La Fiscalía de Las Palmas ha formulado escrito de acusación al Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife (Lanzarote) contra el empresario de la isla Ángel Ramón Tejera de León, conocido como 'Mon' en el caso 'Mediador', por un presunto delito contra la hacienda pública en el marco de unas obras realizadas para la Guardia Civil con la entidad 'Angrasurcor S.L.' y que elevarían la cantidad defraudada a 162.171,68 euros.

Por ello pide una pena de tres años de prisión y una multa de 488.015,04 euros, así como la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de Seguridad Social por tiempo de cuatro años, según recoge el escrito de la Fiscalía.

En el marco de la responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que la entidad indemnice a la Agencia Tributaria en la cantidad de 162.171,68 euros, que es el importe de la deuda tributaria.

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Omitió ingresos en la declaración

Todo ello al entender que el empresario, en su condición de administrador único de 'Angrasurcor S.L.', presentó declaración por el impuesto de sociedades correspondiente al año 2016 "omitiendo en la misma ingresos que había obtenido" la entidad mercantil e "incluyendo como deducibles gastos que en modo alguno pueden tener tal consideración" por ser de consumos de naturaleza personal o propios del acusado.

Por lo que la Fiscalía matiza que "no" están relacionados con la actividad económica que desarrolla la entidad y se trata de gastos que "no responden a servicio alguno y no se ha justificado".

Esta forma de presentar la declaración permitió al empresario "reducir considerablemente" la base imponible del período declarado y con ello la cuota debida a la Agencia Tributaria, lo que supone un "evidente perjuicio para el erario público".

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Angrasurcor S.L., reformas e impermeabilización

La sociedad 'Angrasurcor S.L.' se constituyó el 26 de diciembre de 2013 con el objeto social de realizar trabajos de reformas e impermeabilización, estando dada de alta con Impuesto sobre Actividades Económica 'Construcción completa, reparación y conservación'.

En este sentido, la declaración presentada por el impuesto de sociedades del año 2016 tenía una cuota por importe de 68.017,52 euros, sin embargo por lo que hace a los ingresos recibidos y no declarados ascienden a la cantidad de 14.500 euros pero este "origen no ha quedado acreditado documentalmente", siendo contabilizados como movimientos de caja a bancos y "procediendo un aumento de la base imponible declarada del ejercicio 2016 por dicho importe".

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Sin embargo, la Fiscalía destaca como el apartado "más importante" por su cuantía el relacionado con los gastos que se incluyeron por la obligada tributaria en su autoliquidación como deducibles y que, subraya, "en modo alguno pueden tener tal consideración".

Señala así a los importes que se había contabilizado y deducido conceptuados como 728.254,58 euros en aprovisionamientos, 86.122,55 euros en gastos de personal, 35.918,26 euros en otros gastos de explotación, 388,19 euros en amortización de1 inmovilizado, 1.432,90 euros en otros resultados y 92,03 euros en gastos financieros.

Nexo con 'Mediador'

Cabe recordar que, al margen de este caso, 'Mon' es uno de los empresarios que aparece en el sumario del 'caso Mediador', que tiene como principales imputados al ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo y el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa.

Además, un informe elaborado por Asuntos Internos de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso EP, revela que entre 2008 y 2019 trece unidades territoriales de este cuerpo adjudicaron obras a empresas administradas por Tejera de León por valor de más de 3,3 millones de euros, y que pese a constar como terminadas algunas de ellas no fueron ejecutadas o fueron realizadas parcialmente, "lo que pudiera ser constitutivo de los delitos de falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y malversación".

Este informe fue remitido el 24 de enero de 2020 al Juzgado de Instrucción Número 2 de Ávila, donde se investigaban esas presuntas irregularidades en la contratación de obras para cuarteles de la Guardia Civil en multitud de provincias antes de que se inhibiera en favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, donde ahora se encuentra el caso.