Con el mismo poco margen de tiempo que la mayoría de los alcaldes, el Ministerio de Transición Ecológica ha esperado a que falten cuatro días para que termine 2022 para aprobar el decreto que define exactamente una zona de bajas emisiones (ZBE) y qué requisitos tiene que cumplir, desde el punto de vista de la contaminación, medioambiental o acústico para dotar a los ayuntamientos de la "seguridad jurídica" que muchos de ellos alegan que no tenían para aprobar las ordenanzas para crear áreas de tráfico restringido "antes de 2023". 

Ahora, el Gobierno da 18 meses a los ayuntamientos  que ya han implantado zonas de bajas emisiones para que las adapten al nuevo decreto. A las que no, la mayoría, Transición Ecológica advierte de que incumplirán la ley y se abre a estudiar caso por caso el motivo de que no  hayan delimitado dentro del plazo las zonas de tráfico restringido y los plazos que manejan para ponerlas en marcha.

El real decreto es vital para los ayuntamientos, que desde hace meses exigían pautas concretas sobre cómo proceder para delimitar ZBE sin verse denunciados ante los tribunales, como ha sucedido en Madrid y Barcelona y, más recientemente en Burgos por una cuestión especialmente sensible de cara a las elecciones municipales de 2023. Hasta ahora, son muy pocas, una quincena, las ciudades que han llegado a tiempo del plazo que marca la Ley del Clima, del total de 149 de más de 50.000 habitantes que están obligadas a implantar una zona de bajas emisiones, además de las islas y los municipios de más de 20.000 habitantes que superen los límites de contaminación.

"El Ayuntamiento está a la espera de que se publique el real decreto que tendrá que aprobar el Gobierno central, donde se desarrolle de manera pormenorizada esta materia", explicaban este mismo martes en el consistorio de Albacete, donde como en la mayoría de las ciudades todavía continúan los preparativos. En su caso, la Concejalía de Movilidad Urbana y la Concejalía de Sostenibilidad de Albacete están trabajando en la licitación de un contrato de asesoramiento técnico especializado en la materia para "ayudar" a definir los criterios a aplicar en la ZBE, indicaban en este consistorio horas antes de que el Consejo de Ministros aprobara la norma.

No habrá prórroga

Esto es precisamente lo que hace el real decreto, en el que el Ministerio pasa por encima del incumplimiento flagrante de la mayoría de las ciudades y recuerdan que la ley dicta que "adoptarán antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzca medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones de la movilidad incluyendo, entre otros, el establecimiento de zonas de bajas emisiones". 

No es la primera vez que el Gobierno hace oídos sordos a las advertencias de los alcaldes de que no llegarían a tiempo o sus peticiones de prórroga. A finales de octubre, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, les apremió mediante una carta remitida a la FEMP a que se dieran prisa para tener loas ZBE "antes de 2023", al considerar que habían tenido tiempo suficiente. Este martes, el Ministerio recuerda que "se ha proporcionado un plazo de más de 18 meses a los municipios para que puedan establecer sus ZBE" desde que aprobó la Ley de Cambio Climático, en mayo de 2021, y que en noviembre de 2021 elaboró en colaboración con la FEMP y publicó unas "directrices" para el establecimiento de las ZBE. El departamento de Ribera ha defendido en todo este tiempo que era suficiente para que los ayuntamientos hicieran y aprobaran sus correspondientes ordenanzas, algo que de momento no ha hecho una amplia mayoría

Reducir contaminación y coches a motor

Para empezar, el decreto define las zonas de bajas emisiones como "el ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente".

El objetivo de la creación de estas zonas debe ser "mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático" y deberán cumplir "objetivos de calidad acústica" y promover el cambio modal, del tipo de vehículo y la eficiencia energética en el uso del transporte.

En cuanto a los objetivos de calidad del aire, el Ministerio apunta en su decreto que las ZBE deben "comportar una mejora con respecto a la situación de partida" y, a la postre, cumplir las directrices de la OMS sobre calidad del aire, que limitan la presencia las seis sustancias contaminantes de las que más datos se tienen sobre sus efectos para la salud: partículas en suspensión, ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre  y monóxido de carbono.

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Por lo que respecta a los objetivos para mitigar el cambio climático, los ayuntamientos deberán definir "objetivos medibles y cuantificables" en sus proyectos de ZBE de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se conseguirán con ellas para 2030. En especial, tendrán  en cuenta el objetivo de "reducción de la utilización del vehículo privado motorizado" frente al resto de modos de transporte.

Como ya ocurre en Madrid o Barcelona, el resto de municipios que delimite zonas de bajas emisiones deberá limitarlas a los vehículos menos contaminantes, aunque el decreto contempla que, si está debidamente justificado, puedan acceder a ellas de forma "excepcional" y "por razones justificadas" vehículos contaminantes si prestan servicios públicos básicos como emergencias o recogida de basuras.

También según el real decreto, los municipios deberán facilitar la instalación de puntos de recarga o suministro de combustibles limpios como el hidrógeno, así  como medidas complementarias en edificación como la rehabilitación energética eficiente y el fomento de sistemas de climatización sin emisiones.