El Gobierno ha puesto en marcha un sistema de asistencia técnica para tratar de desatascar la ejecución de los fondos europeos de recuperación Next Generation EU. Una herramienta que se financiará con cargo al propio mecanismo de recuperación y resiliencia y que está especialmente diseñada para agilizar el proceso de ejecución en los eslabones de la cadena de ejecución que más problemas tienen para acceder al maná europeo: las administraciones locales y las pymes.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes encargar a la empresa pública Tragsatec (filial de Tragsa) que desarrolle un sistema para dinamizar y "mejorar la participación de las administraciones públicas en la gestión de los fondos", según ha declarado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. 

El encargo supondrá un desembolso de 69 millones de euros a esta empresa y el programa estará vigente hasta 2027, según ha añadido la ministra. Un montante que se financiará a través de transferencias no reembolsables, incluidas en el proyecto de adenda al plan de recuperación que el Ejecutivo enviará a Bruselas antes de marzo.

El FMI reprocha a España que la falta de información sobre los fondos europeos dificulta saber si llegan a la economía real

Los fondos europeos de recuperación son una oportunidad única para transformar la economía española, pero su gran complejidad y su fuerte carga burocrática pueden ser una pesadilla para las administraciones que tratan de acceder a ellos. La abundancia de trámites y obligaciones de gestión son un obstáculo a la hora de ejecutarlos. Algo que notan especialmente las administraciones locales y las pymes, que cuentan con menos medios y personal especializado para afrontar la burocracia.

Se trata de un programa horizontal de asistencia técnica para las administraciones y empresas que lo necesiten, pero al que no es obligatorio acogerse. Con él, el Ejecutivo busca ayudar a quienes lo necesiten con procedimientos burocráticos como el seguimiento y ejecución de los proyectos, el sistema integrado de información (la plataforma informática para hacer seguimiento y control del plan), el cumplimiento de las obligaciones de gestión, el soporte de recopilación de datos y difusión de buenas prácticas. 

"El Gobierno está satisfecho con el desarrollo del plan, pero queremos mejorar aún más todas las herramientas para agilizar los trámites, las gestiones y la ejecución", abundaba Isabel Rodríguez. "El papel de todas las administraciones públicas es fundamental, estamos en un momento trascendental", ha agregado la también ministra de Política Territorial.

Escasos datos sobre el efecto en la economía real

Isabel Rodríguez ha señalado que el Ejecutivo está acelerando las inversiones del plan en el año que más fondos está previsto que se ejecuten de los seis en los que se divide el despliegue del plan. Los últimos datos de ejecución que proporciona el Gobierno apuntan a que hasta ahora se han autorizado (es decir, se ha iniciado el proceso de ejecución) de 44.603 millones de euros. De ellos, se han reconocido obligaciones por valor de 35.331 millones (es decir, se ha alcanzado el último paso en el proceso de ejecución estatal).

Sin embargo, estos datos no permiten conocer cuántos fondos han llegado verdaderamente a la economía real. Por ejemplo, buena parte de esas obligaciones de pago son transferencias a las comunidades autónomas que deberán ejecutar ellas mismas. 

Para conocer el impacto real de los fondos sería necesario que el Gobierno publicara las cifras de ejecución del plan en términos de contabilidad nacional, algo que todavía no hace pese a que se lo han solicitado repetidas veces desde organismos como la Airef o el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, la contabilidad nacional es "la mejor aproximación al momento en el que los fondos llegan a la economía". 

Sobre esta cuestión se ha pronunciado recientemente el FMI, que ha reprochado al Ejecutivo que la falta de información que proporciona sobre los fondos europeos dificulta saber si llegan a la economía real. Una crítica que extiende también a las comunidades autónomas de quienes, dicen, "se sabe poco sobre la medida en que se han gastado los recursos".