La Mesa del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este martes a la tramitación de la comisión de investigación sobre el caso Azud solicitada por el PP. No obstante, se trata de un trámite preliminar, ya que la constitución de esta comisión dependerá en última instancia de la Junta de Portavoces, donde lo previsible es que la iniciativa no salga adelante. La intención de los populares pasa por investigar en la Cámara Baja la presunta financiación irregular del PSOE valenciano en el marco de este caso tras la negativa del Senado y la disolución de Les Corts, donde fue aprobada pero los plazos se han ido demorando hasta la convocatoria de las elecciones autonómicas.

De este modo, desde el PP apuestan por poner en el foco polémicas con proyección nacional como este caso, que salpica a Ximo Puig, uno de los principales barones territoriales socialistas al que la dirección que encabeza Alberto Núñez Feijóo pretende derrotar de la mano de Carlos Mazón. De hecho, la Comunitat Valenciana es la autonomía más poblada que el próximo 28 de mayo puede cambiar de color político.

El recorrido de la comisión de investigación en el Congreso tiene que superar el trámite de la Junta de Portavoces, donde todo apunta a que encallará. El caso Azud investiga una presunta trama de sobornos y comisiones ilícitas en la Comunitat Valenciana, incluyendo una supuesta financiación irregular del PSPV-PSOE para las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007, que según algunos expertos jurídicos habría prescrito.

El PP acusa al presidente de la Generalitat y al PSOE valenciano de haber paralizado durante un año la investigación del caso Azud en el Parlamento autonómico, que decae ahora al terminar la legislatura, para que los valencianos "no sepan cómo se ha financiado" este partido.

A la hora de justificar su petición de una comisión de investigación, la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, afirmó que esta "no es una cuestión solo valenciana, sino que es una trama con ramificaciones en la política nacional porque afecta al diputado Vicent Sarrià que, según la agenda del ex tesorero Pepe Cataluña, comió con empresas de la trama que le pagaron presuntamente hasta dos millones de euros". Así, la intención del PP es que el propio presidente Ximo Puig dé explicaciones en el Congreso a las puertas de la convocatoria electoral del 28 de mayo.

Tal y como reveló un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la trama Azud pagó a varios proveedores más de 615.000 euros en gastos electorales del PSPV y una de las mordidas por la mediación de personas cercanas al partido en planes urbanísticos alcanzó el millón de euros. Según se recoge en el documento de 377 páginas, revelado el pasado mes de diciembre tras levantarse el secreto de sumario de una de las piezas del caso, varias empresas contratistas acabaron abonando facturas correspondientes a la campaña electoral municipal de 2007 en València, que encabezó la exministra Carmen Alborch, y a la de las generales de 2008, en las que la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, lideró la candidatura por esta provincia.

El informe policial también apunta que el abogado vinculado al PSPV José Luis Vera obtuvo presuntamente un millón de euros de comisión del empresario Jaime Febrer, del Grupo Axis, por mediar con la empresa pública Acuamed para sacar adelante un plan urbanístico en Xixona (Alicante) y el propio partido habría recibido otro millón de euros como contrapartida por este mismo concepto.

Las figuras clave de la instrucción

Esta macrocausa judicial ha destapado un entramado de corrupción que tuvo como epicentro inicial el Ayuntamiento de València en la época de Rita Barberá, en concreto entre 1999 y 2013, y que fue ampliando sus redes más allá de cargos del PP. El empresario Jaime Febrer, el supuesto cabecilla, sobornó también, presuntamente y según el sumario, a políticos del PSOE como el entonces portavoz municipal Rafael Rubio a cambio de su silencio, y al abogado José Luis Vera como forma de acceder a más administraciones. Otra figura clave fue el extesorero socialista José María Cataluña.