La reforma de las pensiones acordada por el Gobierno y los sindicatos prevé una subida de en torno al 20% en las pensiones mínimas contributivas y no contributivas en los próximos cuatro años. Así se desprende de las proyecciones que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha presentado este miércoles en la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso.

Las proyecciones que ha mostrado el ministro a los diputados prevén que la pensión mínima contributiva, que con la nueva reforma deberá situarse al menos en el 60% de la renta mediana de un hogar formado por dos adultos, alcance los 16.500 euros anuales en 2027. Actualmente, esta pensión se sitúa en 13.527 euros para un jubilado con cónyuge a cargo (966 euros al mes). Tras el incremento la prestación quedaría en términos mensuales 1.179 euros en 14 pagas dentro de cuatro años, es decir 213 euros más al mes.

En cuanto a las no contributivas, fijadas en 6.784 euros anuales para un adulto en 2023, deberán alcanzar 8.200 euros anuales dentro de cuatro años. Lo que implicaría pasar de 565 euros al mes en 14 pagas a 586 euros mensuales (alrededor de 20 euros mensuales más).

El ministro ha confirmado que el Gobierno prevé aprobar la reforma de las pensiones en forma de decreto este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario, pero después se ha abierto a tramitarla como proyecto de ley en el Congreso para que así los diferentes grupos parlamentarios puedan negociar enmiendas en su paso parlamentario.

Antes de que Escrivá explicara las líneas generales de la reforma en la Cámara Baja, los órganos directivos de CC OO y UGT habían ratificado el plan. Las líneas maestras de esta reforma plantean una subida general de las cotizaciones, el destope de las bases máximas (y de la pensión máxima) y un recargo de solidaridad a los sueldos más elevados. A través de estas medidas de ingresos, se pretende garantizar que el sistema es sostenible, a la vez que se plantea un alargamiento opcional del periodo de cómputo de la pensión y se mejora la cobertura de lagunas, los complementos por brecha de género y las pensiones mínimas.

Precisamente, en el ámbito de las pensiones mínimas, los sindicatos han logrado arrancar al Gobierno una cláusula para que quede garantizado en la reforma que estas prestaciones no podrán ser inferiores al umbral de la pobreza en el año 2027. Según han informado los sindicatos, el umbral de la pobreza -que se mide como el 60% de la renta mediana de un hogar formado por una sola persona (9.535 euros anuales en 2020)- actuará como suelo a estas prestaciones y el compromiso estará recogido como garantía en la Ley General de Seguridad Social.

"Los jóvenes tienen garantizado el futuro"

"Es la primera vez que firmamos un acuerdo con un período tan amplio de implementación", ha asegurado Pepe Álvarez, de UGT, que ha subrayado que el acuerdo cuenta con el beneplácito de la Comisión Europea. "Con este acuerdo logramos un proceso de transición hasta 2043 para que coexistan los dos sistemas y los jóvenes tienen garantizado el futuro", ha expresado en relación con la ampliación del período de cómputo a 29 años.

"Es uno de los días más importantes de esta legislatura porque garantizamos la sostenibilidad de las pensiones para los próximos 25 años", ha expresado, por su parte, Unai Sordo, de CC OO, que califica el acuerdo de "histórico": "Garantizamos más ingresos al sistema, más protección y más certezas a nuestra población".

Recursos por valor del 1% del PIB

Una vez acordados los últimos retoques y ya con el visto bueno de los sindicatos, Escrivá ha presentado la reforma en la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados. El ministro ha sacado pecho de un acuerdo que se basa en los principios de "suficiencia, equidad y solidaridad y sostenibilidad". 

Escrivá ha destacado que la reforma aportará recursos al sistema de pensiones por valor de un 1% del PIB en los momentos de mayor tensión, que serán las décadas de los años treinta y cuarenta en los que el sistema absorberá el grueso de las jubilaciones. De igual manera, ha sostenido que los jóvenes se acabarán viendo beneficiados por el MEI, la subida de cotizaciones que llegará a ser de 1,2 puntos a partir de 2029. En concreto, Escrivá estima que un joven de 25 años que se jubile en 2062 acabará recibiendo 20.000 euros más de pensión que si la reforma no se hubiese aplicado. Una cuantía que se reduce hasta 5.300 euros en el caso de un individuo de 60 años que se jubile en 2027. 

Además, ha minimizado el impacto en los costes laborales de la reforma, que ha cifrado en 37 céntimos por hora trabajada, lo que arroja aún un coste laboral por hora trabajada inferior al de la media europea. Para el ministro, este aumento en el coste es "perfectamente asumible y manejable". 

El ministro ha insistido en que no se trata de una reforma de mínimos, sino de "un acuerdo pactado con métricas europeas que van a ser exigentes" y ha declarado su "absoluta convicción" en que la Comisión Europea dará el visto bueno al texto. Escrivá ha vuelto a cargar contra los expertos críticos con la reforma, entre quienes se encuentran Fedea y el centro de estudios de BBVA, a quienes ha acusado de "soberbia intelectual" y "desprecio absoluto a la soberanía popular y los consensos".

Finalmente, ha mandado un dardo a los críticos con su reforma, a quienes ha pedido que clarifique si están a favor de aplicar recortes. "Si queremos garantizar la sostenibilidad del sistema solo tenemos dos vías: o más recursos o reducción de prestaciones y ese es el dilema. Si uno va por la vía de la reducción de prestaciones tiene que ser explícito", ha dicho. 

Sin acuerdo con los empresarios

El acuerdo alcanzado con los sindicatos no ha contado con el beneplácito de las patronales CEOE y Cepyme, que sí habían respaldado, sin embargo, la primera fase de la reforma (la revalorización de las pensiones con el IPC y medidas para incentivar el retraso en la jubilación efectiva).

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido "respeto" a la decisión de su organización de rechazar esta segunda fase de la reforma. "Cuando se trae una propuesta que crees que no es buena para tu país, nuestra obligación es decir que no", ha afirmado en declaraciones a RNE, al tiempo que ha instado a Escrivá "a aprender a dialogar mejor".

"No han contado con nosotros, el Gobierno ha tomado la decisión de ir por su cuenta", ha denunciado Garamendi, que reprocha al Ejecutivo no entregarle una memoria económica de la reforma para plantear otras soluciones al incremento de las cotizaciones sociales.