La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido este viernes de que la reforma de las pensiones, lejos de asegurar la sostenibilidad, supone un incremento en el déficit de un sistema ya de por sí presionado por el envejecimiento de la población. Así lo ha recogido en su Opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones Públicas a largo plazo, un documento en el que analiza el impacto del cambio demográfico en las cuentas públicas. El supervisor fiscal reclama un mayor control sobre el pago de pensiones y cuestiona la regla de gasto aprobada por el Gobierno.

En concreto, la AIReF calcula que las reformas de las pensiones aprobadas entre 2021 y 2023 conllevan un aumento del déficit del sistema de 1,1 puntos del PIB en 2050 y de 1 punto en 2070, en comparación con un escenario en el que no se hubiesen producido dichos cambios. Tras impulsar hace más de un año la revalorización de las pensiones conforme al IPC para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, hace una semana el Gobierno aprobó la segunda pata de la reforma del sistema. Entre los últimos cambios, el Ejecutivo ha acordado una subida de las cotizaciones de 1,2 puntos y un recargo de hasta el 6% a los salarios más altos, además de modificar el periodo de cálculo.

Sin embargo, estos retoques no aseguran la sostenibilidad del sistema, sino que se traducen en un incremento del déficit, a juicio de la AIReF. El motivo: el gasto aumenta en mayor medida que los ingresos, especialmente por la eliminación del factor de sostenibilidad y la revalorización de las pensiones conforme al IPC, una media que se estima que eleve el gasto 2,7 puntos del PIB en 2050 y 2,5 en 2070. 

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Los incentivos a la jubilación demorada y la evolución de la pensión máxima contrarrestan ese incremento, pero aun así el supervisor fiscal calcula que la reforma impulsada por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, encabezado por José Luis Escrivá, aumente el gasto en pensiones 2,4 puntos del PIB en 2050 y 2,3 en 2070. El avance de 1,3 puntos de los ingresos -gracias al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), a la reforma de las cotizaciones de los trabajadores autónomos y a la evolución de las bases máximas de cotización- no compensa el gasto.

Aumento del gasto

Estos datos se apoyan sobre un escenario en el que la AIReF proyecta un crecimiento de la población española hasta los 50,3 millones de habitantes en 2050 y los 52,1 millones en 2070. En ese contexto, la reforma de las pensiones tensiona aún más un sistema ya de por sí presionado por la llegada de la generación del baby boom a la edad de jubilación, que provocará que el gasto en pensiones se acelere especialmente a partir de 2035 hasta tocar techo en 2049. 

En un escenario hipotético en el que la economía española creciera un 1,3% y no se aplicaran reglas fiscales ni se acometiera ningún cambio en la política económica, la AIReF estima que el gasto en pensiones aumentaría 2,6 puntos entre 2021 y 2050 y llegaría a representar el 16,3% del PIB en 2049, incluyendo pensiones no contributivas y de clases pasivas. Solo las pensiones del sistema de Seguridad Social representarían el 14,8% del PIB. Pasado ese horizonte, el gasto descendería hasta situarse en el 13,4% en 2070. Si se implementaran reformas estructurales que permitiesen aumentar el crecimiento potencial del PIB al 1,6%, el gasto en pensiones se moderaría hasta el 13,5% en 2050 y el 12% en 2070.

Según las proyecciones del supervisor fiscal, si no se aplicasen reglas fiscales ni se emprendieran medidas políticas, este aumento del gasto en pensiones -al que habría que sumar los desembolsos en sanidad y cuidados de larga duración por el envejecimiento e la población- presionaría el déficit público hasta el 8,1% del PIB en 2055 y la deuda pública seguiría una senda alcista hasta alcanzar el 186% del PIB en 2070. Este escenario teórico no es posible en la práctica, pero permite visibilizar el efecto de las reglas fiscales, tal y como ha destacado la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero. 

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En ese sentido, los límites de deuda (máximo de un 60% del PIB) y déficit público (3% del PIB) marcados por el Banco Central Europeo (BCE) se encuentran suspendidos desde la pandemia, aunque el organismo presidido por Christine Lagarde ya ha pedido a los gobiernos que ajusten sus presupuestos y se preparen para volver al Pacto de Sostenibilidad y Crecimiento en 2024. Los socios comunitarios se encuentran inmersos en un proceso de renegociación de las reglas fiscales. De acuerdo a la última propuesta de la Comisión Europea, los países asumirían compromisos de gasto a medio plazo que garanticen una trayectoria descendente de la deuda, lo que en España requeriría un ajuste anual de entre 0,32 y 0,43 puntos del PIB, según los cálculos de la AIReF.

Más control

Asimismo, el supervisor fiscal ha criticado la nueva regla de gasto en pensiones definida por el Gobierno. Herrero ha apuntado a "debilidades de diseño" como la falta de justificación de los límites cuantitativos escogidos y la ausencia de coherencia con el marco fiscal. "No sabemos a ciencia cierta de dónde salen los porcentajes de regla de gasto", ha afirmado la presidenta de la AIReF, que ha reclamado para su organismo mayor participación en el control del gasto en pensiones, más allá del informe exigido cada tres años para comprobar que el gasto se ajusta a los ingresos. Por ello, ha anunciado que acompañarán dicho documento de una actualización de la Opinión publicada este viernes.

Herrero ha animado a las administraciones públicas a afrontar el reto de la sostenibilidad y ha apuntado a que el proceso electoral y el inicio de una nueva legislatura puede ser una "ventana de oportunidad" para empezar a plantear medidas "menos cortoplacistas". La AIReF ha instado a los responsables públicos a articular una estrategia fiscal nacional a medio y largo plazo que contemple una reforma integral del marco fiscal para garantizar la sostenibilidad.