La misión del Parlamento Europeo que visitó España para evaluar la ejecución de los fondos europeos de recuperación ha presentado un primer borrador del informe con las principales conclusiones que extrajeron de su visita. El documento, al que ha tenido acceso 20minutos, desarrolla algunas reivindicaciones que ya se esbozaron al cierre del viaje. En concreto, la delegación reclama "más flexibilidad" para agilizar el despliegue de los fondos, más información sobre la ejecución real del plan, un mejor entendimiento entre administraciones públicas y una mayor colaboración con la lucha antifraude entre las autoridades españolas y europeas.

El borrador se ha debatido este martes en el seno de la Comisión de Control Parlamentario (CONT por sus siglas en inglés) que preside la alemana Monika Hohlmeier, parlamentaria del PP europeo que encabezó la visita. El debate se ha celebrado claramente en clave de política nacional española. Solo han intervenido eurodiputados españoles más allá de Hohlmeier y un representante de la Comisión Europea. Además, conviene recordar que el contenido definitivo del informe es competencia exclusiva de la presidenta de la CONT, el resto de participantes pueden proponer modificaciones, pero corresponde solo a Hohlmeier decidir si las atiende o no.

El informe destaca que España va "a la cabeza" en la implementación del programa tras haber recibido ya tres pagos, además de la prefinanciación. También constataron que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), una de las denominaciones que tienen los fondos de recuperación, son un instrumento "muy exigente" para las autoridades y los receptores de los fondos. Además, señala que España aportó información sobre todo el proceso de licitación y que la delegación encontró muchos datos disponibles. Hasta aquí lo bueno.

El documento señala que la implementación de los fondos debe ser "más flexible" y se hace eco de las quejas recibidas desde la administración regional y el mundo empresarial por la fuerte carga administrativa de los fondos. En este aspecto, el informe menciona que la complejidad de las licitaciones y la incertidumbre legal en materias como los conflictos de interés —con una definición demasiado amplia— han frenado la implementación de los fondos. 

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En consecuencia, la delegación concluye que hacen falta más recursos, apoyo técnico y capacidad administrativa para asegurar la rápida implementación del plan. Por ello, reclaman tanto a la Comisión Europea como a las autoridades españolas que garanticen más flexibilidad y que trabajen para reducir la carga administrativa y burocrática. 

En concreto, reclaman que los controles previos sean "proporcionados". Algo que ha sorprendido a la eurodiputada socialista Isabel García, vicepresidenta de la CONT. "Los controles ex ante que sirven para evitar los conflictos de intereses. Esto no se puso en cuestión en ningún momento", ha señalado García, que también ha criticado que, a su juicio, no se recojan en el informe los aspectos positivos observados durante la visita.

En el plano territorial, el informe llama al Gobierno central y las comunidades a "profundizar el diálogo y la cooperación" para asegurar el éxito del plan de recuperación. Las conclusiones de la misión se hacen eco de las quejas que presentaron algunas autonomías, que reprocharon que no se tuviera en cuenta sus necesidades en el diseño del plan. En este aspecto, el informe sostiene que no se convocan conferencias sectoriales (el foro de encuentro entre el Gobierno central y las comunidades) desde junio del año pasado. No obstante, la propia Hohlmeier ha reconocido que la participación de las autonomías empezó floja, pero "ha mejorado muchísimo".

Sin datos de ejecución real

Cuando se anunció la visita de la misión, Hohlmeier situó entre sus prioridades saber "donde está el dinero". Una cuestión que, a ojos del informe, sigue siendo una incógnita, pese al rechazo a esta afirmación de algunos miembros de la delegación. "Cuestiones importantes quedaron sin respuesta, en particular las que atañen a las cantidades de fondos que han llegado a receptores finales", recoge el texto. En este sentido, el Ejecutivo ha defendido que tres de cada cuatro euros de los fondos presupuestados "ya está en la economía", aunque se resiste a publicar datos de ejecución que reflejen verdaderamente los pagos a destinatarios finales.

Más colaboración antifraude

Aunque al concluir la misión, la presidenta Hohlmeier afirmó que no se había detectado fraude, uno de los principales reproches del informe se da en este ámbito. En particular, la delegación reclama a las autoridades españolas que faciliten el acceso a los datos de ejecución a la Fiscalía Europea y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Eso sí, Sistemas de auditoría CoFFee y Minerva"operativos, funcionales e implementados en su mayor parte" aunque sufrieron retrasos al principio.

Además, ha identificado problemas en la velocidad a la que se reportan las sospechas de fraude a la Fiscalía europea, dado que estos pasan antes por el filtro de la Fiscalía española y no se le remiten directamente al organismo europeo. La propia Fiscalía europea reconoce que por el momento solo uno de los 15 casos de fraude que se están investigando con fondos europeos procede de una empresa privada española.

Finalmente, el informe dedica un pequeño apartado a la reforma de las pensiones. Sobre ella, el borrador señala que "inspiró algunas críticas". Entre ellas, la posibilidad de que, tras la reforma, el sistema "siga incrementando el déficit presupuestario" y los efectos sobre la sostenibilidad del sistema que podría acarrear el incremento de las pensiones no contributivas. No obstante, en este aspecto conviene señalar que la evaluación de las reformas del plan corresponde en exclusiva a la Comisión Europea, que se pronunciará sobre el texto cuando España solicite el cuarto desembolso de los fondos.