas creen que se combate la "impopularidad" que supone restringir el tráfico, los alcaldes y la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, estuvieron todo 2022 enzarzados en reclamar una prórroga los primeros y en negarla la segunda. Al mismo tiempo, los ediles exigían un reglamento claro sobre cómo poner en pie las ZBE sin riesgo a que ningún tribunal las declarara ilegales -como ocurrió con las de Madrid y Barcelona al principio y, hace tan solo unos meses, con la de Gijón- y el Ministerio aseguraba que era suficiente con las directrices que difundió en la primavera del año pasado. Hasta que cuatro días antes de que terminara el año y el plazo legal para la creación de ZBE en 149 ciudades el Gobierno aprobó un real decreto con pautas claras, que llegaron en el toque de campaña. Sin embargo, añadió una disposición que daba 18 meses más a los ayuntamientos que ya hubieran implantado zonas de bajas emisiones, para que las "adaptaran" a las pautas que fijaba el decreto. Esto provocó que los alcaldes de Valencia o Zaragoza -tercera y cuarta ciudad más pobladas- aprobaran apresuradamente ordenanzas provisionales, que no pasaron ni por el pleno ni por consultas públicas, con el único objetivo de ganar ese tiempo extra y no computar como ciudades incumplidoras.
En ese caso, tampoco habría sucedido nada porque ni en la Ley de Cambio Climático ni en ese decreto de diciembre el Ministerio fijó un régimen sancionador ni dijo qué ocurriría a las ciudades que no restringieran el tráfico. Ribera dijo entonces que se estudiaría "caso por caso". Cinco meses después, fuentes de su Ministerio deslizan, sin dar más detalles, que ha habido "contactos" con los alcaldes, que está claro que no se han traducido en más ZBE. Sin sanciones, la única forma de 'obligar' a los ayuntamientos a restringir el tráfico en algunas zonas tiene que ver con los 1.500 millones del Fondo de Recuperación de la UE para financiar la creación de las ZBE. España está obligada a gastarlos para ese fin específico y no hacerlo supondría tener que devolverlos o recibir una penalización todavía mayor que frenara la llegada de otros tramos de subvenciones europeas. En diciembre, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ya repartió 1.000 millones y el mes pasado adjudicó otros 500, que los ayuntamientos celebraron públicamente, pero en la mayoría de los casos evitaron desvelar cómo van a invertirlos.
Por ejemplo, Zaragoza (gobernada por el PP) y Valencia (por Compromís y el PSOE) siguen sin tener activas las zonas. En la capital aragonesa simplemente se han acotado, pero sin cámaras para controlar los accesos ni mucho menos multas, mientras que en la valenciana todavía se está estudiando dónde poner las cámaras que registrarán las infracciones. El alcalde de Alicante, Luis Barcala (del PP), proclama en tono electoral que "sí vas a poder ir con tu coche al centro" mientras calla lo que la prensa local llama el "secreto mejor guardado", cómo será la zona de bajas emisiones de la ciudad. Entre tanto desbarajuste, el ayuntamiento de Granada (del PSOE), como tanto otros, ya ha presentado cómo será su ZBE, con power point donde directamente dice que el plazo para hacerlo es finales de 2023, un año después de lo que dice la ley. Málaga, la sexta ciudad más poblada, anunció a bombo y platillo que la ZBE empezará a funcionar en enero de 2024 mientras que mientras municipios como Vitoria o Las Palmas presentan como restricción al tráfico zonas que ya estaban peatonalizadas.
Para después de las elecciones
"Es una cuestión que se resolverá con las elecciones, lo que han hecho la mayor parte de los ayuntamientos ha sido posponerlo por la impopularidad que puede generar, aunque creemos que se habría podido contrarrestar si se hubiera explicado [a los ciudadanos] durante todo el año pasado", dice Quílez, de Ecodes. "El Ministerio es de un signo político y las elecciones afectan a todos los signos políticos en todos los ayuntamientos".
También Ecologistas en Acción tiene claro que todo ha quedado paralizado por las elecciones, tal y como en conversaciones privadas asegura cualquier técnico municipal de cualquier ayuntamiento. "Públicamente, hay una utilización electoral del miedo que pueden generar las restricciones al tráfico pero en privado hablas con candidatos de todos los colores y todos te reconocen que lo van a poner en marcha", dice la responsable de ZBE de esta ong, Carmen Duce. A pesar de este quorum, las restricciones al tráfico son motivo de batalla electoral en localidades como León o Ponferrada. Mientras que la oposición de Vox es transversal. Su candidata en Granada advierte de que las cámaras que será necesario instalar "restringirán libertades" de los ciudadanos.
