Los grupos del Congreso buscan corregir los errores de la ley de protección a la infancia con sus enmiendas a la reforma del 'sí es sí'

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra (i), y la ministra de Igualdad, Irene Montero (d), durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 7 de marzo de 2023, en Madrid (España).
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra (i), y la ministra de Igualdad, Irene Montero (d), durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 7 de marzo de 2023, en Madrid (España).
Ricardo Rubio / Europa Press
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra (i), y la ministra de Igualdad, Irene Montero (d), durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 7 de marzo de 2023, en Madrid (España).

La reforma de la ley del 'solo sí es sí' podría modificar más que la propia norma del Ministerio de Igualdad. En sus enmiendas, varios grupos parlamentarios aspiran a corregir un error cometido en la redacción de otra ley, la de protección a la infancia, aprobada hace ya casi dos años. La iniciativa pretendía aumentar el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores de edad, pero en el texto quedaron fijados dos plazos temporales: desde los 18 años de la víctima y a partir de los 35, lo que, según se alertó entonces, podría dar pie a problemas. 

El propio Defensor del Pueblo se pronunció al respecto este mes de febrero, cuando Ángel Gabilondo instó al Ministerio de Justicia a subsanar esa "contradicción" y resolver esta situación "lo antes posible". Lo hizo después de recibir una petición de Miguel Hurtado, referente de las víctimas de abusos durante la infancia, en la que alertaba del fallo en la ley y solicitaba a los grupos que, "ya que estaban reformando la ley del 'solo sí es sí', incluyeran en esa reforma también la reforma de la ley de infancia". 

Y así lo han hecho, por lo menos, tres grupos parlamentarios en sus respectivas enmiendas a la reforma de la ley de garantía de la libertad sexual: Ciudadanos, Junts y Más País. Otros, como el PP o ERC no han añadido ningún punto específico en sus propuestas de modificación de la iniciativa socialista, pero cuentan a este periódico que su postura va encaminada a corregir ese error y, en todo caso, mantener, como mínimo, el plazo más alto de prescripción: desde que la víctima menor de edad cumple los 35 años. 

En las enmiendas de Cs a las que ha tenido acceso 20minutos, los naranjas aprovechan que la reforma realiza una modificación del Código Penal para añadir una corrección al artículo en el que constaba la errata, el 132. Ahí establecen que la prescripción de los delitos contra la libertad de los menores empezará a computar desde que la víctima cumpla 35 años y, si falleciera antes, a partir del día de su muerte. "Se pretende solucionar el error en la ley de protección a la infancia aprobada en 2021 que dejaba en el aire cuándo empieza a contar el plazo de prescripción de los delitos contra la libertad de los menores", defiende el grupo en su enmienda. 

La intención de la norma —conocida también como ley Rhodes—, fue desde el principio la de ampliar el plazo previo a la prescripción de los delitos contra los menores, y que se empezase a contar por lo menos 17 años más tarde. Sin embargo, incide Cs, ese fallo en la redacción "abre la puerta a interpretaciones de la norma más beneficiosas al acusado".

Junts y Más País proponen ampliarlo a 45 años

Más allá van Junts y Más País. Las dos formaciones defienden en sus enmiendas ya no solo resolver ese fallo, sino ampliar diez años más, hasta los 45 años, la edad desde la que deberían empezar a prescribir los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de los menores de edad. Los de Íñigo Errejón proponen también, en esa línea, que si la misma persona comete un nuevo delito contra la libertad sexual de otro menor de edad (igual o más grave que el primero), el contador vuelva a cero. Esto es, que el plazo de prescripción del delito inicial se prorrogue "hasta que finalice el plazo de prescripción del delito sexual cometido posteriormente", reza el texto avanzado por Europa Press. 

Junts, por su parte, justifica su enmienda remitiéndose a una resolución de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa de 2020, en la que se urgió a los estados miembros a que directamente eliminaran los plazos de prescripción para la violencia sexual cometida contra niños y que, en todo caso, nunca finalicen hasta que la víctima haya cumplido, como mínimo, 48 años. Ello supone para los independentistas que, aunque la ley impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales supuso "una mejora significativa", no cumple todavía con "los estándares mínimos internacionales y europeos que garanticen la tutela judicial". 

PP y ERC, dispuestos a apoyar el cambio

Pese a que el resto de grupos no han registrado enmiendas concretas sobre este punto, hay varios que son partidarios de apoyar este cambio. Fuentes del PP afirman a este periódico que sí que estarían dispuestos a apoyar las enmiendas que pretenden fijar la edad mínima en "al menos" 35 años. Lo harían en el periodo de negociación que se inició este lunes y que tendrá su culmen en la Ponencia de la Comisión de Justicia que decidirá el próximo martes qué enmiendas se introducen en el texto que se enviará al Pleno del Congreso de los Diputados del próximo 20 de abril. 

Algo parecido sostienen desde ERC. Fuentes del grupo republicano explican que en el tema de prescripción de delitos sexuales a menores de edad están "alineados" con la tesis de elevar el mínimo. Según recuerdan, ellos mismos presentaron en 2018 una proposición no de ley para se empezase a computar la prescripción del delito a partir de los 30 años, y no de los 18 como estaba entonces. "En aquel pleno la iniciativa se aprobó por unanimidad, quedó recogida ya al alza en la ley de 2021, con 35 años, y fue un primer paso que desde entonces hemos trabajado al lado de las víctimas para ir mejorando", señalan.

En el Gobierno, sin embargo, se limitan a alegar que están trabajando para corregir ese error "lo antes posible". El Ministerio de Derechos Sociales ya dijo en febrero que tenía pensado resolver esa imprecisión, y sostuvo que se haría previsiblemente mediante una disposición adicional en la próxima ley orgánica que se aborde en el Congreso. Pero en el entorno de Ione Belarra no desvelan si ven en esta reforma del Código Penal una oportunidad para ello.

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