Fumata blanca para aprobar la ley de vivienda más de dos años después de que empezara a diseñarse. Este viernes, PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu cerraron por fin un acuerdo para sacar adelante la norma. Y los partidos de la coalición de Gobierno han dejado que sean sus socios parlamentarios republicanos y abertzales los que informen de los detalles del pacto.

El acuerdo implica, entre otras cosas, eliminar el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos de alquiler, al considerar los grupos parlamentarios que la inflación "ha demostrado ser un índice que puede generar en pocos meses fluctuaciones enormes". También se limita la subida de los alquileres al 2% en 2023 y al 3% en 2024, y en adelante se creará un nuevo índice en estos términos, con el objetivo de que sea más estable e inferior a la evolución del IPC y que tope los aumentos de la renta por la renovación anual.

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Por otro lado, la nueva ley rebaja el concepto de gran tenedor de diez a cinco viviendas y amplía la declaración de zonas tensionadas del mercado de alquiler, donde el precio de los alquileres están topados. Los topes se establecerán, dependiendo de la modalidad de contrato y propiedad, mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores.

Las negociaciones para aprobar la ley de vivienda llevaban desde principios de este año prácticamente cerradas, aunque el pacto se ha retrasado varios meses más por el desacuerdo entre el PSOE y el resto de sus socios para limitar la revalorización anual de las cuotas en los contratos de alquiler. 

En concreto, el departamento liderado por la vicepresidenta aspiraba a diseñar en solitario una fórmula que sirviera para, cada año, establecer el tope por encima del cuál no podrían actualizarse los precios del alquiler en contratos ya firmados. Actualmente, el límite legal a la hora de revalorizar las cuotas cada año es el IPC, pero durante el último año el Gobierno ha impuesto un nuevo tope del 2% para evitar subidas muy elevadas, dado el contexto de elevada inflación en el que se ha visto inmersa toda Europa a raíz de la guerra en Ucrania.

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Unidas Podemos, ERC y EH Bildu pretendían que esa medida, que el Ejecutivo puso en marcha de manera provisional, se convirtiera en definitiva. No obstante, el PSOE se opuso y se limitó a ofrecer que, para 2024, se limitara la subida anual de los alquileres ya firmados a un 3%. Los socios no veían con malos ojos ese tope, pero se negaban taxativamente a que fuera el equipo de Calviño el que diseñara en solitario el índice matemático que definiría el límite por encima del cual no se podrían subir las cuotas a partir de 2025. Unidas Podemos, ERC y EH Bildu sospechaban que Economía pretendía implementar un modelo que permitiera subidas muy superiores al 2% actualmente fijado como tope.

Una vez cerrado el acuerdo, el proyecto de ley de vivienda podrá terminar su tramitación parlamentaria en el Congreso y el Senado en las próximas semanas. Y eso puede dar oxígeno tanto al Gobierno como a los socios independentistas en la precampaña y la campaña electoral del 28M, dado que la puesta en marcha de la ley que permitirá regular el precio de los alquileres ofrecerá a la izquierda la posibilidad de presionar al PP para limitar los arrendamientos en las comunidades donde gobierna, ya que esta competencia recaerá en las autonomías.