"Somos conscientes de que si no se explica, es impopular y pone en riesgo al ayuntamiento que lo haga", admite Quílez. Porque delimitar una zona de bajas emisiones "no es solo poner cámaras, tiene tiene que ir acompañado con transporte público, que se vea una transformación, que vaya ya más allá del 'te prohíbo entrar aquí con coche'". También hace falta, señala Duce, algo tan básico como contar con personal municipal suficiente. Así pasa por ejemplo en Elche (235.000 habitantes), con tres técnicos para el área responsable del desarrollo sostenible, la movilidad y el tráfico. "Les han concedido 13 millones de euros y no saben ni cómo lo van a gestionar sin un administrativo", dice Duce.
Ecologistas, asociaciones de comerciantes o técnicos municipales coinciden en que restringir el acceso de vehículos en determinadas zonas de la ciudad -y multar a quienes se lo salten- "penaliza" de cara a la campaña electoral. Aunque están pensadas para descongestionar de tráfico el centro de las ciudades, hacerlas más transitables y reducir la contaminación que afecta a la salude los ciudadanos, sin las campañas de concienciación que los ayuntamientos han renunciado a hacer, Ecologistas en Acción y Ecodes tienen claro que la parte más visible es la incomodidad de no poder ir en coche a determinados sitios o el temor a que algo así perjudique a la actividad comercial y económica en general. Aunque haya estudios que indican lo contrario. "Cada vez es más costoso ser propietario de un coche y todos los estudios que se han hecho, en Madrid, Londres o Berlín, indican que más espacios para caminar provocan más ventas en locales pequeños", dice la responsable de Ecologistas en Acción.
Movimientos en contra
Si en lo que va de año no se han creado más zonas de bajas emisiones lo que sí ha ocurrido es que la oposición a las mismas empieza a organizarse, de un modo que ya trasciende a lo que ocurra en cada ciudad. Por ejemplo, la Alcaldía de Valladolid ha recibido 170 impugnaciones a su propuesta de ordenanza de 70 organizaciones distintas, de la ciudad y también de fuera de ella.
La Confederación Española de Cascos Históricos (COCAHI) va a escribir a los ayuntamientos, al Ministerio y a la UE también para pedir una prórroga de varios años para implantar ZBE. Su presidente, José Ángel Blanco, cree que es "prematuro" hacerlo en ciudades que "no están preparadas" y donde se "perjudica muchísimo" a los comerciantes. De cara a la campaña electoral, asegura que "no quieren condicionar el resultado absolutamente nada, pero sí que los partidos políticos se conciencien de la realidad que padecemos".
En esta 'cruzada' están asociaciones que forman parte de la COCAHI, que también dan por hecho que todo cambiará después del 28 de mayo. "La zona aún no está activa porque vienen las elecciones y no quieren complicarse. Son listos y esperan a que pasen", afirma Agustín Ordejón, gerente de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Santander. Sabe que "gane quien gane" tendrá que poner en pie una ZBE y pide "cordura" para "dejar llegar al centro" en coche, porque de momento no hay aparcamientos "de bajo coste" como alternativa.
En Santa Cruz de Tenerife, la zona de bajas emisiones ya está delimitada y aún no activa, algo que la presidenta de la Asociación Zona Centro, Ruth Dorta, también da por hecho que ocurrirá tras el 28-M. "Todos los grupos [políticos] saben que es la tarea pendiente que tenemos", explica. Así se lo han asegurado y también que se diseñará en conversación con los comerciantes tras las elecciones. "Lo primero en la lista en cuanto se nombren los cargos", afirma.
En el sentido opuesto, Ecodes y Ecologistas en Acción también quieren incidir ante el 28M con una campaña con el lema "Espacio para respirar" que está ya recorriendo varias ciudades españolas para defender la recuperación del espacio público y apostar por la mejora de la calidad del aire y en la que las zonas de bajas emisiones son un factor clave.
Así pues, todo se juega a lo que ocurrirá a partir del 29 de mayo, cuando de las urnas salga nuevas -o las mismas- corporaciones municipales, que podrán actuar ya sin ataduras electorales a cuatro años vista. Mientras que Ordejón, de la Asociación de Comerciantes de Santander, depara una "aberración", Ecodes espera ver hechos. "Ya no valen los compromisos, queremos que a partir del 29 de mayo los nuevos ayuntamientos pasen a los hechos y a la acción e implementen ZBE ambiciosas y eficaces", exige Quílez. Se abrirá un plazo de siete años para que "en 2030 los municipios tengan una movilidad lo más cercana a la excelencia".
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