El Gobierno fía más de la mitad de los 40.000 millones de ajuste en pensiones a que los trabajadores se jubilen más tarde

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
JAVIER LIZÓN / EFE
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a hallar el modo de tapar la brecha en las cuentas públicas que dejará la inminente jubilación de los baby boomers. El gasto actual en pensiones roza el 12% del PIB, pero a finales de la década de 2040, cuando el sistema alcanzará su pico de tensión, se habrá elevado al 15% del producto interior bruto nacional. Un 'agujero' de tres puntos de PIB que, si se toma como referencia la última estadística del INE, rondaría los 40.000 millones de euros.

Para lograrlo, el Ejecutivo ha propuesto subir las cotizaciones sociales -especialmente las que pagan los salarios más elevados- y ampliar el rango de los sueldos que están obligados a cotizar. Sin embargo, en el mejor de los escenarios, estas medidas en su conjunto apenas alcanzarían a cubrir la mitad de la brecha (1,4 puntos de PIB) a finales de la década de los cuarenta, según cálculos del propio Gobierno. 

El resto de este desequilibrio queda todo a merced de las medidas adoptadas por el Ejecutivo en 2021 para incentivar que los trabajadores alarguen su vida laboral. Unos incentivos con los que el Ejecutivo espera aumentar los ingresos del sistema, en el escenario más optimista, en 21.000 millones de euros (1,6 puntos de PIB). Cuantía, en principio, suficiente para cerrar el sistema.

Según trasladan fuentes de Seguridad Social, la subida de cotizaciones del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) aportará a las arcas públicas en los momentos de mayor tensión un máximo de nueve décimas de PIB (unos 12.000 millones). La ampliación de las bases máximas supondrá otras cinco décimas de PIB (6.600 millones), mientras que la "cuota de solidaridad" aportará algo más de una décima (1.300 millones). 

En total, 1,5 puntos de PIB (unos 20.000 millones) a los que habría que restar otra décima de gasto adicional que supondrá el aumento del periodo de cómputo a 29 años descartando los dos peores. Una cifra que previsiblemente será menor dado que no tiene en cuenta los costes que supondrá la subida de las pensiones mínimas, la cobertura de lagunas y la ampliación del complemento por brecha de género, los cuales Seguridad Social todavía no ha revelado.

Algunos analistas lo ponen en duda

Los planes del Ejecutivo chocan con los pronósticos de algunos centros de estudios de prestigio como Fedea o BBVA Research, que han puesto en dudas las previsiones de ingresos del plan del Gobierno. Desde Fedea, Ángel de la Fuente sostiene que "no cabe esperar un ahorro neto significativo" del alargamiento de la vida laboral. Una medida que cree que aportará, en un escenario optimista, algo más de tres décimas de PIB. 

Por su parte, desde BBVA Research advierten de que la reforma de pensiones planteada por el Gobierno "no garantiza la sostenibilidad del sistema a largo plazo". Según recoge la agencia Europa Press, estiman que el gasto aumentará más de 3,5 puntos de PIB y la horquilla de ingresos será insuficiente estimada entre 0,8 y 1,7 puntos de PIB. Desde el centro de estudios del BBVA ya advirtieron cuando se aprobó la primera pata de la reforma de que "el retraso en la edad de jubilación supondrá un ahorro de unas décimas en el mejor de los casos".

Tampoco lo terminó de ver claro la Comisión Europea en junio del año pasado. Entonces, los expertos de Bruselas reconocían que las estimaciones del Gobierno de lo que aportaría la demora de la jubilación (entre 1,1 y 1,6 puntos de PIB de ingresos) eran "plausibles", pero veían más probable "el rango bajo". 

Sin embargo, pese a todo el Gobierno cree que su reforma, que ha negociado mano a mano con las autoridades de Bruselas, será suficiente para cuadrar las cuentas. Desde Seguridad Social insisten en que los incentivos a prolongar la vida laboral y el retraso en la edad de jubilación (que será de 67 años a partir de 2027) reducirá gastos y reforzará ingresos. 

Desde el Ejecutivo señalan que los datos favorables de crecimiento en el empleo tras la aprobación de la reforma laboral demuestran que el mercado de trabajo en España ha cambiado y se está homologando al de otros países europeos. En Seguridad Social confían en que la tasa de paro caerá por debajo del 10% en los próximos años, lo que se traducirá en más ingresos por cotizaciones y menos gasto en prestaciones por desempleo. Dos elementos que juegan a favor del sistema de pensiones. 

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