En 2020, Bruselas levantó la mano para que los Estados pudieran tirar de déficit para sufragar ayudas pandémicas, gasto sanitario y, más adelante, medidas de apoyo a la ciudadanía para paliar la crisis energética. Tres años después, la pandemia y la invasión rusa de Ucrania han dejado un gran agujero en las cuentas públicas de los gobiernos europeos, que ya venían deterioradas de la gran recesión de 2008. En esta difícil coyuntura, la Unión Europea ha decidido volver al rigor fiscal en 2024 y ha pedido a los Gobiernos que elaboren sus presupuestos para el próximo ejercicio pensando ya en las reglas fiscales.

Así lo han comunicado este miércoles el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, y el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, que han comparecido para explicar cuáles serán las directrices en política fiscal para 2024 que marcará Bruselas.

El anuncio se produce cuando los Estados miembros todavía siguen discutiendo qué hacer con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la norma que regula los límites máximos de déficit (máximo de un 3% del PIB) y deuda pública (60% del PIB) en los que pueden incurrir los Estados miembros.

Bruselas mejora su previsión económica para España pero avisa que la subida de intereses y el enfriamiento laboral lastrará a los hogares

Aunque la Comisión señala que "no conviene volver a la implementación exclusiva de las reglas" tal y como estaban cuando en 2020 se activó la cláusula de escape que permitió eludirlas, también recuerda que el marco jurídico actual "se sigue aplicando". 

Por ello, el organismo que preside Ursula von der Leyen, ha emplazado a los Gobiernos a que establezcan planes de ajuste fiscal que vayan en consonancia con la propuesta de reforma de las reglas planteada en noviembre. Esta propuesta mantiene los umbrales máximos de deuda y déficit, pero introduce más flexibilidad para alcanzar los objetivos y planes adaptados a cada país. 

Carlos Gámez

La Comisión volverá a plantear recomendaciones específicas para cada país que serán "cuantitativas y diferenciadas". Durante los cuatro años que las reglas fiscales habrán estado suspendidas (2020, 2021 y 2022 y 2023), estas recomendaciones se habían limitado a cuestiones generales y cualitativas. La más destacada que se realizó a España el año pasado fue "limitar el aumento del gasto público corriente por debajo del crecimiento potencial a medio plazo" de la economía. Sin embargo, ahora, cuando llegue la primavera y la Comisión vuelva a formular sus recomendaciones estas serán de nuevo concretas y cuantitativas.

Eso sí, desde la Comisión no castigarán hasta el año que viene a los países que las incumplan. Una decisión que basan en el contexto de elevada incertidumbre que todavía rodea a la economía y las finanzas públicas europeas. 

Conviene recordar que si un país incumple estos objetivos y no adopta medidas para reducir el déficit por debajo del 3% del PIB o reducir la deuda a medio plazo se expone a que la Comisión le abra un procedimiento de déficit excesivo. Un proceso que España conoce bien, pues estuvo inmerso en uno entre 2009 y 2019 por sus elevados niveles de déficit. Cuando un Estado incurre en este procedimiento debe presentar medidas específicas y un plan de acción que convenza a la Comisión para reconducir sus niveles de deuda y déficit. Si no lo hace se expone a sanciones económicas.

Este miércoles, la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, se ha mostrado crítica con la planificación fiscal del Gobierno. "Llevamos tiempo diciendo que nos iba a pillar el toro y que más pronto que tarde volveríamos a un sistema de reglas fiscales y tendríamos que estar estableciendo una planificación a medio y largo plazo, que es lo que nos va a pedir la Comisión", ha expresado Herrero. "Nos tenemos que acostumbrar aun marco incierto y eso no va a ser impedimento para que la Comisión nos pida que presentemos un plan de reducción de deuda en los próximos años. Creo que deberíamos haber ido trabajando en esta materia", ha agregado.

Una deuda que dobla con creces el PIB

Los países europeos afrontan el reto de ajustar sus finanzas públicas en un contexto muy complejo, en el que la guerra se mantiene y el envejecimiento, el cambio climático o la digitalización amenazan con disparar todavía más el gasto. Actualmente, 13 Estados acumulan una deuda superior al 60% de su PIB y está previsto que 12 incurran en un déficit superior al 3% del tamaño de su economía. España, con una deuda que alcanza el 113% de su producto interior bruto y un déficit previsto del 4,6% (del 5%, según el Gobierno) está en los puestos más altos de la lista.

Reconducir la situación llevará tiempo, aunque será mucho más sencillo cuadrar las cuentas que reducir la montaña de deuda hasta el 60% del PIB. El Programa de Estabilidad que presentó el Gobierno el año pasado a Bruselas prevé que el déficit caiga por debajo del 3% en 2025 gracias, fundamentalmente a la reducción del gasto por la eliminación de las medidas de apoyo. Una hipótesis que desde el vigilante fiscal, la Airef, ven factible si el crecimiento de la economía acompaña. 

Lo que se antoja una quimera es recuperar un nivel de deuda inferior al 60% del PIB. Para ello, países como España tendrían que reducir prácticamente a la mitad su nivel de deuda actual. Eso, en un contexto en el que se espera que el pasivo siga aumentando debido a los déficits que están previstos. La deuda de las administraciones públicas supera ya los 1,5 billones de euros, mientras que el 60% del PIB de 2022 supone unos 797.353 millones. Lo que quiere decir que 705.152 millones separan a España de su objetivo.