El Gobierno corregirá la Ley de protección de la Infancia, conocida como Ley Rhodes, para subsanar una errata detectada en el texto y evitar confusión sobre los plazos de prescripción de delitos contra la libertad de los menores. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales han explicado a Europa Press que se ha localizado una imprecisión en el redactado del artículo 132, donde se cita dos veces los delitos contra la libertad de los menores con dos plazos temporales de prescripción distintos, que quieren subsanar para clarificar el ámbito de aplicación

Así, se especifica en un primer párrafo la redacción acorde con el legislador de establecer que para delitos como secuestros, torturas, aborto no consentido, lesiones y contra la inviolabilidad de la imagen o el domicilio el plazo de prescripción empieza a contar a partir de que la víctima cumpla 18 años.

A continuación y como adelantó el Infolibre, se desliza una errata en el caso se vuelve a repetir el término genérico de delito contra la libertad, justo antes de especificar que se trata delos delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que en ese caso el plazo se fija a partir de que la víctima cumpla 35 años.

De esta forma, desde el Ministerio explican que se trata de una errata que debe matizarse dado que en el caso de los delitos referidos a la libertad sexual se busca ese plazo a partir de 35 años debido a las especiales características que presentan, de cara a que la víctima asuma lo ocurrido para denunciar.

Sin embargo, la errata radica en el caso de los delitos contra la libertad, donde la intención del Ejecutivo es que ese plazo contara a partir de la mayoría de edad.

En consecuencia, desde el Ministerio asegura que se modificará la redacción de la Ley 'Rhodes' en cuanto sea posible, previsiblemente mediante una disposición adicional en la próxima ley orgánica que se aborde en el Congreso.

Las mismas fuentes especifican que esta inadecuada redacción de la normativa en ningún caso perjudica a las víctimas del delito y no entraña efectos indeseados, dado que en la peor interpretación que podría hacer del texto la judicatura lo que entrañaría es que el delito tardara más años en prescribir.