La Unión Europea actualizará su Directiva sobre Energía Renovable para aumentar el objetivo de implantación hasta 2030, que pasará del 32% a 42,5% en 2030 e introducirá, de manera estable y no con carácter excepcional como hasta ahora, la obligación de que los Estados miembros aceleren el proceso administrativo para autorizar la instalación de parques fotovoltaicos o eólicos. Este trámite no podrá superar los 12 meses en zonas de prioridad para renovables y 24 meses para el resto, en un proceso que incluirá el 'silencio administrativo', de modo que si en ese plazo la Administración correspondiente no se pronuncia serán por autorizados.

"Un proceso hoy para la construcción de un parque puede durar de cinco a siete años, es muy largo", ha dicho en rueda de prensa desde Bruselas el ponente del Parlamento Europeo, el conservador alemán Markus Pieper. "Si al final de 12 meses el proyecto no son autorizados por los Estados miembros, se consideran automáticamente autorizados", ha afirmado.

Así figura en el acuerdo provisional que han cerrado las dos instituciones en torno a las 7 de la mañana para actualizar una directiva que, visto el desarrollo de las energías renovables de los últimos años y del 'despertar' a la necesidad de las mismas para sustituir al gas para luchar contra el cambio climático y evitar 'chantajes' energéticos con él, se había quedado cortas. Además el pacto cierra, momentáneamente al menos, el contraataque francés para promocionar la energía nuclear como si fuera renovable porque los objetivos que se han acordado son solamente para renovables. "No se calculará dentro de los objetivos de renovables", ha aseverado Pieper.

El Consejo y Parlamento Europeo han acordado elevar diez puntos ese objetivo para 2030, cuando el 42,5% del consumo final de energía en la UE deberá ser renovable, aunque añade que "los Estados miembros deberían esforzarse para llegar al 45%", apuntan en un comunicado este jueves pocas horas después de un acuerdo que no se conocerá en detalle hasta dentro de unos días.

En el sector de los transportes, el pacto establece que el despliegue de renovables debería conducir a la reducción en un 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el empleo de biocombustibles o hidrógeno renovable. Además, los gobiernos europeos deberán fijar "un objetivo indicativo de al menos el 5%" de capacidad de potencia instalada de tecnologías renovables innovadoras.

Estos objetivos tendrán que ser asumidos por cada país de la UE. En España, el Ministerio de Transición Ecológica ultima una revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) con el propósito de elevar los objetivos de renovables, que ya en 2020 determinó un 42% de renovables en el uso final de energía para 2030 y una reducción del 23% de emisión de gases de efecto invernadero con respecto a 1990 en el sector residencial, comercio y servicios, en transportes, generación eléctrica e industria.

De momento, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha celebrado esta mañana el acuerdo para actualizar la directiva europea, a través de un mensaje en Twitter en el que ha destacado lo mucho que ha costado alcanzarlo y en el que ha reconocido en especial el trabajo del eurodiputado socialista español Nicolás González Casares, ponente en la sombra de la posición del Parlamento Europeo.

Acelerar los permisos

En paralelo al aumento de generación de electricidad con fuentes renovables, la nueva directiva que deberán adaptar los gobiernos a sus legislaciones nacionales incluye la obligación de que estos aceleren el proceso administrativos para autorizar la instalación de parques eólicos o fotovoltaicos. 

"La legislación también acelerará los procedimientos para otorgar permisos para nuevas plantas de generación de energías renovables, como paneles solares o aerogeneradores, o para adaptar las que ya existen", han acordado los Veintisiete y la Eurocámara. En concreto, la autorización no podrá demorarse más de un año cuando el parque renovable vaya a instalarse en una zona prioritaria ni dos años cuando se ubique fuera de ellas.

El Gobierno ha dado el visto bueno en un año a 35 proyectos renovables por la vía exprés y ha exigido evaluación ambiental a otros 18

Aunque los acorta notablemente -el sector de las renovables denuncia que hoy se tarda hasta diez años-, el acuerdo final duplica el plazo máximo para tramitar los parques en zonas prioritarias, porque la propuesta inicial de la Comisión Europea eran nueve mes y 18 para proyectos fuera de estas áreas.

