Han pasado casi tres largos años desde que la Comisión Europea aprobó el plan de recuperación español en el que se esbozarían las líneas maestras de la reforma de las pensiones. Otro año desde que se decidiera volver a revalorizar las prestaciones con el IPC. Y, finalmente, tras unas largas negociaciones con Bruselas, sindicatos y los propios socios de la coalición, el Gobierno ya tiene completa su reforma para las pensiones. Y una de las novedades introducidas en las últimas horas ha sido fruto de un pacto con EH Bildu por el que la pensión mínima de viudedad subirá hasta un 30% de forma progresiva hasta 2027.

El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves el real decreto que desarrolla la segunda pata de la reforma del sistema de pensiones, en la que el Ejecutivo debía plantear medidas para garantizar que las pensiones son sostenibles a futuro. Sobre todo ante el gran reto en el lado del gasto que suponen las jubilaciones de la generación del baby boom previstas para las próximas décadas y la recuperación del IPC como referencia para actualizar las pensiones. 

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, principal artífice de la reforma, ha destacado que el decreto aprobado este jueves "culmina la modernización de nuestro sistema de pensiones" y blinda "el poder adquisitivo de todos los pensionistas presentes y futuros". Escrivá ha asegurado que, con su planteamiento, las pensiones están garantizadas y ha defendido que está diseñada para perdurar. "Es una reforma para muchísimos años que aporta tranquilidad y certidumbre", ha defendido el ministro.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Escrivá ha defendido que la reforma beneficiará a muchos jóvenes "que en ausencia de esta situación verían reducidas sus pensiones de una forma creciente en el tiempo". Un nuevo marco para las pensiones que sustituye a la reforma de 2013 -que no nunca llegó a ver la luz por completo- que ha calificado como "extraordinariamente lesiva con los pensionistas". 

El ministro ha defendido la solidez del sistema de pensiones en España, que, según su criterio, solo necesitaba un pequeño refuerzo y ha rechazado que la subida de las cotizaciones vaya a perjudicar al empleo o la competitividad de las empresas. Además, ha descartado que el camino que marca Francia -donde el Gobierno prepara un fuerte recorte de las pensiones- sea aplicable a España. Escrivá ha defendido que, a diferencia de España, Francia "no ha abordado su problema de pensiones durante décadas". 

El real decreto aprobado este jueves se tramitará como proyecto de ley para que las formaciones políticas puedan hacer sus aportaciones en fase de enmiendas, según ha confirmado Escrivá.

Alza en las pensiones mínimas de viudedad

Una de esas aportaciones, y que saldrá adelante previsiblemente por el acuerdo ya alcanzado entre el Ejecutivo y EH Bildu, es que habrá una subida de las pensiones mínimas de viudedad, entre 2024 y 2027, que será del 17% para las individuales y del 30% para la modalidad con cargas familiares, para equipararlas a las pensiones mínimas contributivas.

Según ha anunciado la portavoz del grupo abertzale, Mertxe Aizpurua, la subida será mayor el primer año (2024) con un alza desde 40 euros al mes para las pensiones individuales, hasta 126 euros más al mes para las de viudedad con cargas familiares.

De acuerdo con los cálculos de EH Bildu, en cuatro años las pensiones mínimas de viudedad acumularán subidas de entre 1.453 y 3.828 euros anuales, de forma que ninguna pensión de viudedad quede por debajo del umbral de la pobreza.

Además, se ha pactado la consolidación por ley del aumento del 15% de las pensiones no contributivas que EH Bildu acordó con el Gobierno para dos años y que seguirá aplicándose también a partir de 2024, según ha comunicado el partido.

Otra de las novedades que han trascendido este jueves es que el Ejecutivo ha modificado el diseño de la llamada "cuota de solidaridad", una sobrecotización que se aplicará a la parte de los salarios que quede por encima de la base máxima. El miércoles, en la Comisión del Pacto de Toledo, el PDeCAT recomendó a Escrivá que la cuota fuera progresiva por niveles de renta, algo a lo que el Gobierno ha accedido finalmente. 

El diseño original de este mecanismo preveía introducir una cuota del 1% a la parte del salario que superase la base máxima (que ronda los 54.000 euros anuales en 2023) a partir de 2025. Esta cuota iría aumentando progresivamente a razón de 0,25 puntos al año hasta alcanzar el 6% en 2045. Con el nuevo diseño, Seguridad Social ha introducido tres tramos diferenciados de salario: a aquellos que superen el 10% de la base máxima se les aplicará una cuota del 5,5% en 2045; los que se sitúen entre el 10 y el 50% por encima de la base máxima afrontarán una cuota del 6% y los que queden por encima del 50% deberán abonar un 7% de cuota. Según fuentes de Seguridad Social, el cambio de diseño tendrá un impacto neutro y la empresa afrontará un 83% de la carga frente a un 17% restante que aportará el trabajador.

130.000 millones a la hucha de las pensiones

Escrivá ha detallado también este jueves que la subida de las cotizaciones que se recoge en el MEI permitirá ir llenando la 'hucha' de las pensiones a razón de 3.000 millones anuales hasta 2029 (cuando la subida en las cotizaciones habrá alcanzado ya los 1,2 puntos porcentuales) y de 6.000 millones a partir de esa fecha. Si las previsiones de Escrivá se cumplen, esto será suficiente para que la hucha de las pensiones alcance los 130.000 millones de euros en la década de los 40, cuando alcanzará su máximo caudal.

Desde que Escrivá anunciara hace tan solo una semana que volvía a convocar la mesa de negociación con los sindicatos hasta la aprobación los acontecimientos se han sucedido frenéticamente. El viernes, fuentes gubernamentales explicaban las líneas maestras del acuerdo entre los socios de coalición. Una subida de las cotizaciones sociales a todos los salarios de 1,2 puntos a partir de 2029, el destope progresivo de las bases máximas (y también, aunque menor, de la pensión máxima) y una "cuota solidaria" a los salarios más altos que llegará a ser del 6%. 

La subida de las cotizaciones ha sido recibida con rechazo "frontal" de los empresarios, tampoco gusta al principal partido de la oposición y ha sido cuestionada por centros de estudio como Fedea o BBVA Research, quienes consideran que perjudicará al empleo.

Además, por el lado del gasto, la reforma del Gobierno refuerza las pensiones mínimas -vinculándolas a la renta media de los hogares y estableciendo que no podrán quedar por debajo del umbral de la pobreza-  y amplía la cobertura de lagunas y el complemento por brecha de género.