Los socios de Gobierno criticaron ayer con dureza el anuncio de Ferrovial de trasladar su domicilio fiscal a Países Bajos y salir a Bolsa en EEUU, aunque su reacción fue distinta. Mientras desde el PSOE se apostó por cargar contra el presidente de la compañía, poniendo en duda su compromiso con el país, Unidas Podemos llevará una proposición de ley al Congreso para exigir que las multinacionales que se trasladen fuera de España devuelvan las ayudas públicas recibidas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue el último en hablar, pero lo hizo alto y claro. Desde Dinamarca, en una rueda de prensa junto a la primera ministra del país, Mette Frederiksen, arremetió contra Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, por su intención de trasladar su sede. Durante su intervención, acusó al empresario de no estar "comprometido" con España y le advirtió de que el Ejecutivo mirará con lupa su plan para comprobar si se ajusta a la "legalidad".
"Los empresarios tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción, y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país", dijo Sánchez desde el país escandinavo, una de sus paradas –la segunda del día– dentro de la gira previa a la asunción de la presidencia europea el 1 de julio. Y apostilló: "Creo que no es el caso del señor Del Pino".
El líder del Ejecutivo recordó, asimismo, que en los últimos años, marcados por la pandemia y la guerra de Ucrania, entre otras cosas, mecanismos como los ERTE y los ICO han permitido a las empresas españolas "incluso incrementar su actividad económica".
Desde Moncloa tildan las razones esgrimidas por Ferrovial para su traslado –una de ellas es la inseguridad jurídica– de "ridículas". Sin paliativos. En estos términos se pronunciaron fuentes gubernamentales en una conversación con periodistas, recogida por la agencia Efe, en el avión que trasladaba a Sánchez a Irlanda, primer país que visitó ayer; hoy viernes viajará a Finlandia. Las fuentes aseguran, además, que todos los indicadores sitúan a nuestro país entre los mejores del mundo para realizar inversiones.
En el Gobierno están convencidos de que la decisión de Ferrovial no conllevará un efecto llamada. De hecho, la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, mostró ayer en Onda Cero su satisfacción por los pronunciamientos de otras cotizadas del Ibex. "Son conscientes de que tener la base en España ha sido justamente lo que les ha permitido convertirse en grandes multinacionales", apuntó. Dijo que "les ha ido muy bien" con el Ejecutivo del que ella forma parte, "porque están contando con una política económica favorable de inversión e innovación". Algunos de esos empresarios, reveló, le han trasladado su "preocupación" por que haya "un cambio de Gobierno".
En Moncloa reconocen que cuentan con poco margen para paralizar la marcha de la multinacional, a no ser que se demuestre que es ficticia. Y se quejan de que no se les comunicó antes de hacerla pública; apuntan así a Del Pino y a su familia, a los que acusan de querer ahorrarse impuestos. "Qué mala consejera es, a veces, la codicia", indicó en una entrevista en TVE el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Podemos, por su parte, ha movido ficha para intentar torpedear el traslado. La secretaria general de la formación y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, anunció que presentarán una proposición de ley que obligaría a las empresas que se vayan de España a "devolver todos y cada uno de los euros que han puesto los españoles y las españolas [en forma de ayudas públicas] para mantenerlas a flote".
Este supone un paso más de los morados destinado a "frenar la deslocalización", tanto la de Ferrovial como la de otras grandes empresas que pudieran seguir sus pasos. "No hay nada más antipatriota que aprovecharte de las ayudas públicas que se pagan con los impuestos de todos los ciudadanos cuando las cosas te van mal y, cuando te van bien, irte a un paraíso fiscal", espetó. La proposición apostaría por "obligar a las empresas que se lleven su producción o su sede fiscal o social fuera de España a que devuelvan las ayudas y subvenciones públicas obtenidas durante los diez años anteriores", según fuentes de la formación.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por su parte, recordó que Ferrovial "no es cualquier empresa" y le exigió que "mantenga los más de 5.000 puestos de trabajo que tiene en España".
Por su parte, el consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, difundió ayer un vídeo en el que pidió "que nadie dude" sobre la continuidad de la empresa en España. "El plan es mantener el empleo, la actividad y las inversiones, al mismo tiempo que continuaremos contribuyendo fiscalmente", añadió.
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