Tres de cada cuatro euros del gasto presupuestado con cargo a los fondos europeos habrían llegado ya a la economía, según el Gobierno. Así lo ha expresado este jueves la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que ha comparecido junto a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, para presentar el III Informe de Ejecución de los fondos europeos. Sin embargo, los datos de ejecución que proporciona el Ejecutivo no dan información de los pagos que realmente se han materializado con cargo a los fondos del plan.

La ministra de Hacienda ha destacado que ya se han reconocido obligaciones de pago por valor del 75% de los fondos presupuestados en 2021 y 2022 (unos 39.492 millones en términos brutos). Las obligaciones reconocidas son para Montero el indicador para monitorizar el ritmo de ejecución real de los fondos. Para la ministra de Hacienda, una obligación de pago "significa que has adjudicado, que el beneficiario de esa medida sabe que lo es". "Eso ya está en la economía porque, más allá de cuando se hace el pago, que es la última parte, estás diciendo que esta persona se puede ir a un banco", ha añadido Montero. 

Sin embargo, la cuestión es algo más compleja. Entre esos alrededor de 39.500 millones de euros en obligaciones reconocidas a las que se refiere Montero, una parte muy importante corresponde a transferencias de fondos hacia otras administraciones (comunidades autónomas, ayuntamientos) y organismos autónomos. Y desde que el Estado transfiere esos fondos hasta que este segundo nivel de la administración los ejecuta -es decir, llegan a sus destinatarios reales-, hay una laguna informativa. 

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"El dinero despega del ministerio correspondiente, pero hasta que aterriza en la administración, comunidad, organismo estatal… transcurre un tiempo y los datos sobre eso no los tenemos", apunta a 20minutos Diego Martínez, profesor en la Universidad Pablo Olavide e investigador en Fedea. El proceso de ejecución de los fondos comienza cuando el Estado autoriza un desembolso y finaliza cuando reconoce una obligación de pago. Sin embargo, cuando el destinatario del pago es una comunidad autónoma o una administración local, ese proceso vuelve a empezar de nuevo desde cero, señala Martínez.

"A nivel estatal la ejecución puede ser del 75%, pero eso solo significa que el dinero ha salido, tiene que llegar", señala el experto. "El Estado se puede mover en un 70-80% de ejecución, pero eso a nivel del conjunto de las administraciones públicas u organismos autónomos está lejos", agrega. Un documento de Fedea publicado el mes pasado estima que la ejecución real de los fondos en 2022 podría rondar el 10,7% de lo presupuestado. 

Por estos motivos, instituciones de renombre como el Banco de España, la Airef o el Fondo Monetario Internacional (FMI) creen que la mejor métrica para comprobar el impacto en la economía real de los fondos es dar la información en términos de contabilidad nacional (es decir, en comparación con el PIB). Un dato que estos tres organismos han solicitado en repetidas ocasiones al Ejecutivo sin éxito. Sin embargo, obtenerlo no es sencillo. Martínez señala que para presentar esta información hay que realizar varios ajustes técnicos y, además, los vaivenes en la medición del PIB en los últimos años dificultan todavía más la precisión.

El 90% de los fondos ya se han autorizado

Según los datos que posee el Gobierno, ya se han autorizado el 90% de los fondos presupuestados en 2021 y 2022. Esto quiere decir que ya se ha iniciado el proceso de ejecución de 47.271 millones de euros recogido en las cuentas públicas del año pasado y el anterior. Además, en lo que llevamos de año se han autorizado ya 9.188 millones, un tercio de lo previsto para 2023. 

Montero ha informado de que los créditos que no se autorizaron en los años anteriores -ese 10% restante- se irán poniendo a disposición de los proyectos en años sucesivos. "Lo digo por aquellos que hablan de fondos perdidos", ha abundado la ministra. En este sentido, la vicepresidenta Calviño se ha mostrado confiada en que España va a poder ejecutar el 100% de los fondos y ha incidido en que el plan se está desplegando a gran velocidad. 

Por su parte, Calviño ha señalado que el ritmo de movilización de los fondos "supera lo recibido". Hasta el momento, la Comisión Europea ha transferido un total de 31.000 millones de euros, mientras que el Gobierno ha autorizado 56.459 millones. En todo caso, conviene hacer hincapié en que autorizar los fondos es solo el primer paso en el proceso de ejecución que puede demorarse durante varios meses.

El Gobierno ha resuelto hasta ahora convocatorias y licitaciones por un total de 23.000 millones, repartidas en más de 190.000 proyectos. Además, el Ejecutivo estima que los fondos impulsarán el PIB una media de 2,6 puntos porcentuales de media entre 2021 y 2031 respecto a un escenario en el que no se hubiesen desplegado las ayudas.