Por otra parte, la directiva obligará también a los gobiernos a mapear su territorio para ubicar en él las llamadas "zonas de aceleración de renovables", algo que en España se ha convertido en un caballo de batalla entre el Gobierno central y las comunidades. Ribera insiste en que son los gobiernos autonómicos quienes tienen que identificarlas en sus territorios pero éstos arrastran los pies para regular algo cada vez más sensible por las reticencias que levanta entre algunas capas de la población. En su lugar, Transición Ecológica ha elaborado un mapa 'informal'.

En términos generales, la Directiva de Energía Renovable asienta un proceso acelerado para la implantación de renovables que los gobiernos europeos ya aplican de manera temporal y extraordinaria durante los dos próximos dos años en virtud del reglamento que acordaron en diciembre de 2022, que consideraba los proyectos renovables "de interés social prioritario" y que recorta el plazo para autorizarlo.

Este reglamento europeo es el origen de la legislación que pocas semanas después aprobó el Gobierno español para eximir a todos los proyectos -de cualquier tamaño- de evaluación de impacto ambiental si los técnicos de la Administración consideraban suficientes las garantías por parte de los promotores en el estudio de afectación ambiental que debe acompañar estos proyectos.

Ribera levanta la obligación de evaluación de impacto ambiental a grandes proyectos de eólica y fotovoltaica en zonas no protegidas

Este cambio legal levantó críticas y protestas entre ecologistas, plataformas de defensa de la España rural y también entre partidos de izquierda en el Congreso, que reclaman a Ribera que lo derogue y reestablezca la evaluación de impacto ambiental para todos los proyectos.

Energía nuclear 

Como su nombre indica, la directiva de Energías Renovables continuará siendo sobre energías renovables porque el acuerdo alcanzado entre Consejo y Parlamento Europeo no ha sucumbido a las "presiones" que los dos ponentes de la Eurocámara -Piepper y González Casares- han detectado en las últimas semanas para dar a la energía nuclear un papel parecido al de sustituto, a pesar de que se permitirá cierta "flexibilidad" para que los países productores -con Francia a la cabeza- puedan suplir el origen verde del hidrógeno por otro de origen nuclear en la industria.

Según explican fuentes comunitarias, Francia ha intensificado en la última semana su campaña para poder utilizar energía nuclear tanto para producir el hidrógeno que dentro de unos años sustituirá a los combustibles fósiles y el gas en el transporte y la industria como para cumplir con parte de los objetivos de energía renovable para 2030, con el argumento de que la nuclear es también una energía "limpia", que no emite CO2 a la atmósfera.

París lo ha intentado tanto en la directiva de Renovables que se ha pactado este jueves como en la directiva de Gases Renovables e Hidrógeno, que será el próximo campo de batalla.

Las fuentes aseguran que "no ha habido nada de eso" en el acuerdo de este jueves, en el que el objetivo del 42,5% -y preferiblemente del 45%- para 20230 es únicamente de renovables, como ocurre en los objetivos de hidrógeno para industria que se acordaron en diciembre, donde sin embargo sí se abre cierta posibilidad a la nuclear. 

Para 2030, los Estados miembros deberán utilizar un 42% de hidrógeno renovable, que deberá llegar hasta 60% en 2035 aunque se permitirá que los Estados miembros puedan cubrir un 20% de ese objetivo -es decir, el 33,6% debería ser renovable para 2030- pero solo si cumplen dos condiciones "muy estrictas" que buscan asegurar que la producción nuclear no merma la generación renovable: que cumpla el objetivo vinculante de renovables (42,5%) y que el hidrógeno fósil ese año no supere el 23% del total del hidrógeno que consume ese país. "Para reducirte un 20% del objetivo de hidrógeno renovable tendrías que cubrir más de un 40% de tu consumo de hidrógeno con hidrógeno no fósil", resumen las fuentes.

Con todo, Francia ha manifestado este jueves una moderada satisfacción por el acuerdo todavía preliminar. "Creo que hemos puesto las cosas en su lugar", ha dicho su ministra de Transición Ecológica, Pannier-Runacher, que ha considerado que el acuerdo contempla un cierto reconocimiento a la energía nuclear como energía de bajas emisiones.

"No hay que impedir a los países que quieren producir sobre la base de la energía nuclear hacerlo, y eso es lo que queremos conseguir", ha dicho. En línea con la tesis sobre la que insiste España, ha reconocido que "la energía nuclear no es renovable" pero también que "es mucho mejor que la fósil y eso es lo que queríamos reconocer".